Suceden estas cosas cuando las decisiones vengativas de los altos tribunales españoles se confrontan a las normativas judiciales europeas. No se trata de magnificar la “justicia europea”, sino de compararla con otra tremendamente desprestigiada. Es como para reflexionar sobre el nivel democrático del Estado español. Recientemente escribía un veterano constitucionalista español:
“El delito de rebelión que el Juez Instructor ve en la conducta de los exmiembros del Govern o de la Mesa del Parlament o en la de los presidentes de la ANC y de Òmnium, no lo ve ningún juez europeo. Y no lo ve, porque no existe, como ya dijeron más de cien profesores de Derecho Penal de las Universidades españolas. El delito de rebelión de los autos y de la euroorden del Juez Pablo Llarena es un delito imaginario, es decir, un delito que solo existe en la imaginación del Juez.”
De momento, los únicos “éxitos” conseguidos por el gobierno español han sido implantar el 155, suspender la autonomía catalana y encarcelar u obligar al exilio a algunas de las cabezas más visibles del derecho a la autodeterminación. A nivel internacional, el fracaso de presentar a algunas cabezas de la lucha por la autodeterminación catalana como rebeldes violentos, ha fracasado estrepitosamente. El juez Llarena tuvo que retirar una primera euroorden cuando fue informado que la justicia belga no aceptaría la extradición de los exiliados en ese país. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha exigido que se reconozcan los derechos políticos de Jordi Sánchez, al que no se ha dejado participar en las sesiones parlamentarias. Una recomendación de ese tipo no es discutible, aunque la justicia española sigue sin aceptarla con la excusa de que tiene 6 meses para cumplirla. A la segunda euroorden, Bélgica ha respondido dejando en libertad a los tres consellers de la Generalitat allí exilados. Parece que la justicia escocesa puede responder en el mismo sentido respecto a la consellera Clara Ponsatí. Esta euroorden pretendía también la extradición de Marta Rovira, la dirigente de ERC exiliada en Suiza. Este estado también ha respondido que no extradita a personas por razones políticas. Para intentar presionar, la policía española detuvo a Hervé Falciani, el empleado bancario que desveló la evasión fiscal que se ocultaba en Suiza, recuperando una euroorden de hace un año. El burdo intento (la Audiencia Nacional ya había rechazado su extradición) se ha saldado con las declaraciones de representantes suizos de que Falciani no sería una moneda de intercambio. En fin, una táctica judicial que no encuentra eco en la legislación europea. Quizás la herencia franquista sea un factor a tener en cuenta en la explicación.
Decíamos en un anterior artículo que esto va para largo. Así que hay que tomarlo como que se ha ganado un asalto de un largo combate cuyo final es incierto, está todo por decidir y no sólo depende de los aspectos judiciales, sino que existen y existirán otros elementos que determinarán el resultado, la capacidad de respuesta y protesta de la sociedad catalana y española, de la evolución política en el Estado español y de sus repercusiones en Europa.
El Reino de España y su justicia dependiente del poder ejecutivo contratacará, buscará nuevas argucias judiciales, forzará las interpretaciones legales, etc. porque todos los partidos del régimen del 78 (PP, PSOE y el heredero C’s) están decididos a machacar la rebelión catalana. Eso ni es nuevo ni debería asombrar a nadie. Es una constante que debe tomarse permanentemente en cuenta. Después del referéndum del 1 de octubre y de los paros y manifestaciones del 3 de octubre tomaron conciencia de que el proceso de autodeterminación, aún con sus muchos problemas, vacilaciones y errores iba en serio, que la república era posible, y todos los poderes del Estado, empezando por el Rey, tomaron buena nota. Es conveniente que, desde el otro bando, se sea también muy consciente.
De dónde viene la violencia
Quien ha definido el contenido de la campaña mediática contra la rebelión catalana ha sido la acusación de los jueces de que se ha desarrollado un proceso violento que se han concretado en los delitos de sedición y rebelión. La cuestión de fondo es, sin duda, pretender desprestigiar la movilización masiva y pacífica desarrollada durante estos años. Es una vieja maniobra ensayada no siempre con éxito en distintos momentos históricos.
Hay también otro elemento importante. El Estado considera que la única legitimidad sobre la violencia la tiene él y a partir de ahí le parece normal la represión el 1 de octubre, o los centenares de personas encausadas por participar en actos de protesta. Este régimen ha demostrado también que acusará de violencia a quienes sencillamente luchan para defender y exigir derechos. Con el miedo quieren desmovilizar, con la desmovilización quieren imponer el castigo a quien se ha atrevido a exigir lo más incompatible con el régimen del 78: el derecho de autodeterminación. ¿O es que hay que volver a recordar la entrevista del padre del actual Rey español Borbón a una cadena de televisión francesa?: “Días antes de morir, Franco me cogió la mano y me dijo: Alteza, la única cosa que os pido es que preservéis la unidad de España. No me dijo ‘haz una cosa u otra’, no: la unidad de España, lo demás… Si lo piensas, significa muchas cosas”.
El “a por ellos”, ahora se concreta, entre otros pasos, con el “a por los CDR”. Los CDR (Comités de Defensa de la República) son organismos unitarios y abiertos a quienes quieran participar surgidos en torno a la preparación del referéndum del 1 de octubre y que se desarrollaron después del intento fallido de proclamar la república catalana el 27 de octubre. Son organismos extendidos por toda Catalunya, muy activos en organizar acciones para exigir la libertad de los presos, pero que también debaten y reflexionan sobre los problemas constituyentes de una futura república.
El corte de algunas carreteras, el levantamiento de algunos peajes de autopistas y algunas cargas de los Mossos han servido para relanzar la campaña mediática acusando a los CDR de organizar una nueva kale borroka. Bien lejos de la realidad. Las acciones de los CDR suelen ser masivas, convocadas públicamente y de resistencia pasiva, normalmente cuando hay incidentes suelen ser provocados por la intervención policial, por esa realidad de que quien tiene la legitimidad para la violencia es el Estado y sus fuerzas de seguridad. Ahí es donde se encuentra el origen de la violencia. Así como el tribunal alemán ha rechazado la acusación de rebelión contra Puigdemont, entre otras cosas por ausencia de violencia en la rebelión catalana, habrá que desmontar las campañas mediáticas que intentan identificar las acciones por la libertad de los presos con kale borroka. Los CDR lo han dicho muy claro: utilizamos métodos tradicionales como los de las huelgas obreras, pero nuestra lucha es no violenta.
Qué gobierno
Más de tres meses han transcurrido desde las elecciones y el Parlament sigue sin elegir un president para el gobierno de Catalunya. Sin duda que la principal responsabilidad está en manos de los jueces que han impedido que se eligiera a Puigdemont, tampoco se lo permitieron a Jordi Sánchez, y a Jordi Turull lo encarcelaron para evitar su posible elección. La máxima de los partidarios de Rajoy y del 155 es que habría que elegir un president que les gustara a ellos.
Durante estos meses se ha podido comprobar la ineficiencia política y la voluntad ultranacionalista española de Ciudadanos y su dirigente Inés Arrimadas. Fueron la primera fuerza en votos, pero sin apoyos sociales y parlamentarios suficientes para convertirlos en gobierno y han sido incapaces de generar alguna idea o propuesta para salir de la situación. Es evidente que les va mejor la demagogia que un programa de gobierno o propuestas políticas. Su única “política” consiste en todo es culpa del independentismo y de la “ilegalidad” permanente que supone reclamar el derecho a la autodeterminación.
Desde Catalunya en Comú se ha propuesto un gobierno transversal de independientes presidido por alguien progresista. La propuesta de Xavier Domènech plantea como objetivo recuperar las instituciones, derogar el 155, liberar a los presos políticos y establecer medidas sociales de urgencia. De momento no parece haber tenido mucho eco, ya que esa propuesta plantea que el president no podría ser de Junts per Catalunya (la segunda fuerza política en el Parlament y primera independentista) y debería incluir a los socialistas, que siguen apoyando el 155 y aceptan la represión contra los encarcelados y exiliados. Una cuadratura del círculo difícil de lograr o una auténtica muestra de impotencia cuando se quiere nadar entre dos aguas muy poderosas: la de la represión del régimen del 78 y la de la voluntad de romper y enfrentarse con este régimen. Con hechos, no con declaraciones. Es una propuesta que continúa situando el debate sólo como un problema de izquierda o derecha, sin dar la suficiente importancia a la situación de emergencia democrática y al peso de las exigencias nacionales en el conjunto de la población. Como si las cuestiones sociales fuera por un lado y las nacionales por otro.
Sin embargo, a pesar de todos los impedimentos que imponen los jueces, la mayoría parlamentaria independentista tampoco logra el consenso suficiente para formar gobierno y, más aún, ni siquiera logra definir los contenidos de su programa de gobierno. El resultado es una parálisis política que se alarga y que, aunque nadie parece quererlo, podría acabar en unas nuevas elecciones en el mes de julio.
Varios debates están en curso. Uno es el de si sería suficiente con recuperar las instituciones catalanas, con la duda de si será posible volver a la situación anterior al 155, o el gobierno debería situarse en construir la república, sin saber muy bien en qué consistiría concretamente. El otro debate es el de las políticas sociales del gobierno. Entre las fuerzas independentistas coexisten las posiciones neoliberales de gente proveniente de la antigua Convergencia y las posiciones anticapitalistas de la CUP. Una difícil coexistencia. Desde Junts per Catalunya y ERC no se vislumbra qué políticas sociales y económicas impulsarían y, sin embargo, esta semana decidieron retirar de la aprobación parlamentaria la recuperación de una parte de la paga extra que se debe a los empleados públicos. Mala decisión si de lo que se trata es de ampliar la base social partidaria de ejercer el derecho de autodeterminación.
Es cierto: la compleja situación no tiene fácil salida. Se necesitaría una mayoría lo más amplia posible que respondiera a las exigencias planteadas el 1 y el 3 de octubre, avanzar hacia la república con medidas sociales de urgencia. Una salida en clave republicana, con las mediaciones y el apoyo social necesario es la posibilidad de salir de la parálisis. Lo contrario es la continuidad, de una forma u otra, del 155 o de una autonomía intervenida. No se trata de oponer las medidas sociales a las nacionales. Lo hemos escrito en más de una ocasión:
“Un error grave es oponer “lo social” a “lo nacional”, para decirlo en pocas palabras. Como si las clases populares solamente debieran tener presente los aspectos que a veces demasiado alegremente se asocia únicamente con política social: salarios, sanidad, educación, protección social… Lo nacional sería un problema que “despista” de lo principal o único que debería preocupar a las clases populares, lo social. Como si hubiera espacios sociales que en el capitalismo contemporáneo escapasen a la lucha de clases. La indiferencia, incomprensión o, peor aún, la hostilidad ante las demandas democráticas de autodeterminación nacional se transforma en apoyo directo, indirecto, explícito o implícito a las clases dirigentes de la nación dominante.”
El 15 de abril
Para el día siguiente del 87 aniversario de la Segunda República está convocada en Barcelona una manifestación impulsada por la entidad Democràcia i Convivència, que reúne a sindicatos obreros, ANC y Ómnium y numerosas asociaciones, partidos y entidades[1]. Es una convocatoria amplia y transversal con el objetivo de exigir la libertad de los presos políticos. Será la ocasión para demostrar el sentimiento mayoritario de protesta contra la política represiva del Estado español y para calibrar las posibilidades de confluencia de diferentes sensibilidades y posiciones políticas que permitan sumar esfuerzos para salir del actual bloqueo, empezando por liberar a los presos y derogar el 155. Unas exigencias que empiezan a tener un cierto eco solidario en otras partes del Estado. A las ya masivas manifestaciones en el País Vasco o en Galicia hay que sumar la meritoria manifestación en Madrid el pasado día 7 y la solidaridad de los que en Murcia sufren la represión en su lucha contra el AVE.
[1] El grupo impulsor del Espai Democràcia i Convivència lo forman las siguientes entidades y organizaciones: Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC), Assemblea Nacional Catalana (ANC), Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), CCOO de Catalunya, Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC), Lafede.cat-Organitzacions per a la justícia global, Òmnium Cultural, Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), Unió de Pagesos y UGT de Catalunya.
