El Acuerdo de Asociación U.E-Centroamérica entra en vigencia

PRONUNCIAMIENTO

Redes europeas y latinoamericanas reiteran sus recomendaciones a la Unión Europea y a sus Estados miembros, en vistas de la inminente entrada en vigor provisional del pilar comercial del Acuerdo de Asociación con Honduras, Panamá y Nicaragua

Bruselas, 31 de julio de 2013. Las organizaciones de la sociedad civil Alianza por la Solidaridad, ALOP, APRODEV,  CIFCA y GRUPO SUR hemos seguido con atención las negociaciones del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y los países centroamericanos, y hemos expresado en numerosas oportunidades serias preocupaciones sobre las consecuencias económicas, sociales y medioambientales y particularmente, los impactos negativos en los derechos humanos que podría generar este Acuerdo.

Debilitamiento de los estándares de derechos humanos

El deterioro de la situación de los derechos humanos y del Estado de Derecho en la región se ha agudizado en los últimos años.  Esto se ha evidenciado con el incremento progresivo de la militarización de la seguridad pública, las sistemáticas denuncias de violaciones de derechos humanos y persecución contra defensores de derechos humanos, en particular contra comunicadores sociales, campesinos e indígenas.  Los altos índices de  violencia e inseguridad en un marco de impunidad endémica, afectan a la mayor parte de los países de la región.

La Unión Europea ha argumentado que este Acuerdo reforzará la acción en materia de derechos humanos, permitiendo la suspensión del mismo en caso de graves violaciones. Sin embargo, el Acuerdo contiene menos convenios multilaterales que el SPG+[1] y no incluye mecanismos vinculantes para garantizar la efectiva aplicación de las normas de derechos humanos, leyes ambientales o laborales por parte de los Estados firmantes. Cabe destacar que la Cámara Alta de Alemania, en su resolución sobre el Acuerdo de Asociación del 7 de junio de 2013, declara que los mecanismos previstos para controlar la observancia y el cumplimiento de la cláusula de derechos humanos y de los estándares laborales y ambientales son insuficientes[2].

Obstáculos para el desarrollo sostenible y la reducción de los niveles de pobreza en la región

El comercio es importante, necesario, y puede servir como medio para promover el desarrollo sostenible. Sin embargo, creemos firmemente que el Acuerdo negociado no cumple con sus objetivos de contribuir a través del desarrollo sostenible a la reducción de la pobreza; más bien, al desestimar las asimetrías en los niveles de desarrollo entre la UE y los países centroamericanos, se corre el riesgo de hacer lo contrario. En este sentido, las conclusiones del estudio de sostenibilidad encargado por la Comisión Europea[3], afirman que este Acuerdo intensificará la presión sobre los recursos de la tierra y el agua, conduciendo a una disminución en la producción de alimentos, el deterioro de los recursos naturales, la deforestación, la pérdida de la biodiversidad y derivará en una mayor conflictividad social en los países de la región. Existe, por ende, un riesgo de desplazamiento de los sectores más vulnerables de la sociedad: los pueblos indígenas, afro-descendientes y campesinos de subsistencia.

Escasa participación de la sociedad civil en el proceso de discusión y ratificación

La ratificación de dicho Acuerdo en Centroamérica se ha realizado con una rapidez sin precedentes en procesos similares de la Unión Europea. Tanto es así,  que a la fecha, todos los países de la región centroamericana ya han ratificado el Acuerdo y están adaptando sus leyes para la entrada en vigencia provisional a partir de este 1 de agosto con Honduras, Nicaragua y Panamá[4]. Las redes europeas y latinoamericanas firmantes, lamentamos que este proceso no se haya realizado en tiempos que permitan un análisis más profundo del texto en cuestión y sus alcances; y que no se hayan establecido mecanismos para la amplia y efectiva participación de la sociedad civil en este proceso, tal como hemos solicitado desde el inicio de las negociaciones.

Por todo lo expresado anteriormente, reiteramos nuestras recomendaciones a la Unión Europea y a sus Estados miembros:

1. Establecer medidas urgentes para prevenir y remediar los posibles impactos negativos, en base a las advertencias expresadas en los estudios de impacto socio-ambiental mencionados anteriormente.
2.  Asegurar que la UE esté actuando conforme a las recomendaciones de Naciones Unidas en relación a los derechos a la alimentación, laborales, de soberanía en la explotación de recursos naturales y de acceso a consultas informadas de las comunidades indígenas previas al establecimiento de inversiones europeas.
3. Establecer mecanismos y órganos de seguimiento que permitan una revisión fundamentada de las cláusulas de derechos humanos.
4. Adoptar un marco normativo vinculante que permita a las empresas europeas y sus filiales responsabilizarse en caso de  violaciones a los derechos humanos y a normas ambientales en países terceros, además,  de no permitir la importación de productos relacionados a violaciones de derechos humanos y ambientales.
5. Garantizar el establecimiento de mecanismos institucionales para la participación efectiva de la sociedad civil.

Las organizaciones de la sociedad civil firmantes y sus miembros, continuaremos monitoreando la implementación del pilar comercial del Acuerdo de Asociación con la región centroamericana, alertando en particular sobre  los efectos negativos que el mismo pueda tener en los derechos a la alimentación, laborales y humanos, como también sobre el medio ambiente.