El parlamentario socialista detalló que el libelo se basa en *“la infracción a la Constitución por desviación del poder al negarse autorizar la manifestación del 4 agosto y principalmente por no autorizar el derecho a reunirse libre e informadamente sin permiso previo”*. De Urresti agregó que *“además se infringió la constitución al no velar el orden público e interferir ilícitamente el 4 agosto con una suerte de Estado de emergencia”*.
*“Aquí estamos ante un situación donde un ministro determina suspender garantías constitucionales, porque anticipa que la validez de la propuesta de educación que presentó el Gobierno es suficiente para limitar el derecho a reunirse sin permiso previo. Si el Gobierno tenía antecedentes de desmanes debería haber actuado sobre eso grupos”*, señaló el parlamentario PS.
En este sentido, Alfonso De Urresti manifestó que *“lo ocurrió el pasado jueves fue la mala utilización de parte del señor Hinzpeter de las garantías constitucionales y provocó además una jornada prolongada de protesta que no habíamos visto el último tiempo”*.
En tanto, el diputado del Partido Radical Social Demócrata, Alberto Robles, señaló que *“la defensa de los espacios públicos hay que hacerla en democracia y no es posible aceptar que ninguna autoridad vulnere los derechos de la sociedad. El señor Ministro se equivoca al tratar de cercenar los derechos de la sociedad a manifestarse y por eso debe responder políticamente”*.
Misma opinión compartió, el diputado comunista Lautaro Carmona, quien señaló en clara alusión a los dichos de Hinzpeter que *“no es posible que bajo un uso autoritario del cargo que tiene pretenda -por simple autoridad-, impedir que en el contexto de un Estado de derecho se manifieste la opinión pública haciendo saber su pensamiento, le guste o no al Gobierno. De lo contrario, el camino es muy peligroso y nos acerca a una suerte de Estado de sitio y ahí sí el Ministro del Interior sí tiene potestad para prohibir la expresión ciudadana libre y expresada públicamente, pero tampoco lo va a determinar él por sí y ante sí”*.
*“Nos parece del más elemental sentido de la representación pública que tienen los parlamentarios, del más elemental resguardo a un Estado de derecho democrático que debe velar también la fiscalización de los parlamentarios, de la más elemental sensibilidad del punto de vista humano en lo que se refiere a los afectados por los dispositivos represivos, el que nos obliguemos a hacer esta presentación y esperamos que el Gobierno y el Ministro del Interior asuman su responsabilidad plenamente, sin descargarlas en instituciones u otras autoridades”*, enfatizó Carmona.
Finalmente la diputada PPD, Cristina Girardi sostuvo que *“la no autorización de la marcha era para evitar la violencia y para evitar los daños y lo que vimos fue mucho más violencia y mucho más daño que los días anteriores”*. *“Lo que hizo el Ministro del Interior fue como apagar el fuego con bencina”*, señaló.
*“Si realmente el Ministro quería lograr paz y entendimiento, lo que el Ministro utilizó como estrategia claramente logró lo contrario. Es decir, más violencia producto de la represión que sufrieron los manifestantes, además de violar derechos constitucionales, como son el derecho a manifestarnos y expresarnos y como diputados no estamos de acuerdo con ello”*, concluyó la parlamentaria.