Por Abdus Sattar Ghazali,

En Egipto se está desarrollando una hoja de parra de la democracia en medio de la persecución de la oposición, las ejecuciones masivas y la imposición del estado de excepción para dar amplios poderes para reprimir todo tipo de disidencia de un gobierno cuasimilitar del cliente estadounidense, el presidente Abdel Fattah Al-Sisi, que derrocó al primer presidente elegido democráticamente de Egipto, Mohammad Morsi, en julio de 2013.

Las elecciones presidenciales en Egipto están programadas para el 26 y 28 de marzo. Sin embargo, se ha desarrollado un complicado proceso electoral para garantizar que no haya ningún desafío significativo para el actual presidente Al-Sisi, que está buscando la reelección.

Para poder presentarse a la candidatura presidencial, un candidato debe recoger 25.000 firmas de electores de 15 provincias (con al menos 1.000 firmas de cada zona) o las firmas de 20 miembros del parlamento pro-Al-Sisi.

El 23 de enero, el ejército detuvo al candidato presidencial Sami Anan, ex jefe de las fuerzas armadas egipcias. Anan fue acusado de cometer violaciones que «garantizan la investigación oficial», según el Comité Supremo de las Fuerzas Armadas (SCAF).

El ejército dijo que el hombre de 69 años no había obtenido la aprobación del ejército para presentarse a la presidencia y lo acusó de intentar dividir a las fuerzas armadas y a los ciudadanos egipcios.

Amnistía Internacional ha descrito el arresto de Anan como «un atentado contra los derechos a la participación pública y la libertad de expresión» en Egipto.

«Parece que Sami Anan ha sido detenido porque se le considera un serio competidor» contra Al-Sisi, ha declarado Najia Bounaim, directora de campañas de Amnistía Internacional en el norte de África.

«Esta no es la primera vez que se ha impedido a un contendiente competir contra el titular».

De hecho, un puñado de aspirantes presidenciales han abandonado sus campañas en las últimas semanas.

El plan del ex Primer Ministro Ahmed Shafik de presentarse a las elecciones fue efímero después de que retiró su candidatura potencial a principios de este mes. «Me di cuenta de que no sería la persona ideal para dirigir al estado durante el próximo período», dijo Shafik en una declaración publicada en Twitter. Uno de los abogados de Shafik acusó al gobierno egipcio de presionar al señor de 76 años amenazando con volver a investigar las anteriores denuncias de corrupción en su contra.

Timothy Kaldas, compañero no residente del Tahrir Institute for Middle East Policy, dijo a Al-Jazeera que el gobierno de Sisi ha «hecho que sea tan insostenible e indeseable y tan peligroso presentarse a las elecciones» para la presidencia hoy en día, que es «bastante desalentador para cualquiera que pueda considerar seriamente» la idea.

También dijo que el gobierno egipcio parece despreocupado por si alguien considera las elecciones creíbles. «La pregunta es: ¿qué es peor, una farsa convincente o una farsa transparente?», dijo Kaldas.

En diciembre, Ahmed Konsowa, coronel del ejército egipcio, fue condenado a seis años de prisión tras anunciar su intención de presentarse a la presidencia. Konsowa fue acusado de «expresar opiniones políticas contrarias a los requerimientos del orden militar», dijo su abogado.

Otro candidato potencial de alto perfil, Mohamed Anwar el-Sadat, sobrino del ex presidente asesinado de Egipto, Anwar Sadat, también canceló recientemente su campaña. Un portavoz de la campaña de El-Sadat dijo a Reuters que al menos tres hoteles de El Cairo se negaron a alquilar a El-Sadat un espacio desde el cual lanzar oficialmente su candidatura y las imprentas se negaron a imprimir su manifiesto de campaña. «Es una campaña sistemática para matar a los candidatos. Lo llamo un proceso de asesinato político», dijo Osama Badie a la agencia de noticias.

Egipto amplía el estado de emergencia

La elección presidencial se realizará bajo el estado de emergencia que se prorrogó el 2 de enero. Egipto ha prorrogado por otros tres meses el estado de emergencia a nivel nacional, citando razones de seguridad.

No es de extrañar que la agencia de noticias estatal MENA dijo que la medida fue tomada para permitir a las fuerzas de seguridad «tomar (medidas) necesarias para enfrentar los peligros y el financiamiento del terrorismo y salvaguardar la seguridad en todas las partes del país».

Las autoridades egipcias impusieron por primera vez un estado de emergencia a nivel nacional en abril de 2017, después de que los atentados con bombas en dos iglesias mataran al menos a 45 personas. En julio y octubre del año pasado se anunciaron prórrogas similares.

La medida otorga al presidente, y a quienes actúan en su nombre, la facultad de remitir a los civiles a los tribunales de emergencia de seguridad del Estado durante el período de tres meses.

No hay un proceso de apelación para los veredictos de la Corte de Emergencia de Seguridad del Estado.

También le permite al presidente interceptar y monitorear todas las formas de comunicación, imponiendo censura previa a la publicación y confiscando publicaciones existentes, imponiendo un toque de queda u ordenando el cierre de establecimientos comerciales, secuestro de propiedades privadas, así como designando áreas de evacuación.

Las medidas de emergencia permiten a las fuerzas de seguridad detener a personas durante cualquier período de tiempo, prácticamente por cualquier motivo. También otorgan amplios poderes para restringir las reuniones públicas y la libertad de prensa.

Human Rights Watch

Las elecciones presidenciales se celebrarán en un ambiente de indomable represión.

Human Rights Watch dijo el 18 de enero que el gobierno del presidente Abdel Fattah al-Sisi durante 2017 observó pocas fronteras en su indomable represión de todas las formas de disensión. Mientras que el país se enfrentaba a importantes amenazas de seguridad y ataques de grupos armados, el gobierno introdujo una serie de leyes represivas, restableció el estado de emergencia abusivo y envió a miles de civiles a tribunales militares que, junto con tribunales civiles, dictaron decenas de sentencias de muerte en juicios con fallas, dijo Human Rights Watch en su Informe Mundial 2018.

Es poco probable que Al-Sisi se enfrente a un grave desafío para un segundo mandato en las elecciones presidenciales de 2018, previstas para marzo y abril. Su gobierno controla rigurosamente los medios de comunicación locales, procesa a periodistas y activistas críticos, y mantiene una política de tolerancia cero para ejercer el derecho a la reunión pacífica, eliminando efectivamente los requisitos básicos para unas elecciones justas.

«Al revisar el historial de Egipto en 2017, parece que aplicar la violencia y la represión para diezmar el estado de derecho y la oposición pacífica es el principal logro de al-Sisi», dijo Sarah Leah Whitson, directora de Oriente Medio de Human Rights Watch. «La represión del gobierno continuará sofocando las aspiraciones y derechos legítimos de los ciudadanos».

De manera reveladora, bajo la supervisión de Al-Sisi, 109 personas habían sido condenadas a muerte en 2013, 509 en 2014, 538 en 2015 y 237 en 2016.

Expertos de la ONU piden a Egipto que detenga las ejecuciones

Egipto debe detener las ejecuciones hasta que haya revisado todas las sentencias de muerte y reintente cualquier condena que se encuentre en juicios injustos, dijeron el 26 de enero cinco expertos independientes en derechos humanos de la ONU. «Hemos planteado múltiples casos específicos a las autoridades egipcias y seguimos recibiendo más. A la luz de estas graves y persistentes denuncias, instamos al Gobierno a que detenga todas las ejecuciones pendientes», dijeron los expertos en una declaración.

Los expertos fueron José Antonio Guevara Bermúdez, Agnes Callamard, Bernard Duhaime, Nils Melzer y Fionnuala D. Ní Aoláin, que informaron al Consejo sobre la detención arbitraria, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la tortura y la protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo.

«Estamos particularmente preocupados por un patrón aparentemente continuo de condenas de muerte dictadas sobre la base de pruebas obtenidas mediante tortura o malos tratos, a menudo durante un período de desaparición forzada», dijeron.

Las ONG instan a Egipto a revocar las sentencias de muerte

Cincuenta y cuatro organizaciones no gubernamentales emitieron el miércoles (24 de enero) una declaración conjunta instando a Egipto a revocar las sentencias de muerte dictadas después del golpe militar de 2013.

Las ONG turcas y egipcias pidieron a las instituciones internacionales públicas e internacionales de las que Egipto forma parte -incluidas las Naciones Unidas, la Organización de Cooperación Islámica (OCI) y la Unión Africana- que impidan que se lleven a cabo las ejecuciones.

«Es responsabilidad de todos impedir la ejecución de las condenas a muerte de estas personas, la mayoría de las cuales son jóvenes presos políticos», dijo la declaración.

El cliente estadounidense, General Abdel-Fattah al-Sisi (que más tarde adoptó el título de Mariscal de Campo) derrocó a Mohamed Morsi, el primer presidente libremente elegido del país, en un golpe militar de 2013 tras un año en el poder.

Entre las ONG reunidas en Estambul, 10 eran egipcias.

La declaración agregó que la mayoría no estaban involucrados en la violencia y eran activistas pacifistas, eruditos o periodistas.

Abdus Sattar Ghazali es el editor jefe del Journal of America (www.journalofamerica.net). Es autor de varios libros, entre ellos Islam & Muslims in the 21st Century, publicado en 2017.