El Parlamento islandés, en una cerrada votación de 33 votos contra 30 decidió emprender acciones legales contra el que fuera máximo responsable de guiar las riendas de la isla volcánica.

La comisión de investigación creada para designar responsabilidades en el hundimiento del país en la crisis más grande jamás vivida por el pueblo islandés, ha presentado cargos contra Geeir Harrde, socialdemócrata que ocupaba el puesto de primer ministro en 2008, momento del colapso y quiebra de los 3 bancos más importantes del país. Su accionar en el cargo es considerado temerario e irresponsable, ya que desoyó las advertencias recibidas por el Banco Central y continuó con la ruleta especulativa.

La isla, que tuvo que pedir el rescate al Fondo Monetario Internacional, tiene deudas por valor de 4 mil millones de euros, un tercio de su Producto Interior Bruto. El pueblo islandés ha rechazado dos propuestas formuladas por el Parlamento para el pago de esas deudas tomadas por entidades privadas y que luego de la bancarrota fueron nacionalizadas.

La receta neoliberal de privatizar los beneficios y nacionalizar las deudas ha sido votada en referéndum en dos ocasiones, ya que el presidente de la república se negó a aceptar los planes onerosos de endeudamiento para cada ciudadano. En ambos casos la negativa de la población a pagar las deudas contraídas con los gobiernos holandés y británico complican la ansiada entrada en la Unión Europea.

Único país en el mundo en llevar al banquillo de los acusados a políticos y banqueros por actuaciones temerarias, la comisión investigadora creada a tal efecto es un modelo excelente para aplicar en otros países en eclosión financiera.

El Parlamento islandés, sin embargo, se ha mostrado timorato y conservador, promoviendo la adquisición de deudas a largo plazo para hacer buena letra frente a los vecinos europeos, persiguiendo la aprobación para su entrada a la zona euro. A su vez ha permitido evitar el enjuiciamiento de otros exfuncionarios también acusados por la comisión investigadora.

El caso de Haarde será tratado por el tribunal especial encargado de casos que implican a miembros del gobierno, el Landsdómur, que actuará por primera vez en la historia islandesa.

Por su parte, el acusado y sus abogados consideran “escandalosos” los cargos que se le imputan y “una farsa” estos juicios, que podrían, por fin, echar luz sobre el funcionamiento de los gobiernos y sus complicidades con la especulación financiera y sentar un antecedente preocupante para la clase política que da la espalda a sus electores para favorecer a intereses privados.