Por Andrés Figueroa Cornejo

Patricio Tapia Gómez, dirigente del Sindicato Nacional Interempresa de Trabajadores del Gas, fue uno de quienes condujeron los 21 días de la huelga del Sindicato de Trabajadores de Gasco GLP (Gas Licuado del Petróleo), desde el 19 de diciembre de 2017 al 8 de enero de 2018. Huelga histórica porque fue la primera realizada en los 161 años de existencia que tiene la empresa. El movimiento fue gatillado porque la compañía únicamente les ofreció el reajuste del Índice de Precios al Consumidor, IPC, o inflación, que siempre es un reajuste retrasado, no actualizado y menos proyectado. En concreto, el reajuste del IPC para los asalariados ya viene devaluado. En consecuencia, la votación a favor de la huelga fue prácticamente unánime.

Por si fuera poco, la huelga estuvo enmarcada por la contingencia de las elecciones presidenciales donde, más allá de la abstención superior porcentualmente en comparación con las personas habilitadas para sufragar, ganó la denominada “derecha dura” en la figura de Sebastián Piñera. Al respecto, el dueño de Gasco, Matías Pérez, fue uno de los empresarios que aportó pecuniariamente a la candidatura presidencial del aliado ultraderechista de Piñera, José Antonio Kast Rist, de origen y educación alemana, pangermánico y pinochetista declarado.

Pero eso no es todo. El asesor legal de la compañía fue el ex Subsecretario del Trabajo de la dictadura cívico-militar durante los años 1983-84, el abogado Ricardo Canales Undurraga; y el gerente de Recursos Humanos, Carlos Wulf Le May, fue funcionario de confianza del primer gobierno de Piñera.

Es una redundancia imaginar el sentimiento de superioridad e impunidad de la empresa frente a los trabajadores y al propio Estado y sus instituciones. Es fácil en Chile ver cómo madura “el huevo de la serpiente” a través de su transparente cascarón.

“Con la huelga no sólo mantuvimos las conquistas adquiridas, sino que las incrementamos”

Con la movilización, “Subimos beneficios sociales que la empresa quería borrar del anterior contrato colectivo, como por ejemplo, la indemnización a todo evento (en Chile cuando se despide a un trabajador, como tope legal, se le cancelan sólo 11 sueldos, uno por año, aunque haya laborado 20 años); el descuento del seguro de cesantía; gratificaciones; y lo más grave, buscó bajar el piso de la negociación.

Pero con la huelga no sólo mantuvimos las conquistas adquiridas, sino que las incrementamos. Aumentamos los sueldos base, colación y movilización, bonos anuales, etc.”, señaló Patricio Tapia, y añadió que, “La huelga que realizamos en Gasco GLP fue muy dura. Allí votamos la huelga porque, entre otras cosas, la firma nos ofreció la mitad de lo que les ofreció a los representantes de los sindicatos que aceptaron mansamente negociar de manera no reglada. Estoy hablando de los dirigentes de los sindicatos pro empresa. A los trabajadores asociados a esos sindicatos, les quitaron derechos. Fue lamentable.”

El viejo conflicto entre lo público y lo privado

-En el país, menos del 15 % de la fuerza de trabajo está sindicalizada y sólo un 8 % tiene poder de negociación. Por eso la reforma laboral (RL) establecida recientemente en abril de 2017, es poco conocida entre los dirigentes sindicales, los trabajadores organizados, y qué decir de los trabajadores en general que hacen la inmensa mayoría de la fuerza de trabajo en Chile. Allí aparece lo que tú mencionas como “piso mínimo”. ¿De qué se trata?

En el caso de las negociaciones colectivas regladas entre empresarios y asalariados, la reforma laboral (RL) indica que lo conquistado en el contrato colectivo anterior no es negociable, no se puede tocar. Ese es el “piso mínimo” con que arranca la negociación reglada. Por eso ahora negociar anticipadamente, que es lo que busca la patronal, daña tanto nuestros intereses en comparación con la negociación reglada. Sin embargo, la compañía se empeñó en arrebatarnos el piso mínimo.

Asimismo, en estos casos, el empresariado no tiene derecho a reemplazar a los trabajadores que participan en la huelga. Como legalmente no debe reemplazar trabajadores, la RL establece los llamados “servicios mínimos”, que son aquellos equipos de trabajadores que se quedan laborando en áreas de emergencia para “no afectar a la comunidad”. Se usa la misma lógica que en la salud pública, que cuando sus trabajadores van a paro tienen que establecerse “turnos éticos”. La cosa es que la salud pública del Estado no tiene nada que ver con la empresa privada.

En fin, en la práctica, la empresa Gasco GLP nos debió enviar un listado con los “servicios mínimos” para que los trabajadores lo evaluáramos. Sin embargo, la compañía presentó directamente el listado de “servicios mínimos” a la inspección del trabajo, sin consultarnos nada y acogiéndose a un artículo transitorio que ya no funciona en la RL, pero que por las fechas tan próximas de la reforma laboral, la patronal aprovechó de usar. Al final, la inspección del trabajo nos dio tres días para revisar más de 100 páginas de los “servicios mínimos” presentados por el empleador. Nosotros alcanzamos a objetarlos punto por punto. Luego falló la inspección del trabajo, tomando nuestros fundamentos de fondo.

-Este asunto de las llamadas “empresas estratégicas” y los “servicio mínimos” es sumamente delicado. ¿Puedes explicar qué es lo que hicieron ustedes al respecto y a qué te refieres con “fundamentos de fondo”?

A diferencia de la salud pública del Estado, cuando una persona deja de pagar la cuenta de gas, la empresa le clausura el suministro derechamente. ¿Qué ocurre entonces? Que las corporaciones de gas privadas cuando cortan el gas por no cancelarlo, simplemente dejan de ser “empresas estratégicas”. O sea, pierden su condición de “empresa estratégica”, de “servicio básico de utilidad pública”. Aquí descubrimos una contradicción de fondo en la reforma laboral. En cambio la salud pública sí, en efecto, debe contar con servicios mínimos en caso de huelga porque se trata de un derecho social garantizado por el Estado constitucionalmente. Pero donde manda el mercado ya no hay “servicios básicos”, porque en el caso del gas se trata de una mercancía que sólo puede comprar quien tiene los medios para hacerlo. Su suministro no está garantizado como un derecho social. Además, si alguien no puede comprar gas de una empresa privada “A”, puede comprarlo en la empresa “B”, porque se supone que en Chile existe libre competencia.

Ante esta realidad lógica en una economía como la que hay en el país, logramos que la inspección del trabajo rebajara los “servicios mínimos”. Fue en ese momento que comenzaron las amenazas empresariales y sus prácticas antisindicales en nuestra contra.

Las ilegalidades de la empresa

-¿Qué otras prácticas antisindicales cometió ilegalmente la empresa?

Antes que todo, a la presidenta del sindicato, Solange Bustos Guzmán, hace 6 meses que no le cancelan el sueldo en la Cobegas (filial de empresa Gasco), donde la inspección del trabajo demandó a la firma por práctica antisindical. O sea, desde mucho antes de votar la huelga y hacerla efectiva en Gasco GLP; y del arbitraje con el sindicato de empresas Gasco S.A. Por otra parte, y con el objetivo de atemorizar a los trabajadores, un día antes de la votación de la huelga en Gasco GLP, la firma despidió masivamente a trabajadores de Autogasco, la parte comercial de Gasco, sin previo aviso y de una manera absolutamente irregular. Pero a la empresa “le salió el tiro por la culata”. Los socios en vez de amilanarse, votaron la huelga con mayor convicción.

Asimismo, como en el plano de los llamados “servicios mínimos” ganamos en los tribunales del trabajo, la compañía demandó a la propia inspección del trabajo, dependiente del Ministerio del Trabajo. El resultado de esa acción legal aún está en curso.

En la misma línea antilaboral e ilegal, la empresa comenzó a reemplazar a trabajadores en huelga desde su primer día. En este caso, ante una falta gravísima según la reforma laboral, nosotros tuvimos que interponer demandas en los tribunales en contra de la firma.

Después la empresa apostó a que la gente se reincorporara a trabajar a los 15 días de la huelga, llamando personalmente a los empleados y a sus familias para ofrecer “arreglos” individuales. Nuevamente en los tribunales impedimos ese objetivo de la patronal. De todos modos, los socios movilizados no pensaban en reintegrarse a sus labores sin haber obtenido nada todavía.

Al día 18 de la huelga, la gerencia abrió la mesa de negociaciones con nosotros. Sin embargo, paralela y silenciosamente, los empleadores ingresaron una nueva demanda, esta vez, con la finalidad de quitarle el fuero sindical legal a la presidenta del sindicato. Esa situación jurídica todavía no termina.

Huelga en un sindicato y arbitraje en otro

Gasco se divide en dos empresas: Gasco S.A., que corresponde al cuerpo administrativo, y Gasco GLP, que es la parte operacional o de producción. Chile carece de gas propio para abastecer al mercado interno. Se le nombra parte productiva a los obreros que realizan las mezclas de las materias primas provenientes del extranjero a través de embarcaciones que arriban a la planta de Quinteros; llenan los cilindros de esa mezcla; y distribuyen a los clientes los cilindros en camiones y vehículos.

El precio del gas que llega al puerto en forma congelada, la empresa Gasco S.A. lo compra a un precio infinitamente más bajo que el gas que luego vende a otras firmas y a los consumidores en general.

-Paralelamente a la huelga de Gasco GLP, tú participaste del nominado “arbitraje” del Sindicato de Trabajadores de Gasco S.A., debido a que eres dirigente de un sindicato que agrupa a varios sindicatos de distintas empresas, pero del mismo rubro. ¿Por qué algunos trabajadores pueden ir a huelga, como Gasco GLP, y otros sólo a someterse a un arbitraje en los tribunales del trabajo, como Gasco S.A.?

En Chile los asalariados organizados de las denominadas “empresas estratégicas” no tienen derecho a la huelga porque serían “de utilidad pública”, como ya expliqué. Entonces lo que queda es ir a un proceso de arbitraje en los tribunales del trabajo. ¿Cómo funciona? Por un lado, el sindicato presenta un proyecto de contrato colectivo, y por otro, la empresa presenta otro distinto, frente a tres jueces arbitrales que resuelven mediante un solo fallo, que es único e inapelable, sin negociación formal. Cada parte debe argumentar punto a punto su proyecto colectivo.

Sin embargo, el proceso de arbitraje fue muy complicado. De hecho, los jueces nos emplazaron a llegar a un acuerdo con la empresa para que ellos no tuvieran que fallar definitivamente. Nuestro petitorio, como representaba los intereses de los trabajadores, contó con un porcentaje de beneficios más alto que el proyecto de los empleadores, que representaba sus intereses. Los jueces decidieron que un perito económico revisara ambos proyectos. No obstante, los números del resultado del peritaje no fueron correctos. Por ejemplo, arrojó bonos escolares de trabajadoras que no tienen hijos, abultando gastos artificialmente. El peritaje contabilizó aspectos que no existían o que ya estaban resguardados por la propia ley, siempre actuando en beneficio de la empresa. Por tanto, nosotros impugnamos el peritaje. Se hizo otro peritaje que sólo modificó cosméticamente al anterior. Lo importante es que el proyecto de la firma nos quitaba, al igual que lo intentaron hacer en la huelga de Gasco GLP, el piso obtenido por nosotros en negociaciones previas. Por eso los jueces nos dijeron que estaban complicados en dictar un fallo. Si aprobaban el proyecto de la empresa habrían violado la ley.

Ahora bien, el objetivo del arbitraje es evitar la huelga y facilitar la imposición de los intereses empresariales. Si nos quitan el derecho histórico y mundial a ir a huelga, pierde sentido la sindicalización.

-En terreno se percataron todas las partes del artículo que cautela que el proyecto colectivo debe comenzar con los beneficios ganados en el contrato anterior.

Sí. Allí nos dimos cuenta que quitar el piso mínimo o los beneficios adquiridos es una estrategia del empresariado a nivel nacional. Porque si los trabajadores hubiéramos aceptado el proyecto del empleador, sentábamos un pésimo precedente para el conjunto de los arbitrajes futuros. Habría sido acatar que de ahí en adelante, en los arbitrajes los asalariados tendríamos que empezar a pelear hasta por lo que ya habíamos conquistado en el contrato precedente.

Además, debido a nuestros argumentos, los árbitros “por fuera” obligaron a hacernos una oferta mejor que la original. Como también los jueces nos “recomendaron” estudiar la propuesta de la empresa porque, de lo contrario, el fallo final “sería terrible” para nosotros.

Finalmente, logramos los mismos beneficios conquistados en la huelga de Gasco GLP, más un bono a las trabajadoras de call center que tienen los sueldos más bajos de toda la empresa Gasco S.A. Y los jueces no fallaron nunca.

-En la experiencia concreta como dirigente sindical, ¿qué piensas de la reforma laboral?

Chile tuvo una de las clases trabajadoras más conscientes y organizadas de América Latina y el mundo, hasta el golpe de Estado de 1973. El aniquilamiento sistemático a sangre y fuego de la fuerza de los asalariados es ejemplo global para la clase patronal. En este sentido, no sólo la dictadura de Pinochet cumplió con creces su objetivo. Los gobiernos civiles desde 1990 no hicieron más que profundizar el mismo programa antilaboral. La finalidad es facilitar la explotación y la ganancia de los empresarios con los menos obstáculos posibles. Sólo en este contexto es posible comprender la reforma laboral (RL) de la administración gubernativa que se va en marzo. En otras palabras, si no tienes nada, hasta la sombra de algo parece mucho. Así y todo, sólo con la organización de los propios trabajadores, con fuerzas reales, lucha y unidad, podremos empezar a limitar los abusos empresariales.

En verdad, la RL judicializa la lucha sindical. Por ejemplo, la empresa Gasco nos objetó en los tribunales incluso nuestra condición de sindicato interempresa que agrupa a trabajadores de la industria del Gas, toda vez que estamos integrados por socios de las empresas Gasco, Centrogas, Cobegas, Autogasco y Metrogas.

Actualmente estamos defendiendo en los tribunales del trabajo entablar la negociación colectiva reglada para todos los trabajadores de las ramas de la Energía, Gas, Agua y Combustible, con el fin de armarnos mejor ante los grupos empresariales respecto de los pisos de negociación y poder incrementar los beneficios sindicales.