Gritos de júbilo se escucharon el pasado martes en el Tribunal de Alto Impacto en Ciudad de Guatemala, cuando la impunidad abandonó el recinto derrotada por la justicia.

La sentencia también provocó un prologado aplauso en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia, totalmente llena.

Con esta sentencia, en palabras de Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia de Guatemala, «el país avanza en la administración de justicia en crímenes de lesa humanidad».

«Se hizo justicia. Esta sentencia reivindica a las víctimas de Las Dos Erres y a los miles que fueron masacrados durante el baño de sangre que vivió Guatemala», dijo la activista Aura Elena Farfán, querellante adherente en el proceso y dirigente de una organización que lucha por saber la verdad acerca de los desaparecidos.

Los militares retirados Manuel Pop Sun, Reyes Collin Gualip, Daniel Martínez y Carlos Carías fueron condenados, de acuerdo con Ibarra, a 30 años de cárcel por cada una de las víctimas y más 30 años por el delito contra los «deberes de humanidad». Sin embargo, la justicia guatemalteca estipula que la máxima pena que puede ser impuesta es de 50 años.

Los sentenciados pertenecían al grupo elite Kaibil que el ejército guatemalteco entrenó en la selva de Petén como parte de su estrategia contrainsurgente.

El 7 de diciembre de 1982, 17 miembros del comando élite del Ejército entraron al poblado, apoyados por otros 40 militares encargados de resguardar el perímetro, según el expediente judicial.

A esa sentencia se le deben sumar otros 30 años a cada uno por el delito de incumplimiento de deberes contra la humanidad, al haberse comprobado que actuaron de forma planificada en contra de la población, explicó la jueza.

Los militares sacaron a los pobladores de sus casas y los separaron: a los hombres los llevaron a la escuela y a las mujeres a la iglesia.

La jueza, Patricia Bustamente, dijo que el testimonio prestado por dos ex «kaibiles» por videoconferencia desde México fue determinante para que el tribunal estableciera la culpabilidad de los procesados.

«Ante la sospecha sobre una sola persona la culpa caía sobre todos, y el Ejército aplicaba la política de ‘tierra arrasada’, afirmó Carmen Ibarra.

Pop y otro ex «kaibil» identificado como Gilberto Jordán, quien cumple una condena de diez años en Estados Unidos por hacer declaraciones falsas para obtener su ciudadanía en ese país, «lanzaron vivos a los niños a un pozo, después de golpearlos con un mazo», según el relato de los testigos.

«La gente le tiene miedo al Ejército, pero le reconoce la capacidad para encargarse de la seguridad», reveló la experta.

«Los menores fueron ejecutados con golpes de almádana en la cabeza, mientras a los más pequeños los estrellaban contra los muros o árboles, sujetándoles de los pies; luego eran arrojados al pozo», señala el documento.