Las elecciones catalanas atípicas, impuestas desde el gobierno español del PP –“organización criminal” en palabras del líder de Podemos Pablo Iglesias, habida cuenta de su entramado histórico de corrupción– han llevado al Partido Popular al grupo mixto del “Parlamet” en los peores resultados de su historia.
No se trataba de unas elecciones normales, sino de una imposición decretada por el gobierno de Rajoy tras la aplicación del artículo 155, que supuso la intervención del estado español en el gobierno autónomo de Cataluña, a partir de la cual se destituyó al presidente Puigdemont y se encarceló a varios representantes sociales y políticos, entre los que se encuentra el vicepresidente Oriol Junqueras.
En el proceso electoral, la parcialidad de la Junta Electoral ha sido notoria. Mientras los medios de comunicación públicos catalanes han sido observados con lupa por la Junta, en varios medios españoles se ponía de manifiesto una bajada extrema de la calidad informativa, convertida en burda propaganda, más propia de una cancha futbolística que de cualquier medio que se denomine informativo. Resta decir que son varios los medios con este comportamiento, pero por supuesto no todos.
Si las encuestas electorales previas vienen dando falsos errores, la propaganda excesiva crea también ilusiones falsas en los devotos fanatizados y, entre ellos los propios líderes políticos. Las declaraciones en la noche electoral la Candidata del partido Ciudadanos fueron un buen ejemplo, haciendo afirmaciones sobre los resultados que ponían de manifiesto su desinformación, así como una visión ilusoria sobre los posibles pactos o no pactos para formar gobierno.
“Inés Arrimadas, la ganadora con menos porcentaje de voto de la historia” titula La Vanguardia 22-12-2017 14:22h. En efecto, los partidos españolistas apelaron en muchas ocasiones a la movilización de la “mayoría silenciosa”. Pues bien, la participación en las elecciones catalanas ha sido la más alta de su historia, con un 81,95%.
De otra parte, cabe considerar que tanto PSC como C’s y PP hicieron su campaña pensando en agradar a España más que a Cataluña, lo cual augura un relevo en la derecha española, al estilo Macron de Francia, de acuerdo con la tendencia general europea.
La estrategia del frente independentista de concurrir en listas separadas resultó acertada para sus objetivos, pues han sumado cerca de un centenar de miles de votos a los obtenidos en 2015 que les permitirá revalidar su mayoría absoluta en el Parlament.
En este contexto tan polarizado, “Catalunya en Comú”, el único partido equidistante con los nacionalismos, tanto español como catalán, se ha visto perjudicado en los resultados. Xavier Domenech, lider de la formación, se mostró consciente de esto a priori, pero optó por mantener la coherencia de sus postulados antes que por el “resultadismo”, lo cual le otorga una perspectiva de futuro más profunda que a sus oponentes. A pesar de la pérdida de votos ha obtenido 8 significativos escaños, a mucha distancia de los dos útimos: la CUP y el PP que compartirán el grupo mixto con 4 y 3 escaños respectivamente.
A partir de aquí, no se espera una rectificación por parte del poder fáctico español, pues en su debilidad manifiesta es fácil que siga utilizando la violencia y la represión al estilo de las viejas dictaduras de toda la vida. Ha dado muestra de ello este mismo viernes.
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha imputado al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y a la número dos por ERC, Marta Rovira, en la causa por rebelión, sedición y malversación que investiga por los pasos dados por el Govern depuesto hacia la independencia unilateral. También se encuentran entre los nuevos investigados la presidenta del grupo parlamentario de la CUP, Mireia Boyá, su portavoz, Anna Gabriel, la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, y la presidenta de la AMI, Neus Lloveras i Massana.
En un auto notificado este viernes, el juez comunica la existencia del procedimiento a estos nuevos investigados, así como las sospechas que sobre ellos se ciernen, con instrucción de los derechos que les asisten de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y la posibilidad de ejercerlos de forma inmediata. De forma parelela, la Fiscalía del alto tribunal ha pedido que se cite también como investigados al exmayor de los Mossos Josep Lluis Trapero y el secretario general de Vicepresidencia Josep María Jové.