Luego del anuncio del titular de la cartera de Hacienda, Felipe Larraín, de que esta semana comenzará a operar Sistema de Protección al Contribuyente del Impuesto Específico a los Combustibles (Sipco) para suavizar las sustanciales próximas alzas de los combustibles en nuestro país, la vocera del Área de Economía del comando presidencial del candidato Marcel Claude, Cinthya Vergara, precisó que lo importante es determinar si en realidad es una solución tener una banda de precios sobre el combustible.
“Mirando las cifras actuales y el alza venidera, que es bastante grande, el tema es bastante preocupante, porque si el Sipco no hace mucho es porque el precio futuro estimado del combustible va a ser mucho más alto de lo histórico que ha sido hasta ahora. Entonces, hay un cuestionamiento de por qué ese sistema no ha hecho nada, que de seguro es porque se ve y se prevé que el alza será mucho mayor de aquí a un período corto de tiempo. Y el tema de la banda, si es de un diez o un cinco por ciento no se si es muy discutible, porque esa solución es más o menos de corto plazo y no resuelve el problema de fondo, que es que tenemos dificultades para acceder al combustible”.
Según la vocera -quien es Ingeniero en Sistemas de Información de la Universidad de Chile-, la tarifa más cara de la región en combustibles la tiene Chile. “Tal vez en el corto plazo hay que proteger a la gente, hay que ver cómo este fondo de estabilización del precio del combustible está funcionando y cómo también podemos ayudar en el corto plazo a que no le afecte tanto a la gente, porque los sueldos no cambian de un día para otro, en lo cotidiano se necesita comprar combustible, sobre todo por el frío de estos últimos días, en que hemos debido enfrentar no solo un alza de los combustibles, sino que una rebaja brusca de las temperaturas ambientes. Y lo más duro tiene que ver con la parafina, o el diésel en general, así que estas discusiones de las bandas a nosotros no nos preocupa mucho. En nuestro proyecto creemos que tenemos que evaluar hacia dónde se están yendo los tributos, por qué se está pagando el impuesto específico a los combustibles, y si en realidad es una solución tener esta banda de precios sobre el combustible”.
“Se dice que el 30 % de los chilenos tiene vehículo, y serían como los más afectados. También se habla que con esto solo se perjudica al sector que tiene mayores ingresos, por lo que no sería un tema tan relevante. Pero en la práctica a todos nos afecta el precio del combustible, ya que probablemente después venga un alza en el precio del transporte, y si no es un alza será una transferencia de recursos del Estado hacia las operadoras del transporte público, ante lo cual surge el cuestionamiento de que por qué tenemos que estar subvencionando negocios que bien podrían ser estatales. Estamos gastando una cantidad bastante grande de dinero en transporte público por subvencionar un negocio donde las utilidades de las empresas no se ven afectadas, mientras que el Estado está traspasando recursos públicos y esos recursos, además, solo se están invirtiendo en Santiago, porque en regiones tampoco se ha visto una mejora en el transporte o una mejora en las obras públicas, cosa que la gente sienta que está bien el impuesto porque está viviendo mejor, porque lo ve reflejado en una mejor calidad de vida o en un transporte con el que llega rápido a su trabajo o a su casa, o que es seguro, donde no lo van a robar o a asaltar. Hay un montón de cosas… El tema del combustible afecta en varias líneas, es la base de la productividad del país”.
¿Se justifica a estas alturas el impuesto específico a los combustibles?
En cierta medida si. Pero lo que más importa es dónde se están yendo esos recursos. Lo que ocurre es que la forma en que se aplica este impuesto específico es fija, y por ello el gobierno no ha ganado ni más ni menos respecto de otros años. Y en realidad está ganando menos porque cada vez sube el costo del litro y el gobierno mantiene una taza fija de cobranza que es 1,5 UTM por el diésel y seis UTM el de la bencina. Entonces, si lo vemos en términos fijos, ¡claro!, el Estado está recaudando menos de acuerdo a lo que es el precio del combustible. Eso ocurre también porque tenemos una forma de tributación que no ajusta en términos reales a los nuevos precios, entonces hay una recaudación cada vez menor a medida que sube el combustible.
¿Es muy revolucionario pensar en cambiar nuestro actual sistema de tributación?
En el ámbito de política pública se ha visto y se ha estudiado que en este ámbito no hay revoluciones. Se va haciendo modificaciones paulatinas, en algún momento convergen cierta líneas y se abren las posibilidades de cambio. Eso es lo que se ha visto en la historia. Más que revolucionario, creo que estamos en un momento en que el sistema institucional chileno ya no es creíble, no defiende a la gente. Hay leyes que se crean con tantas restricciones que a la corta no son leyes reales o aplicables de igual manera para todos. No podría hablar de revolución, porque lo que se está pidiendo son cosas de lo cotidiano, de la vida diaria. ¿Cómo llego a mi trabajo?… Ese es el problema que tenemos con el combustible… ¿Cómo me alcanza a mi para llegar a trabajar?. Si tomamos en cuenta ese dato que siempre se repite: más de la mitad de la población chilena gana un sueldo similar o menor a 250 mil pesos al mes, entonces ¿cómo esa persona va a llegar a trabajar en condiciones mínimas para lograr estándares mínimos de calidad asociados a la productividad y al crecimiento?. Bueno, el crecimiento se justifica en la medida que las personas pueden realizar bien sus actividades productivas, independiente de la industria en donde estén. Así las cosas, no se puede hablar de revolución, pues lo que se está pidiendo o planteando es condiciones mínimas y básicas para que la gente pueda desarrollarse dentro de la sociedad, de la comunidad, dentro de lo cotidiano.
¿Y cómo va la propuesta económica del programa presidencial de Marcel Claude?
Estamos viendo bien en detalle cómo se hace un sistema tributario donde no se genere tantas redistribuciones del Estado hacia los privados, que es lo que está sucediendo ahora. Y es que ahora, en lo práctico, se hace cosas buenas, como que del impuesto a los combustibles salen recursos para combatir la contaminación, para reparar las calles. Bueno, un montón de externalidades negativas frente a las que uno podría encontrar bueno ese impuesto específico. Si fuera así, entonces el impuesto es perfecto, porque atacaría las externalidades negativas que son claras y afectan la calidad de vida de la gente, porque no hay que olvidar que las empresas dentro de sus costos de producción no integran la solución de los efectos secundarios que conlleva su accionar.
“Así, probablemente si vamos a mantener algunos impuestos que sirvan para atacar ese tipo de externalidades, y vamos a redistribuirlos para invertirlos en donde corresponda, evitando los traspasos que hoy mantienen las utilidades de las empresas a costa del dinero del Estado, que ese es el gran problema de los tributos específicos. Y, por otra parte, las empresas que son más grandes ocupan las leyes para evadir impuestos de una forma o de otra. Entonces acá la cuestión es dilucidar cuál es el impuesto específico real que se está cobrando y quiénes lo están pagando. Probablemente que ese impuesto a los combustibles quienes más lo sufren son las Pyme o las micro empresas, el taxista, el transportista escolar, los proveedores e intermediarios que llevan insumos a las grandes empresas. Esas mismas que tienen formas de ajustar sus tributos, de traspasar de un lado a otro los costos y, finalmente lo que pagan en impuestos es bastante poco. La evasión de impuestos en general bordea el 48 por ciento en los de primera categoría, y eso es mucho. Y no son las pequeñas empresas las que evaden, sino que las grandes”.
“Entonces, hay que evaluar bien en detalle si el impuesto específico corresponde o no. Yo creo que la gran mayoría si corresponde, por el tema de los efectos secundarios. Pero hay que ver cómo se van redistribuyendo, dónde se invierte ese dinero recaudado, si esa inversión es justa y si se está generando traspasos de un sector a otro o del Estado hacia las empresas privadas. Esa es nuestra preocupación máxima en este momento”, precisa Cinthya Vergara.
