Las masivas protestas registradas el pasado 8 de marzo en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras -y otros movimientos recientes como Ni una Menos, Me Too y Time´s up-, confirman un hecho incontrastable: en un mundo donde el despliegue del capitalismo intensifica la precariedad del trabajo y de la vida de amplias capas de la población y en donde crece vertiginosamente la violencia de género, el feminismo retoma protagonismo a nivel global, con una inusitada capacidad de convocar a los sectores más golpeados por la arremetida neoliberal a lo largo del planeta.

No es casual que esta avanzada del feminismo se produzca en medio de un cuadro de crisis de los gobiernos progresistas -escasamente eficaces en la humanización del neoliberalismo y responsables en muchos casos de extender la mercantilización de derechos sociales y profundizar el modelo extractivista- y de ascenso de gobiernos conservadores y nacionalistas, caracterizados en lo valórico por una exaltación de las “tradiciones” y, en lo económico, por una implacable liberalización del capital financiero que ha extremado las desigualdades ya existentes en aras del “desarrollo y la modernización”.

En dicho contexto, la situación de nuestro país no es muy diferente. El feminismo vuelve a colocarse en el debate público exhibiendo las consecuencias sociales y políticas de la modernización neoliberal tempranamente implantada, sustentada en un divorcio entre política y sociedad que excluye a las mayorías del derecho a la participación en lo político. Un Chile en el que los intereses de las clases subalternas son sistemáticamente expulsados de la política «profesional» del parlamento y las instituciones, mientras que los grupos empresariales imponen sus términos en esta arena sin ningún interlocutor social o contrapeso, perdiendo la propia democracia el sentido como espacio de resolución de conflictos en el seno de la sociedad.

Así, la mercantilización de los derechos sociales, la acumulación capitalista en base a subsidios estatales y la focalización del gasto social exclusivamente en los sectores más pobres ha condenado a las grandes mayorías a resolver sus vidas de manera individual en el mercado, estando entre los sujetos más brutalmente afectados las mujeres, las disidencias sexuales y otros sectores postergados como los pueblos indígenas y la población migrante. Desde esta perspectiva, resulta preocupante el correlato que otorgan a estos fenómenos el incremento de los niveles de violencia machista y la multiplicación de los femicidios en años recientes a lo largo del territorio nacional.

Estas condiciones enmarcan la emergencia contemporánea del feminismo en un campo concreto de acción política e impugnación del patriarcado, adquiriendo desde su prisma una lectura particular y compleja respecto de las desigualdades en la distribución de la riqueza, el poder y el reconocimiento. A pesar de ello, no se puede obviar que el feminismo local también ha sufrido también los embates de estos procesos contemporáneos de sesgo político: pese a su rol fundamental en las luchas por la recuperación democrática, el movimiento feminista fue marginado y excluido igualmente de la política transicional, y se vio tensionado hasta la ruptura entre aquellas figuras del feminismo integradas a la administración del Estado y otras que -desde el mundo social y la intelectualidad crítica-han madurado reflexiones agudas, y que sin embargo no logran atravesar los marcos acotados de su espacio de acción directo.

Esta dispersión de la acción política del feminismo permite en la actualidad el auge de su versión más liberal, que se monta sobre la capacidad del capitalismo de generar nuevas subjetividades e integrar las formas disruptivas. Este último feminismo, de ampliación de derechos y participación política para algunas mujeres, escasamente ha enfrentado la esencialización del rol tradicional de la mujer y el trasfondo estructural, económico, de las desigualdades, neutralizando así el carácter radical y disruptivo de la teoría feminista.

En este escenario, se torna vital volver a pensar desde un feminismo crítico y político, capaz de encabezar un debate democrático radical orientado a la constitución de un nuevo pacto social que desmonte el Estado subsidiario, desmercantilice nuestras vidas de manera transversal y garantice derechos sociales universales para todas las personas por fuera de los estrechos márgenes que el mercado impone a las relaciones y términos de convivencia social en nuestro país.

 

Equipo de elaboración sobrefeminismo y derechos de Nodo XXI, dirigido por Camila Miranda, e integrado por las y los investigadores Pierina Ferretti, Cristina Jara, Daniela Quintanilla, Carolina Olmedo y Afshin Irani. Con la participación de Beatriz Sánchez, Mía Dragnic, María Isabel Matamala, Camila Rojas Valderrama, Daniela López Leiva, Nelly Richard, Diamela Eltit, Alejandra Castillo, Luna Follegatti, Paula Quintana, Orietta Fuenzalida, Natalia Corrales y Jimena Aguirre.