el Ministerio Público desistió de las acusaciones aplicando el Principio de Oportunidad, que le permite abandonar un proceso penal cuando el hecho delictivo no afecta el interés público.
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Marcela Rodríguez, de 29 años de edad, corría el riesgo de sufrir una pena de 300 días de prisión y pagar una multa de una Unidad Tributaria Mensual si no reconocía su “culpabilidad”. Esto, desde que fue arrestada, el 13 de mayo pasado, junto con otras diez personas, cuando cubría una manifestación en Temuco contra el proyecto hidroeléctrico “HydroAysen”. El 20 de junio la Corte de Apelaciones de Puerto Montt (sur) ordenó la suspensión temporal del polémico proyecto, con el que se pretende instalar cinco centrales de 2.750 megawatts.
“La casi coincidencia de estas dos decisiones de la justicia, ¿significa un paso hacia un debate tranquilo sobre las cuestiones medioambientales en la sociedad chilena? El hecho de que se hayan retirado los cargos contra Marcela Rodríguez debe marcar el fin de un tabú sobre un importante tema de interés público. Es en nombre de este principio y del derecho legítimo de informar, que Reporteros sin Fronteras se ofreció como garante de la joven y apoyó el recurso presentado el 21 de junio, en vísperas de su exoneración, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, declaró la organización.
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