Texto y fotos: Victoria Rubio

El próximo 27 de marzo se llevará adelante la segundo twittazo, organizado por una plataforma de organizaciones e instituciones que defienden los derechos de los migrantes en el país y vinculado, prioritariamente, a la urgencia de proteger los derechos de la población venezolana que está llegando masivamente al país. Para conocer más sobre esta situación y la iniciativa, Pressenza entrevistó a Guillermo Rovayo coordinador de gestión y monitoreo en la Misión Scalabriniana, organización especializada en la protección y defensa de los derechos de todas las personas en situación de movilidad humana.

P: ¿Cuáles son las características de la migración venezolana a nuestro país y qué diferencias puedes establecer con la migración colombiana?

GR: Las condiciones en las que se está dando la salida de la población venezolana tienen características de crisis migratoria. ¿Por qué? Porque está lejos de ser una migración segura, planificada como parte de tu proyecto de vida. Se trata de salidas rápidas, en las que con frecuencia las personas dejan o venden lo que tienen a precios irrisorios para financiar un viaje que no saben bien a qué situación les va a llevar. La estructura de vida se rompe para llegar a un país del que prácticamente no se conoce nada. Si a eso agregamos que llegan a un escenario hostil, el proceso de integración, de aseguramiento de trabajo, salud, educación para tus hijos, el problema sigue creciendo. Finalmente, si no logran radicarse en el país, buscan ir a otro y lo hacen en condiciones de irregularidad, por tanto, en condiciones en los que los derechos pueden ser fácilmente vulnerados.

Hay múltiples diferencias entre la migración colombiana y la venezolana. La primera está ligada con un conflicto de años, con desplazamiento forzado, con la imposibilidad de vivir en las zonas agrícolas en las que aún el conflicto se mantiene. Aun así, la población colombiana tiende ya desde hace muchos años a llegar a Ecuador. La segunda, la venezolana, está forzada por una situación económica insostenible en la cotidianidad de la gente, es un escenario en el que las condiciones de inclusión social, económica, laboral, política de la población venezolana se han tornado muy difíciles.

Otra importante diferencia está marca por el perfil de la persona que migra. El perfil del colombiano desplazado al Ecuador siempre fue la clase media hacia abajo, el sector rural, el sector marginado o el impactado en el conflicto armado. En el caso de Venezuela, se trata de una clase media, media alta, profesionales con dos títulos de postgrado que llegan a hacer lo que puedan en cualquier de América Latina. Esta subvaloración en el ámbito profesional causa fuertes impactos en la gente.

Finalmente, en el caso de la población venezolana, el aporte en remesas a su país constituye una importante diferencia en relación con la población colombiana. Una persona aviene a trabajar por $200 en 60 horas semanales, una nueva forma de esclavitud; de este monto, envía $50 a su país, a su papá o mamá quienes, con ese dinero, se sostienen. La precarización es brutal.

P: ¿Por qué no se han generado status migratorios de protección temporal a esta población en nuestro país?

GR: Ahí hay una respuesta triste. Los gobiernos toman las decisiones con la migración como si se tratara de una llave de agua: abrimos cuando queremos, cerramos cuando queremos. En este caso, el otorgamiento de un estatus migratorio de protección, por ejemplo, laboral, aunque sea temporal, supone el reconocimiento de una situación de crisis en el país de origen y ese reconocimiento es, políticamente, muy difícil para el gobierno ecuatoriano. Lo fue en el gobierno de Rafael Correa y lo sigue siendo en este período, a pesar de las declaraciones del presidente Moreno reconociendo la existencia de un conflicto y su deseo de paz para Venezuela.

En cualquier caso, las organizaciones que trabajamos en movilidad humana estamos exigiendo regularización migratoria, amnistía migratoria, eliminación de las trabas migratorias, procesos de integración con la población ecuatoriana, de manera urgente. La situación es cada día más difícil. Los datos hablan, en unos casos, de mil personas venezolanas que entran diariamente por la frontera norte. En otros casos, se habla de dos mil personas. Si calculamos la cifra más baja en un año, estamos hablando de más de 300 mil personas en condiciones de irregularidad en Ecuador y, por tanto, en condiciones de total vulnerabilidad de todos sus derechos.

Otra cuestión a señalar es que no se trata de migrantes que están pasando a otro país por una frontera libre y segura, no. Son migrantes que pasan 3 o 4 días por rutas terrestres dentro de un país viviendo aún un conflicto. Es el escenario ideal para las redes de trata de personas.

P: ¿Qué es lo que propone Misión Scalabriniana para que la frontera y la problemática de la migración sea vista desde una mirada estructural y no solo coyuntural?

GR: Hemos planteado ya hace meses una agenda que tiene tres puntos fundamentales. El primero, fortalecer la presencia institucional del Estado ecuatoriano en la frontera norte, pero no su presencia militar o policial, sino la presencia en educación, salud, turismo, cancillería, etc. La frontera norte está abandonada. Sin embargo, como lo hemos visto en los últimos días frente a los atentados que ha habido en la zona, la respuesta sigue siendo militar: 14 millones de dólares para armas… cuando lo que se necesita en infraestructura y servicios para garantizar derechos.

En segundo lugar, es necesaria una reforma normativa. Ecuador tiene una de las peores normas en materia de movilidad humana y refugio, aunque haya organismos internacionales que aun la defienden. Somos el país de Sudamérica con las multas migratorias más altas de la región, más que Brasil, Argentina, Chile e incluso Estados Unidos, y ojo que lo que tanto nos quejamos de Trump, aquí casi lo hicimos igual.

Somos el país con el más alto costo de visado: hay visas que te cuestan $400 por persona, mientras que la de Estados Unidos cuesta $160. Tenemos una ley en donde 7 artículos te dan la posibilidad de negarte, revocarte, cancelarte la visa por ser considerado grave amenaza o riesgo a la seguridad interna del país; nosotros, que propugnamos la libre movilidad en la Constitución, tenemos una Ley de Movilidad en la que 7 artículos te repiten: “no te voy a dar la visa porque eres amenaza o grave riesgo”.

Finalmente, es indispensable una política migratoria específica para este periodo en el que dos grandes flujos de población, la colombiana y la venezolana, están llegando a nuestro país. Es indispensable una amnistía migratoria. Una medida así le permitiría al Estado ecuatoriano cuántos extranjeros hay, donde están, diseña políticas de inclusión, establecer, valorar y potenciar su aporte al país.

Así, un proceso de largo plazo, uno de mediano y un tercer emergente que, desde nuestro punto de vista, deben ejecutarse desde ya.

P: ¿Qué hacer frente al odio reciente de ecuatorianos hacia los migrantes venezolanos?

GR: A la cadena de odio es necesario contrarrestarla con amor y acogida. Tendríamos que recordar “el gallo era pollo”. Recordemos que los ecuatorianos tenemos una rica historia de inmigración y emigración. Hace apenas 18 años una diáspora de casi 2 millones de ecuatorianas y ecuatorianos salieron de nuestro país. Para ellos exigíamos seguridad, cuidado, derechos para nuestros migrantes. ¿Cuál es la diferencia entre ellos, que se fueron a Estados Unidos, Canadá, España con el bogotano o caraqueño que viene a Ecuador? El acento. No existe ninguna otra diferencia.

Más aún, recordemos que, en el 82, con el fenómeno del Niños, alrededor de 70 mil personas salieron de Manabí hacia Venezuela, llenando al país hermano de apellidos Zambrano, Gómez, Macías y exigíamos “tratar bien al ecuatoriano en este país”. ¿Cuál es la diferencia hoy? No hay diferencia. Todos somos seres humanos.

P: Para finalizar, coméntanos un poco sobre el twittazo.

GR: Esta idea surge con la valentía de llevar adelante una demanda de inconstitucionalidad de la Ley de Movilidad Humana, junto al Servicio Jesuita al Refugiado, Clínica de Derechos Humanos de la Universidad San Francisco y demás defensores de los derechos particulares que quisieron firmar.

Quisimos darle continuidad acercándonos a la ciudadanía con el #MigrarEsUnDerecho, porque estas son las mismas palabras que el gobierno ecuatoriano ha dicho en todos los foros internacionales y en las que todo el mundo coincide, al menos en teoría. Esta frase implica reconocer que la migración tiene que estar acompañada de sueños, educación, cultura, salud. El pasado miércoles 14 hicimos una primera jornada y este martes, 27 de marzo, haremos la segunda. Esta vez, enviaremos los tuits a las cuentas @Lenin, @MaríaFernandaEC, @NavasVeraCesar, y @CorteConstituciónalEC.

Buscamos, a través de esta iniciativa, exigir una respuesta del gobierno, una respuesta que confirme públicamente su posición y su reconocimiento claro de que Migrar es un Derecho.