Los resultados conocidos a comienzos de esta semana a partir de los datos de la encuesta CERC y los que hoy conocemos de Adimark, muestran que el bajo apoyo y el abultado rechazo al Gobierno (evaluación que se extiende en general a la clase política) no responde a la coyuntura, a malos manejos puntuales o al costo político que significa tomar decisiones de carácter estructural, cuyos resultados sólo se pueden observar a largo plazo. Más bien, aquí nos encontramos con un problema de fondo, simplemente sectores importantes de la población están perdiendo el miedo y se aburrieron de que mientras el país sigue creciendo a ellos les llega sólo el residuo de ese crecimiento.

Hay un hastío que progresivamente empieza a ser general. No se concibe como la educación puede ser entregada a manos del mercado y se convierte en un negocio más. No se concibe como puede existir una discusión tan pobre y estrecha en torno al reajuste del salario mínimo, en donde año a año se utilizan los mismos argumentos para frenar aumentos que se relacionen con el ethos de un país. No se entiende como se destinan tan pocas energías a denunciar el caso La Polar e investigar al resto de la industria subprime a la chilena y se invierte tanto tiempo en argumentar que cambios superiores a $10 mil en el salario mínimo generarán una debacle de proporciones en las cifras de desempleo.

Y lo que quizás es más importante y engloba a las distintas razones que explican el malestar de la población, es que con urgencia se demandan reformas políticas, donde la participación real de las personas y las organizaciones se traduzca en un proyecto país integral que saque a Chile de la lógica del negociado y lo transforme en un país serio, con políticas de largo plazo y donde el desarrollo efectivamente sea un concepto lleno de contenido, para que en un mediano plazo el malestar se transforme en bienestar.

El rechazo se ha manifestado con gran fuerza en las encuestas y en las calles, no tanto porque este gobierno se esté comportando diametralmente distinto a los gobiernos de la Concertación, sino que porque las autoridades de esta administración encarnan sin ambigüedades la cultura del subdesarrollo, del individualismo y de los conflictos de interés que los gobiernos anteriores supieron hábilmente disimular.

La pésima política del Financiamiento Compartido en Educación de 1993, pasó inadvertida en su momento con los importantes reajustes que se hicieron al salario mínimo, los ritmos propios de la transición y la baja base social de comparación que existía.

La política del Crédito con Aval del Estado (CAE) creado el 2006 y sus nefastas consecuencias en los niveles de endeudamiento de los estudiantes que se empezarán a observar en ejercicio en la generación CAE del 2012, no generó repudio nacional, ya que al mismo tiempo se comenzaba a preparar los cimientos de la Reforma Previsional que se aprobaría unos años después.

Finalmente, las importantes reformas a la Justicia Laboral, también ayudaron a contener los urgentes cambios que se requieren en materia de sindicalización, negociación colectiva, sistema de gratificaciones, multirut y otros tantos que posibilitarían que los trabajadores puedan disputar en igualdad de condiciones las altas utilidades generadas por las empresas año a año (el 2010, las 570 compañías de la bolsa presentaron un aumento de 28% de sus ganancias).

Esta vez, la población (que espera transformarse en ciudadanía) ya no está contenida, porque ve que el Gobierno es administrado por sus propios dueños, una empresa familiar que tiene a Chile entre los 12 países más desiguales del mundo en términos de distribución del ingreso, y donde el ingreso autónomo por persona en el 5% de los hogares más ricos es 830 veces mayor a lo que puede obtener el 5% más pobre.

La filosofía de los subsidios focalizados del actual Gobierno está haciendo aguas por todos lados. La población quiere que se le retribuya decentemente (éticamente?) por su trabajo, quiere empleos de calidad (los empleos creados a la fecha son preponderantemente precarios), busca derechos universales, recuperar el sentido genuino de los bienes públicos como la salud y la educación y por supuesto demanda participación real en un país agreste, donde las personas no confían en el otro ni en las instituciones.

El futuro viene muy complicado para este gobierno y la clase política en general. Las reformas anunciadas en educación, parecen no haber tenido ningún eco, el reemplazo del Sueldo Ético por el Ingreso Ético Familar (lo que implica trasladar la responsabilidad desde las empresas al Estado) también traerá serios problemas en la discusión política. Y sin ir más lejos, por primera vez, la discusión sobre el reajuste al salario mínimo no se resuelve en los plazos previstos y la responsabilidad final quedará en manos del Presidente Piñera vía veto.

El país empieza a rechazar la cultura de la negociación colectiva empresarial, donde siempre se termina entregando y ofreciendo el raspado de la olla, buscando la imposición de salarios y condiciones y convirtiendo las abultadas cifras azules en extraños argumentos como “no es el momento de subir los salarios”

La familia chilena está dañada, endeudada, mal tratada. Las encuestas al parecer nos dicen que se necesita con urgencia ordenar la casa, volver a los orígenes, recordar que todos los hijos necesitan ser tratados con el mismo cuidado. No se trata de pesos más o pesos menos, se trata de un cambio profundo en la lógica de pensar y hacer las cosas. Lo complejo es que ya se escuchan las nuevas demandas y todas son estructurales: Aumento en la carga tributaria, renacionalización del cobre, asamblea constituyente, entre otras, demandas a las cuales ya se han plegado algunos parlamentarios de la Concertación.

Por tanto, ¿qué debería hacer este Gobierno para recuperar aprobación y bajar su rechazo?, ¿Cómo se las arreglará para recuperar las confianzas?, ¿Cuál será la nueva forma de gobernar? Las respuestas son difíciles, pero sin duda debe haber respuestas…