Esos tristes ejemplos recientes, sólo por citar algunos, son los de Maxiliano Kosteki y Darío Santillán en el Puente Pueyrredón en 2002 que dio lugar a la Masacre de Avellaneda, los cinco muertos de las protestas del 19 de diciembre de 2001, más las que vinieron después con el “argentinazo”. Más cerca en el tiempo, ocurrieron este año las muertes en Jujuy por la toma de tierras y en el Parque Indoamericano de Lugano a fines del año pasado por la misma necesidad de los sectores que no cuentan con vivienda digna. Muchas veces jefes policiales ensañados, con la complacencia de sus jefes políticos, suelen ser los principales responsables.
En esa línea, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) destaca: “Algunos casos emblemáticos sobre el modo en que la reacción estatal se ha desplegado contra este tipo de manifestaciones, han quedado fijados en la conciencia colectiva. Entre ellos, las muertes de Víctor Choque, en la provincia de Tierra del Fuego; Teresa Rodríguez, en Neuquén; Mauro Ojeda y Francisco Escobar, provincia de Corriente; y Aníbal Verón, Carlos Santillán y José Oscar Barrios en la provincia de Salta. Estos casos conforman hoy un conjunto sumamente representativo de la reacción estatal frente a la protesta popular”.
Es en los últimos años que se comienza a vislumbrar una intención, poco a poco, de ir por otro camino: el de la no-represión de la protesta social. Particularmente desde el Gobierno Nacional en manos de Cristina Fernández de Kirchner se hizo más evidente este interés al nombrar a Nilda Garré al frente del Ministerio de Seguridad. Desde esta dependencia, Garré implementó un importante re-estructuración de las fuerza policial, removiendo comisarios sobretodo en zonas de alto nivel de corrupción policial y generando los Foros de Seguridad para la participación comunitaria en esos temas. A pesar de haberse hecho cargo de una fuerza policial sumamente corrompida, Nilda Garré dio numerosas muestras de que le interesa promover la vía del diálogo, de la prevención, de superar la corrupción y la complicidad con las mafias. Es importante profundizar ese camino.
Si comparamos con la trágica situación que se vive en Chile en estos días, donde Carabineros mataron a un adolescente, donde se suceden día a día las salvajes golpizas, ataques con gases lacrimógenos a las personas que protestan, o que simplemente observan sin intervención; donde arrestan por cientos a los estudiantes que piden ni más ni menos que educación pública, los logros en Argentina deben ser respaldados y profundizados.
Una política humanista tiene que ir en la dirección de profundizar la reestructuración, el cambio de raíz de las fuerzas policiales: con medidas como la elección directa de comisarios, la formación en herramientas de la no-violencia para todos los agentes, con formación en valores, se apuntará a crear una policía de prevención del delito, sin armas y sin utilizar la violencia. Debe apuntar al delito organizado, a las mafias altamente violentas vinculadas con el tráfico de drogas, de armas, de personas. Los delitos menores deben ser abordados con políticas sociales integrales, de inclusión, de educación en la no-violencia, de igualdad de oportunidades.
En una perspectiva humanista, la represión no cabe bajo ningún punto de vista. Es hora de profundizar el camino de la solución no-violenta de los conflictos: por vía del diálogo, de la respuesta a las demandas sociales de los sectores postergados. Así se puede ir superando progresivamente la violencia, hasta que pase a formar parte de un mal cuento del pasado.
