El surgimiento en el continente sudamericano de gobiernos nacionales y populares, inaugurado con el triunfo de Hugo Chávez en Venezuela, hace ya veinte años, y seguido por el triunfo de Lula Da Silva en Brasil y de Néstor Kirchner en la Argentina, junto al surgimiento de gobierno progresistas en Uruguay, Chile, Ecuador, Nicaragua, Paraguay, Honduras y El Salvador, ha repuesto en el derrotero de la historia reciente la perspectiva de Patria Grande. Hecho este que se profundiza tras el empantanamiento de los EEUU en Iraq y Afganistán, y se cristaliza cuando en el 2005, las posiciones de Lula, Kirchner y Chávez, rompen en la Cumbre de las Américas, en Mar del Plata, la estrategia de sometimiento de la región por vía de la imposición del tratado de libre comercio.
Desde entonces, dos situaciones se repitieron como constante en los sectores vinculados por sus intereses económicos con el sistema imperialista. El primero, la búsqueda permanente de deslegitimar a los gobierno nacionales y populares, bajo el mote peyorativo que significa para occidente el término “populismo”, y las constantes denuncias por supuestos casos de corrupción; y los intentos de golpes de Estado de la oligarquía, a la vieja usanza, para restaurar viejos privilegios.
Así, se sucedieron intentos de golpes de Estado fallidos en Venezuela, Bolivia y Ecuador. No obstante el Imperialismo diose cuenta que la utilización de las fuerzas armadas para llevar a cabo los derrocamientos ya no servía. El rol que les hicieron jugar en la guerra fría y el desmantelamiento de las mismas durante lo peor del neoliberalismo en Latinoamérica, colocaron a las FFAA en una posición que cualquier movimiento de las mismas deslegitimaría un golpe.
Hacía falta, por lo tanto, afinar la estrategia y poner en funcionamiento un dispositivo que pudiese atacar en todos los frentes y al mismo tiempo, utilizando los recursos de los que se valían las burguesías y las oligarquías cooptadas el imperialismo al momento: el sistema de medios y el sistema judicial. Dos estructuras de poder que respondieron a los fines de dominación siendo voceros de los sectores dominantes y amparando los golpes de Estado consumados en la región a lo largo del siglo XX. Pero en el siglo XXI, su función no ha cambiado.
De “Golpes Blandos” a la estrategia del lawfare
Así, el presidente electo en Honduras en 2006, Manuel Zelaya, quien intentaba llevar adelante reformas para beneficiar a los más humildes, es derrocado con un golpe parlamentario, o lo que Stella Calloni denominó “golpe blando”, en el 2009; Y lo mismo sucede con Fernando Lugo en Paraguay, electo por una mayoría en 2008 y depuesto en forma arbitraria en 2012.
Del mismo modo pretendieron avanzar contra Cristina Fernández de Kirchner, durante sus dos mandatos y no pudieron; no obstante la oligarquía retomó el poder por la vía electoral, a través del triunfo de Mauricio Macri, tras una campaña mentirosa y feroz. Pero, no sin haber antes movilizado a vastos sectores de la población en contra del gobierno, de haber operado con el grupo Clarín y franjas de los servicios de inteligencia, como con el suicidio del fiscal Nisman. Entre otras.
Hoy en nuestro país, la estrategia de judicializar la política se articula con la intervención del Partido Justicialista, plataforma partidaria de la oposición más importante al gobierno de Macri, y estructura que de darse las elecciones hoy elevaría al candidato del justicialismo al gobierno.
De todos los casos, el del Brasil es paradigmático. Luego de haber ganado cuatro veces consecutivas las elecciones presidenciales y de haber sacado a más de 30 millones de brasileños de la pobreza, los dos referentes más importantes del Partido de los Trabajadores fueron víctimas de esta nueva forma de hacerse de los gobierno para desterrar a los gobiernos nacionales y populares y dejar truncos los procesos que tenían como únicos beneficiarios los sectores más postergados.
Dilma Rouseff, quien ganó dos elecciones, fue depuesta por un golpe legislativo en 2016, y recientemente Luis Inacio “Lula” Da Silva, fue encarcelado en una maniobra judicial y mediática nunca antes vista, ya que la sentencia que realiza el juez que investigaba supuestos casos de corrupción, lo sentencia sin pruebas o evidencia alguna; dijo el fiscal que lo acusó: “no tengo pruebas, tengo convicciones”. Hoy Lula sigue siendo, a pesar de las operaciones judiciales y mediáticas del establishment, la figura en el Brasil con mayor cantidad de intención de votos.
En ambos casos, la estrategia ha sido la de judicializar la política, de llevar la batalla contra los gobiernos nacionales y populares al terreno donde los sectores de la oligarquía y el imperialismo manejan a su antojo, y que han denominado como Lawfare, en el marco de la guerra de cuarta generación, donde el campo de batalla principal está en la cabeza y las mentes de los latinoamericanos.
¿Una estrategia militar?
El concepto de Lawfare fue acuñado hace diecisiete años por un general norteamericano de la fuerza aérea, Charles Dulp. Y surge tras el atentado del 2001 como una estrategia militar que buscaba generar operaciones legales para poder accionar sobre “los terroristas”.
Este general define al Lawfare como “la estrategia de utilizar – para un bien o un mal mayor, como si fuese una técnica neutral – la ley como un sustituto de los medios tradicionales para lograr la victoria sobre objetivos militares”. Es decir, llevar la guerra a otro plano, el judicial.
También fue otro militar norteamericano, el general de los Marines Corps, William Lind quien junto a otros uniformados escribió “El rostro Cambiante de la guerra: hacia la cuarta generación”. Esto a principios de los 90, tras la caída del muro de Berlín. Es la guerra de 4 generación; trasladar el campo de batalla a la cabeza de las personas, utilizando todos los medios de producción simbólica, armando, construyendo imaginarios sociales.
Ya no hacen falta los ejércitos para ganar una guerra, basta con tener control de los medios de comunicación y de la institución judicial para montar la operación.
Un modus operandi
Uno que denuncia o que se hace eco de la denuncia y lo pone en los medios. Éstos ponen a trabajar la máquina infernal con sus propios periodistas operadores. Buscan lograr así una condena mediática y dañan el derecho a defensa.
Su eficacia radica en el poder de agenda de quienes construyen mediáticamente “la realidad” judiciable, condenando la corrupción en abstracto y al “sospechado”. Es decir, a la acción mediática le corresponde una acción de la justicia. Cada uno cumple su papel.
Creencias que se instalan desde discursos de posverdad, manipulaciones que someten al conjunto de la población a tomar partido contra los denunciados, que sin prueba alguna son juzgados mediáticamente, para luego convertir, sin prueba alguna, la mentira en verdad. Aquí el rol de la Justicia. Es decir, para ésta Justicia que juega el juego del Lawfare, no importan las evidencias que tiran abajo las denuncias: lo empírico deja de tener valor alguno para los magistrados. Sin pruebas se manejan sobre la base de sus “convicciones”.
La injusta detención de Lula, cómo los presos políticos en la Argentina (entre ellos Milagro Sala, que cuenta con un sin fin de causas armadas), responden a éste tipo de operaciones.
Esto es el Lawfare, una herramienta al servicio del imperialismo y las clases dominantes de nuestras patrias chicas. Sin duda, un elemento más de la que se valen en éste contexto de re-colonización, que se enmarca en la guerra de cuarta generación, y como señalamos tiene por objetivo, en nuestro país y en la región, que nunca más los pueblos vuelvan a confiar en sus propios movimientos nacionales. Romper el vínculo fundamental entre la clase trabajadora, la pequeña burguesía y aquellos sectores de la producción que se ven oprimidos por las condiciones del país semicolonial.
