El mismo año en que junto a Mauricio Rojas el actual canciller Roberto Ampuero publicara “Diálogo de conversos”, el funcionario que ejerciera como Ministro durante el primer período de gobierno de Sebastián Piñera, participó como orador en un evento organizado por militares en retiro en Valparaíso. En ese encuentro se discutió sobre la necesidad de “terminar con las condenas por presunción”, haciendo referencia a los delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas durante la dictadura.
Carlos Margotta, abogado y Presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, cuestionó la participación del ministro en ese acto organizado por militares en retiro en el 2015 para exigir impunidad en los crímenes de la dictadura. «En esa actividad, los oficiales en retiro lo que buscan es consagrar la impunidad sobre la base de un discurso que justifica el exterminio, reivindica los crímenes contra la humanidad y perciben a las personas condenadas por estos graves crímenes como salvadores de la patria injustamente encarcelados. Por tales razones, la conducta del canciller Ampuero lo inhabilita para seguir siendo ministro de Relaciones Exteriores, por cuanto su posición frente a los Derechos Humanos es contraria a los principios objetivos y normas de la comunidad internacional organizada que buscan la debida sanción a los responsables y la sanción de toda conducta negacionista”, señaló.
Margotta recordó que esta no es la primera vez que Roberto Ampuero incurre en esta conducta por lo que “cabe mencionar que en la famosa entrevista que dio el ex ministro Mauricio Rojas al canale de televisión CNN, donde calificó al Museo de la Memoria como «un montaje», él también estaba siendo entrevistado, guardando silencio cómplice frente a los dichos, actitud que no es otra cosa que una consecuencia de lo que es su posición permanente frente al tema de los derechos humanos”.
Lorena Pizarro por su parte, Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, sostiene que el caso de Ampuero no es singular dentro de la actual administración e insiste en que es necesario que dimita del cargo. “Este es un gobierno entero que está en favor de la impunidad. El ministro de Justicia y de Derechos Humanos habla que da lo mismo si son crímenes de lesa humanidad o delitos comunes para liberar a genocidas”.
Subraya el hecho de que en el caso del ministro de Relaciones Exteriores hay una situación “mucho más grosera”, dado que “él sabe de la represión, del exterminio. Pese a ello, el valor de la vida de esas personas no le significa nada. Es repudiable el actuar de Ampuero, pero del resto del gobierno es igualmente desagradable”.
Pizarro establece una diferencia entre el actual y el pasado gobierno de Piñera. “Es un gobierno que de manera intencional da señales en respaldo de la impunidad de los genocidas, da señales con el nombramiento de Ampuero o Rojas (en su momento); da señales respecto del intendente golpista; respecto de su ministro del Interior que es un ferviente defensor de Augusto Pinochet; da señales con el ministro de Justicia, no solo un tipo de extrema derecha, sino vinculado a Colonia Dignidad. Es un gobierno que da señales a esa mal llamada ´familia militar´ con la cual hizo acuerdo en periodo de campaña”.
Tanto Carlos Margotta como Lorena Pizarro coinciden en que esta situación da cuenta de un negacionismo creciente en el Gobierno.
El abogado sostiene que “esta información da cuenta de hechos muy graves. La presencia del canciller Ampuero en esa actividad lo que hace es avalar el negacionismo, que es una práctica prohibida por Naciones Unidas y sancionada en la mayoría de las sociedades civilizadas porque va en contra de los distintos principios y normas de los tratados sobre los derechos humanos”.
La presidenta de la Agrupación sostiene que de ser analizado por la comunidad internacional, el gobierno de Piñera debería ser cuestionado por su incumplimiento en materia de acuerdos internacionales.
Para Carlos Margotta queda demostrado que el actual gobierno no solo protege la impunidad, sino que “protege a los criminales y las personas acusadas de graves crímenes”, ejemplo de ello sería que Luis Castillo, subsecretario de Redes Asistenciales siga en su cargo en el Ministerio de Salud, pese al rol que la familia del ex presidente Eduardo Frei Montalva ha dicho que tuvo en la investigación del caso.
El abogado insiste que, lo que ocurre, es que crecientes sectores del pinochetismo “han ido alcanzando poder dentro del Gobierno, lo que hoy les ha permitido establecer posiciones muy importantes dentro del aparato gubernamental”, situación que califica de gravísima no solo en materia de derechos humanos, sino también en relación a todas las prácticas “negacionistas” evidenciadas durante el último tiempo.
