La idea de soberanía popular dice que el poder emana del pueblo, como está descrito en la Constitución Federal de 1988. Cuando ocurre homicidios, y los demandados son juzgados por un jurado popular, entra en juego ese concepto de soberanía.

El sistema político brasileño se divide en tres poderes. El legislativo, representado en el ámbito federal por el Senado y la Cámara de Diputados. Ejecutivo, a nivel nacional está representado por la figura del presidente de la república. Y el judicial, teniendo por cúpula el STF, y capitaneado por su propio presidente.

De los tres poderes, sólo dos tienen la vía electoral como forma de constitución de sus miembros. Hay elecciones para presidente, diputados y senadores. Pero no para Ministros del STF, éstos son indicados por el propio presidente y confirmados por el Senado Federal. Es decir, el presidente indica y los senadores confirman o no la elección del jefe del ejecutivo. Para el sistema judicial, los concursos públicos, tanto para los jueces de primera instancia, como para los de segunda.

Bolivia es uno de los selectos países del mundo en que se producen votaciones para los más altos cargos del poder judicial. En el país vecino, el pueblo va a las urnas a elegir a 26 titulares de cargos y 26 suplentes, en un total de 52 cargos. Elegir los jueces para los órganos – Tribunal Agroambiental, Consejo de Magistratura, Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo de Justicia. Los jueces de primera instancia deben pasar por concursos.

Los elegidos tienen derecho a un mandato de seis años, sin poder reelegirse. Para poder postular, es necesario ser abogado y ser aprobado por el poder legislativo que divulga la lista final de los candidatos a jueces.

El sistema trae la posibilidad de que jueces de diversas localidades puedan elegirse, como aquellos de etnias indígenas, generando así una mayor representatividad. Además de que los mismos tienen que rendir cuentas con la población y no pueden sentirse como superhéroes pertenecientes a una casta privilegiada y que toman medidas impopulares sin preocuparse de lo que la gente piensa al respecto, sólo debiendo favores a quién indicó, como es el caso de los ministros del STF.