Por Lina Castañeda- Corresponsal de Pressenza en Colombia

Pressenza dialogó con el periodista y director del medio de comunicación digital colombiano VerdadAbierta.com, Juan Diego Restrepo, para conocer su punto de vista sobre un tema que, tanto el Gobierno Nacional como la sociedad colombiana, guardan una cierta indiferencia: el asesinato de líderes sociales en distintas zonas del país. Lina Castañeda, corresponsal de Pressenza en Colombia, conversó con él y aquí están sus consideraciones al respecto de este tema que preocupa a la región.

Según la Defensoría del Pueblo, entre el 1 de enero de 2016 y el 27 de febrero de 2018, fueron asesinados 282 líderes sociales en Colombia: personas que por su labor dentro de las comunidades más golpeadas por el conflicto armado fueron silenciadas.

Pese a los esfuerzos del Gobierno Nacional por mantener en marcha los acuerdos de paz, la situación es más compleja: la expansión de grupos armados, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el ELN, en territorios antes ocupados por las FARC, y la falta de acompañamiento del Estado en algunos territorios, son algunos de los factores que dificultan la labor de los líderes.

Frente a este panorama tan sombrío, cabe preguntarse: ¿qué está haciendo la institucionalidad para promover y proteger la labor de los líderes?; ¿Por qué no hay un consenso frente a las cifras de líderes asesinados y la noción de sistematicidad?, de cara a la próxima contienda electoral ¿qué vendrá para los líderes en una nueva administración nacional?
Cifras y sistematicidad: ¿quién tiene la razón?

El Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz), contabilizó cerca de 205 líderes asesinados desde el comienzo de la implementación de los acuerdos, es decir, desde diciembre de 2016 hasta el mes de febrero de 2018. Sin embargo, para el presidente Juan Manuel Santos Calderón, del 2016 a la fecha solo se han registrado 160 víctimas.

Las cifras no concuerdan tampoco en periodos de tiempo más cortos: según la Consultoría para los Derechos Humanos y Desplazamiento (Codhes), entre el 1 de enero y el 27 de febrero del 2018, fueron asesinados 22 líderes en el país. En cambio, en el portal verdadabierta.com, medio especializado en el cubrimiento del conflicto armado en Colombia, se registra el asesinato de 18 líderes entre enero y marzo del presente año.

Entonces, ¿quién tiene la razón? Óscar Naranjo, Vicepresidente de Colombia, en entrevista con verdadabierta.com, señala que la disparidad en las cifras tiene que ver con que la noción de liderazgo se ha ampliado: “Hace unos años solamente era caracterizado como líder o defensor de derechos humanos quien ocupaba un cargo directivo en una organización o una Junta de Acción Comunal. Hoy la caracterización de los liderazgos se ha ido flexibilizando y ampliando (…)”.

Lo cierto es que esta tragedia sobrepasa las cuestiones estadísticas, sobre todo porque el Gobierno Nacional aún no ha encontrado una solución inmediata para la protección y el acompañamiento de los líderes que se han hecho más visibles después de la firma de los acuerdos.

Frente a este punto, Naranjo afirma que sí se están haciendo cambios con miras a fortalecer dicha protección. Tales cambios incluyen las mejoras realizadas al sistema de alertas tempranas, el fortalecimiento de la Fiscalía para esclarecer los crímenes, y la construcción de una caracterización sólida sobre liderazgo social, con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas.

Sin embargo, aunque estas medidas son importantes, no son suficientes para detener este desangre. Según Juan Diego Restrepo, director de VerdadAbierta.com, esto sucede porque algunas condiciones del conflicto armado, tales como como el narcotráfico, la minería ilegal o el despojo de tierras, no se han superado.

La persistencia de estas condiciones hace casi imposible garantizar la seguridad de los líderes, pues sobre ellos pesan muchas amenazas y actores armados que se disputan las rentas ilegales. Restrepo afirma que: “El Estado tendría que resolver varias cosas: primero, resolver los factores de riesgo que ponen en peligro a los líderes y, segundo, que haya un pacto social para respetar esas decisiones”.

Se hace urgentela presencia real del Estado en esas zonas que siempre han estado inmersas en el conflicto. Y esa presencia no solo debería limitarse al aumento del pie de fuerza, sino también a la ejecución de políticas claras frente a temas sensibles como la pobreza, la falta de oportunidades y un acompañamiento coherente a las políticas ya existentes, como las contempladas en la plan de sustitución de cultivos ilícitos.

No solo el tema de las cifras genera dudas. También las genera el de la noción de sistematicidad; ¿Por qué matan a los líderes sociales?; ¿Hay algún grupo armado como determinador único de los asesinatos? Frente a esto, también hay diferencia en las posturas.

Indepaz sostiene en su informe: Homicidio de defensores y defensoras de paz: una tragedia que no se detiene, que sí se puede hablar de sistematicidad porque las intimidaciones y asesinatos de líderes, tienen “como finalidad el desplazamiento de las comunidades, la apropiación de territorios, la defensa a megaproyectos y el control político en las regiones”.

También afirma que no se puede estudiar cada caso por separado, sino que es necesario mirar “en conjunto las situaciones de amenazas, los asesinatos, atentados, las diferentes modalidades de ataque a las comunidades porque todo forma parte de una misma situación (…)”, y esta situación es la postura radical de quienes se oponen al fin del conflicto armado.

Por su parte, el vicepresidente Óscar Naranjo – en entrevista con verdadabierta.com- no menciona la palabra sistematicidad, pero sí señala que el Gobierno Nacional ha identificado una serie de patrones y motivaciones por las cuales los actores armados asesinan a los líderes; estos son, el apoyo a la sustitución de cultivos ilícitos, la lucha contra la minería ilegal, el liderazgo por la reclamación de tierra y la denuncia de casos de corrupción en algunas zonas del país.

Sin embargo, para hablar de sistematicidad es necesario entender quiénes son los asesinos de los líderes sociales. Si Indepaz sostiene que los asesinatos están ligados al fenómeno paramilitar, para Juan Diego Restrepo, esta situación no es tan clara, pues supondría que un solo actor armado es el autor intelectual de todos los asesinatos, cosa que Restrepo pone en duda.

Restrepo señala que el concepto de sistematicidad implicaría “un mando central que esté operando bajo un único eje y que direccione todas las muertes”. De lo que sí habla es de una sistematicidad parcial en casos relacionados con líderes asesinados por su lucha en la restitución de tierras o aquellos que están impulsando la sustitución de cultivos ilícitos.

A pesar de estas posiciones encontradas, es necesario recalcar que la situación de líderes asesinados se da en el contexto de la implementación de lo pactado en La Habana. Es decir, se da un momento en el que los liderazgos tienen más visibilidad, lo que los hace más vulnerables a los ataques de grupos armados que están ejerciendo presión para controlar las rentas ilegales dejadas por las FARC. La protección de los líderes es uno de los requisitos indispensables para asegurar que los acuerdos sigan su curso, así como que las comunidades participen activamente después de más de 50 años de silencio.

Los retos para el nuevo Gobierno

El presidente Juan Manuel Santos, tras la firma de los acuerdos con las FARC, llamó al Congreso del periodo 2014-2018 como el “Congreso de la Paz”. Sin embargo, ese órgano que se renovará el 20 de julio de este año, demostró poca disposición para ello. Muestra de esto es que no se aprobaron las 16 circunscripciones de paz, que son aquellas 16 curules en el Congreso destinadas para víctimas del conflicto armado y dejó aplazada la discusión sobre el punto más sensible de los acuerdos, el punto uno, relacionado con la reforma agraria integral.

Tras las elecciones legislativas del 11 de marzo pasado, las opiniones frente a la conformación del nuevo Congreso están divididas: unos afirman que hay una renovación del pensamiento político de la sociedad colombiana, que le dio cabida a ideas políticas más independientes, como es el caso del Partido Verde, con una postura progresista, que de 5 senadores en 2014 pasa a tener 10 o la entrada de la Lista de la Decencia con 4 curules al Senado y 2 a la Cámara de Representantes.
Otros, por el contrario, no son tan optimistas, dado que hay una amplia mayoría de la derecha, representada en los partidos Centro Democrático, opositores del Acuerdo de Paz; Cambio Radical, Partido de la U (de Unidad Nacional) y en los partidos Conservador y Liberal, sumado al hecho de que este es el sector de la política que siempre ha estado en el poder y pone en riesgo la continuidad de los acuerdos.

Este Congreso despierta más dudas que certezas, sobre todo en el tema del apoyo a los acuerdos y a la protección de líderes. Para Juan Diego Restrepo, el panorama no es alentador en este aspecto, puesto que a este órgano legislativo le falta voluntad política para solucionar los problemas estructurales del país, como el narcotráfico, la tenencia desigual de tierras y la pobreza. “Mientras no se superen estos problemas, los líderes seguirán siendo blanco de los grupos armados que quieran controlar los territorios y las rentas ilegales”, afirma.
En cuanto al próximo Presidente de la República, Restrepo también manifiesta sus dudas frente a su capacidad para solucionar la situación de los líderes sociales.

Primero, porque si gana un candidato de centro- izquierda o alternativo, como Gustavo Petro o Sergio Fajardo, no tiene un Congreso que lo apoye, dada la gran representación de la derecha. Y segundo, porque si gana un candidato de centro- derecha, como Iván Duque o Germán Vargas Lleras, tendría el apoyo de la mayoría del legislativo y, con él, el poder de hacer trizas el acuerdo, o pensar un proyecto de país que poco tenga que ver con la protección de los líderes y el cambio de los problemas estructurales.

“Quede el que quede, eso no resuelve el problema de los líderes sociales en Colombia, al contrario, en muchos sectores se puede profundizar. Sin embargo, el peor escenario es hacer trizas el acuerdo que ha permitido ciertos avances”, señala finalmente Restrepo.