El proyecto pertenece al senador Steve Smith, quien promueve la creación de un Comité
de Seguridad de la frontera común, integrado por miembros del Senado y de la Cámara de
Representantes de Arizona, así como sheriffs y funcionarios designados por la gobernadora.

Como resultado de las campañas contra los inmigrantes, la gobernadora Brewer recaudó millones
de dólares en donaciones privadas a través de Internet para cubrir los gastos legales causados por la
defensa de la ley SB1070 que Arizona aprobó el año pasado.

Esta ley autoriza a los policías a detener a personas sospechosas de ser inmigrantes indocumentados
y requiere a quienes son residentes legales el traer siempre consigo los documentos migratorios que
aclaren su residencia legal. La iniciativa permanece suspendida por orden de un juez federal.

El muro se levantaría en terrenos privados o estatales, previa autorización al gobierno federal para
la construcción. Los legisladores demócratas rechazaron el proyecto por considerar que la cuestión
inmigratoria debe ser encarada de manera más amplia. Por otra parte, el grupo ambientalista Sierra
Club advirtió que las fronteras con barreras fortificadas pueden dañar el ambiente provocando
inundaciones y bloqueando la vida silvestre.

La construcción de la cerca, estaría a cargo de presidiarios quienes recibirían una paga de 50 centavos
de dólar por hora. A lo largo de más de 13.000 metros deberán levantar un paredón de hormigón con
alambre de púas en su parte superior. Arizona representa poco más del 10 por ciento del territorio
que Estados Unidos le arrebató a México durante el siglo XIX, a través de continuadas invasiones

Para el activista Jaime Farrant, el uso de reclusos para la construcción del muro conlleva riesgos
para la seguridad y tiende a aumentar la criminalidad en la zona. Al comentarse en la legislatura
que los presos podrían escaparse una vez trasladados a la frontera, los representantes del Estado
respondieron que si los presos deciden escapar hacia México, el país debe recibirlos, ya que
Arizona lleva años recibiendo delincuentes mexicanos. Farrant sostiene que esta actitud xenófoba
y despectiva demuestra que se trata de una campaña política y no de una solución para corregir el
sistema inmigratorio.

Desde el 2000, se calcula que unos 1.700 inmigrantes han perdido la vida en el desierto de
Arizona cuando intentaban cruzar hacia Estados Unidos.

Si progresa la sanción de un paquete de leyes estatales anti inmigratorias, varios especialistas
advierten que se podría generar un éxodo masivo de residentes hispanos de la región a lugares de
mayor tolerancia.

Grupos defensores de Derechos Humanos sostienen que la idea de que la tasa de criminalidad es más
alta en las ciudades fronterizas, es absolutamente equivocada. Es una creencia que han impuesto
algunos políticos con fuerte influencia mediática. Desde 1998 la tasa de criminalidad en Estados como
California, Texas, Arizona o Nuevo México es uno de las más bajas del país.

El cibersitio promovido por la gobernadora Brewer con su aliado el senador Smith en el que solicita
donaciones para levantar una cerca en la frontera con México, recibe a los cibernautas con la
pregunta ¿Parece esto una frontera segura?