La presentación de la Ley de Programación Militar 2019/2025 por parte del ministro de las Fuerzas Armadas el 8 de febrero plantea serias cuestiones sobre el funcionamiento de nuestra democracia, cuentas públicas y seguridad.
1) Este proyecto de ley ya parece haber sido aprobado por el ejecutivo antes de las discusiones parlamentarias. Además, observamos que la Misión de Información Nuclear (o Paul Quilès, Bernard Norlain, Jean-Marie Collin) dirigida por los eurodiputados (Michel Fanget y Jean-Paul Lecoq) de la Comisión de Asuntos Exteriores, será inútil, ¡ya que sus recomendaciones se publicarán después de la votación sobre el LPM!
2) En un proceso muy poco transparente, la realidad de las sumas gastadas en disuasión no está clara. Así pues, se anuncia que «durante el período 2019-2023, el esfuerzo en favor de la disuasión ascenderá a unos 25 000 millones de euros». Sin embargo, la mayoría de las inversiones se realizarán en los años siguientes, con no menos de 12 000 millones de euros más. Esto representa un total de 37.000 millones, lo que representa un aumento de alrededor del 60% con respecto al LPM anterior (23.300 millones).
3) Estos anuncios en relación con la renovación de los sistemas de armas nucleares muestran que Francia está dando la espalda a los compromisos contraídos en 1992 en el Tratado de No Proliferación (TNP). Esta opción política refuerza la inestabilidad internacional y amenaza con anular el tratado. En un momento en que el Ministro de Asuntos Exteriores alemán Sigmar Gabriel pide a los europeos que pongan en marcha nuevas iniciativas para el desarme nuclear, es incomprensible que Francia no muestre el camino.
