Se trata del proyecto del gobierno socialista para cambiar el sistema de pensiones, reforma exigida por la Comisión Europea (CE) para que Francia reduzca su creciente déficit público y que promete incrementar el descontento social.

Desde esta tarde y durante ocho días, los diputados galos examinarán los 34 artículos que contiene el proyecto oficialista, al cual ya le fueron propuestas una centena de enmiendas, para «garantizar el futuro del sistema jubilatorio» que será defendido en el hemiciclo por la ministra de Asuntos Sociales, Marisol Touraine.

A fines de agosto, luego de una serie de consultas con representantes patronales y sindicales, el primer ministro socialista, Jean-Marc Ayrault, anunció que ampliará gradualmente los años de aportes necesarios (de 41,5 a 43 años en 2035) para acceder a la jubilación mínima.

La medida afectará a los nacidos a partir de 1973, pero el primer ministro prometió a los sindicatos que la edad necesaria para jubilarse seguirá siendo de 62 años, al menos hasta el 2020.

Asimismo, la tercera reforma previsional en la última década contempla un incremento gradual de 0,3% en las cotizaciones a cargo de empresas y trabajadores en los próximos cuatro años.

El gobierno socialista, que posee mayoría en ambas Cámaras, espera lograr la aprobación antes de fin de año.

La reforma previsional -la primera encarada por un gobierno Socialista- es una exigencia de la Comisión Europea, al advertir que sin cambios el sistema generará un déficit anual de 20.000 millones de euros en 2020.

No obstante, la reforma es resistida por una parte importante de la sociedad.

El 10 de setiembre pasado, cuatro centrales sindicales realizaron una manifestación que convocó a más de 300.000 personas en todo el país, según los organizadores.

Las críticas al proyecto socialista se hicieron oír desde los diferentes partidos opositores, aunque con diferentes propuestas.

El partido Frente de Izquierda denunció que el proyecto «es sinónimo de no respetar la edad real para acceder a la jubilación» y reclamó que el sistema jubilatorio sea financiado con un impuesto a los ingresos obtenidos por transacciones financieros.

En cambio, la conservadora Unión por una Mayoría Popular (UMP) calificó al proyecto de «exiguo» y «sin coraje» y reclamó que la edad para jubilarse pase de 62 a 65 años en 2023, «como en la mayoría de los países europeos».