Por Javier Cabero Gandarias
Desde el pasado lunes 5 de marzo, Gonzalo Sánchez de Lozada (alias el Goni), quien fuera presidente de Bolivia, y su ex-ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzain (alias el Zorro), se vieron sentados en la Corte Federal de Fort Lauderlade, Florida, Estados Unidos, en el sitio que se asigna a los acusados. Se los acusa de haber provocado 81 muertos y 420 heridos, todos civiles, incluyendo niños, en octubre de 2013 durante la rebelión de los habitantes de la ciudad de El Alto, denominada la “guerra por el gas”. Los Sánchez, usando a soldados fuertemente armados, tanques y aviones intentaron derrotar a sangre y fuego una insurrección que terminó con la huida a Estados Unidos de ambos personajes, donde residen actualmente. El inédito juicio concluirá con una sentencia los primeros días del mes de abril.
Como antecedente del conflicto debemos señalar que años antes, el 4 de agosto de 1997, el presidente Sánchez de Lozada entregó el petróleo y el gas de Bolivia a empresas transnacionales mediante un decreto secreto e ilegal, que fue demandado como inconstitucional ante los tribunales. En el 2003, Goni pone en marcha el proyecto de exportación de gas a Estados Unidos, bajo el control del consorcio Pacific LNG, constituido por las transnacionales British Gas, British Petroleum y Repsol/YPF. Se proyectaba la exportación diaria de 36 millones de metros cúbicos de gas durante veinte años. El proyecto, en su conjunto, iba a demandar una inversión de 5 a 7 mil millones de dólares durante un quinquenio. Las condiciones otorgadas a Pacific LNG eran por completo desfavorables para Bolivia. El ingreso previsto para las transnacionales era de 1. 370 millones de dólares anuales, mientras que el pago de impuestos y regalías era tan solo entre 40 a 70 millones de dólares. En veinte años, periodo de duración del contrato de exportación, las transnacionales petroleras y el Goni, estimaban obtener alrededor de 27 mil millones de dólares. La entrega del gas a las transnacionales generó indignación en la población, avivado por el hecho de elegir a Chile como el país intermediario para procesar y distribuir el gas a Estados Unidos, dado que fue Chile quien, mediante una guerra, despojó a Bolivia de su costa marítima en 1879.
Frente a estos hechos, en el mes de octubre del 2003, diversas organizaciones populares convocan a una huelga general, con bloqueo de caminos. Piden también levantar trincheras y cavar zanjas en cada zona de la ciudad, conformar los comités de autodefensa y defender a los medios populares de comunicación. Ante los asesinatos que cada día se producían a manos de los militares, bajo el mando del Zorro y el Goni, la ex-defensora del pueblo, Ana María Campero inicia una huelga de hambre, acompañada por el sacerdote jesuita Ricardo Zeballos, el empresario Javier Hurtado y los intelectuales José Antonio Quiroga y Ricardo Calla. Los huelguistas llegaron a un millar, agrupados en treinta piquetes de huelga en todo el país. Los ayunos se producen también en Tarija, en Cochabamba y en otras ciudades. La sublevación culmina con la huida de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzain a Estados Unidos que les concedió refugio político.
Tras largos 15 años de insistentes tentativas, un grupo de familiares de los asesinados, apoyados por el abogado Rogelio Mayta y abogados de la Clínica de Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard y del Centro de Derechos Constitucionales, logran que una Corte de Estados Unidos acepte los cargos y los convoque en calidad de acusados por violaciones a los Derechos Humanos.
El Derecho hizo lo suyo, ahora es el turno de la Justicia.
