por Sally Burch
Si bien es cierto que una política pública de salud va mucho más allá de proveer medicamentos, el acceso asequible de la población a los fármacos es un componente clave y un elemento fundamental del derecho a la salud. No obstante, los altos costos de muchos fármacos, las patentes y las prácticas comerciales de las grandes empresas farmacéuticas hacen muy difícil que muchos servicios públicos de salud puedan cumplir adecuadamente con las necesidades en medicamentos de su población.
Toda vez, si los gobiernos de la región actuaran en forma conjunta, para la negociación y la compra, tendrían un poder mucho mayor de negociación para reducir costos y exigir condiciones justas.
Es justamente lo que está buscando implementar el Instituto Suramericano de Gobierno de Salud (ISAGS), entidad que forma parte de UNASUR, para lo cual publicó recientemente un estudio sobre “Compra pública de medicamentos en los países de UNASUR”.
En su introducción el estudio destaca el círculo vicioso entre enfermedad, muerte prematura y pobreza, siendo que uno de los obstáculos para acceder a los medicamentos es su alto costo, el cual es determinado por factores como: “la construcción de monopolios, candados normativos, acuerdos comerciales internacionales y patentes”, y a veces, inadecuadas políticas gubernamentales.
Por algo, las empresas farmacéuticas se ubican en la cima del ranking mundial de las industrias más rentables, según la revista Forbes (2016). Es más, los medicamentos que les generan mayores utilidades son los que se utilizan para el tratamiento de enfermedades catastróficas. Podríamos decir que tienen una clientela cautiva y vulnerable; sin embargo, por los altos precios, queda excluida la mayoría de enfermos pobres.
El pretexto para las patentes y los precios altos es alentar la inversión en investigación de nuevos medicamentos; pero en la práctica, señala el informe, la industria invierte mucho más (hasta 100% en ciertos casos) en ventas y marketing que en investigación y desarrollo. Así, “el éxito económico de la industria farmacéutica se debe al manejo que hace en el mercado para posicionar sus reglas de juego, las cuales promueven el consumo selectivo y dependiente de sus productos a través de estrategias comerciales que resultan cuestionables”. Para ello, acude también a mecanismos ilegales como sobornos, regalos y apoyo financiero para actividades profesionales.
Lógicamente, el tratamiento de la problemática de los medicamentos será diferente en los países en desarrollo, que tienen poco o nada de industria propia en la materia, que en países desarrollados que producen sus propios medicamentos y además los exportan. Los primeros tendrían interés en actuar conjuntamente para mejorar su poder de negociación.
Por su parte, los países sede de las grandes farmacéuticas transnacionales apoyan a su industria en las negociaciones comerciales y en entidades como la Organización Mundial del Comercio (OMC), donde presionan por alargar los plazos para la protección de patentes, entre otros factores.
Comparación de precios
El estudio de ISAGS desarrolla un análisis de los mecanismos que utilizan los países de UNASUR para llevar a cabo la compra pública de medicamentos, e identifica las estrategias y experiencias más exitosas.
En entrevista con ALAI, Carine Vance, Directora Ejecutiva del ISAGS, comentó que esta línea de trabajo, la cual define –entre otras cosas– estrategias que pueden ayudar a que los precios de medicamentos sean accesibles, tanto para la compra pública como para la ciudadanía en general, es una prioridad regional que ha sido presentada recurrentemente por los ministros de salud de los 12 países que integran el bloque.
Debido a la complejidad del tema, la directora de Instituto indicó que UNASUR ha establecido diversas líneas de acción, entre las que destacó el banco de precios de medicamentos, impulsado con el financiamiento de los miembros del bloque. También cuenta con un fondo de iniciativas comunes, donde las naciones de la región comparten información sobre los medicamentos que han priorizado, lo que permite hacer un análisis comparativo de los precios que la industria ofrece a los distintos países.
Vance resaltó que, a través del banco de precios de medicamentos, se pudo realizar un análisis de 34 vacunas donde se encontraron grandes asimetrías en cuanto a los precios. “Si la región puede adquirir al precio más bajo de esos 34 medicamentos, habría un ahorro regional de mil millones de dólares aproximadamente por año. Es uno de los resultados de este estudio”, enfatizó.
Buenas prácticas
En cuanto a las normativas de regulación de los procesos de compra de cada país, ISAGS destaca algunas prácticas que dan resultados beneficiosos, como la referenciación de precios, estrategia que permite a los países consultar los costos históricos de compra y hacer un análisis comparativo, tanto de la región como internacionalmente.
“Eso ayuda a establecer precios referenciales, ayuda en procesos de negociación con la industria para poder buscar una reducción al precio”, agregó la Directora.
Otra de las buenas prácticas que identifica el estudio es la implementación de plataformas tecnológicas que aseguran la transparencia de los procesos. “Hay varios países de la región que tienen plataformas tecnológicas para el proceso de referenciación y para el proceso mismo de la compra pública”, dijo Vance. Es el caso de Ecuador, cuya plataforma permite la subasta inversa (el precio menor gana), en condiciones de transparencia para las empresas y para el público, y que ha significado importantes ahorros al país.
Carine Vance también destacó el uso de los listados básicos de medicamentos debido a que actualmente la región se encuentra ante una coyuntura peligrosa en la que “parecería que cada día hay más productos innovadores que están tratando de ser introducidos a los mercados públicos y privados de los países por medio de obtención de patentes de medicamentos”. Advirtió que muchas veces esos productos no presentan una innovación, y sin embargo –dijo- hay presiones para que sean éstos los medicamentos que adquiera el aparato público.
La Directora de ISAGS indicó que, por este motivo, la evaluación de tecnologías sanitarias es muy importante como parte de un proceso de determinación de los listados básicos de medicamentos, los cuales detallan el perfil epidemiológico del país en base a las patologías que tiene la población para la cual se van a adquirir los medicamentos.
En este caso, el estudio incluye un análisis de efectividad del medicamento y un análisis de costo, para evitar a los países de la región adquirir el medicamento con costo más elevado cuando la evidencia científica indica que otra opción más económica tendría los mismos resultados.
Negociaciones comerciales
Uno de los problemas que enfrentan los países suramericanos se debe a cláusulas de protección a las empresas farmacéuticas que se han impuesto en las negociaciones comerciales. En estas negociaciones (como los TLCs, la OMC, etc.) se suele tratar a los medicamentos como si fueran cualquier bien comerciable, no un derecho humano. Al respecto, la Directora de ISAGS lamenta, justamente, que en este tipo de negociaciones, pocas veces se cuente con la presencia de representantes del sector salud que puedan defender las necesidades reales. No obstante, en la OMC, los países en desarrollo sí lograron, hace unos años, negociar cláusulas que les permiten, en casos de epidemias, por ejemplo, obviar estos derechos, mediante la producción de genéricos y las licencias obligatorias; pero a menudo para un país pequeño que actúa solo, es muy difícil cumplir con las condiciones para ello.
Para estas negociaciones, Vance destaca, por ejemplo, la importancia de tener en cuenta los condicionamientos que se busca imponer a los países en cuanto a la vigencia de patentes. Así, hay que velar que no se extiendan los años de vigencia de protección de los datos de prueba (o sea, la documentación que sustenta la efectividad y la seguridad de un medicamento). Hay acuerdos donde se establecen cinco años, entonces resulta perjudicial que, en otras negociaciones, ese tiempo se extienda a 10 años. El acceso a los datos de prueba de un medicamento es una condición para poder comprobar su efectividad, paso previo necesario para poder instaurar un proceso de licencia obligatoria, cuando se evalúa que su accesibilidad es estratégica para responder a las necesidades de salud pública de su población.
Más allá de los acuerdos formales, hay casos también donde se ejercen presiones para truncar las licencias obligatorias de ciertos medicamentos, agregó. Especialmente, mencionó un caso reciente ocurrido en Colombia, país donde hubo un intento de detener un proceso de licencia obligatoria de un medicamento oncológico, por medio de presiones externas contra el gobierno.
Un futuro incierto
Los programas que desarrollo ISAGS se cuentan, sin duda, entre los más exitosos de la UNASUR, y este estudio reciente es un ejemplo de los avances que se pueden lograr en el marco de los procesos de integración, cuando hay decisión política, más allá de las diferencias ideológicas entre gobiernos.
Poco después de realizar esta entrevista, se conoció la decisión de seis países de UNASUR de suspender su participación en la entidad, al menos mientras no se resuelva la definición de un nuevo director/a general. Para ISAGS ya ha significado un impacto negativo, siendo que se ha tenido que suspender al menos un evento programado, además de posibles recortes en el presupuesto. Para la población de Suramérica, significará un grave retroceso, ya que la integración regional, en el fondo, no es de los gobiernos, que son pasajeros, sino de los pueblos.
Sally Burch, periodista británica-ecuatoriana (ALAI).
@SallyBurchEc
