En Argentina se desarrolla del 7 al 13 de diciembre la Semana de Acción Global contra la Organización Mundial de Comercio (OMC), articulada por diferentes organizaciones y movimientos sociales de numerosos países que se juntan para enfrentar la agenda neoliberal impulsada desde la XI Conferencia Ministerial de la OMC a realizarse también en el país suramericano impulsada por Mauricio Macri.
El gobierno confeccionó una “lista negra” de personas que no podrían ingresar al país. Así lo explicaba un comunicado de la cancillería argentina: “El equipo de Seguridad de la organización de esta Conferencia Ministerial anticipó a la OMC la existencia de algunos inscriptos, registrados por dicha Organización en nombre de algunas ONG’s, que habían hecho explícitos llamamientos a manifestaciones de violencia a través de las redes sociales, expresando su vocación de generar esquemas de intimidación y caos”.
Las primeras víctimas de este supuesto estigma de llamado a la violencia fueron el noruego Petter Titland, de la organización Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana (ATTAC), quien consiguió que fueran repatriados a su país miles de millones de dólares que se habían fugado a paraísos fiscales y la directora de la Agencia Latinoamericana de Información, Sally Burch.
Si bien el gobierno ecuatoriano hizo las gestiones necesarias para evitar la deportación de Burch, quien cuenta con la nacionalidad de Ecuador, el gobierno argentino se mostró intransigente y fue deportada al Perú desde donde se esperaba que siguiera camino hacia el Ecuador.
Incluso el equipo legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) habían obtenido una orden judicial para que Burch pudiera ingresar al país, aunque cuando ella ya estaba arriba del avión que la llevaba a Lima. Las autoridades argentinas admitieron haber considerado algunas publicaciones en redes sociales como «incorrectas» y por eso se confeccionó el listado de personas que podrían entrar a la República Argentina.
Entre el estupor y un férreo control policial se realizan las actividades previstas donde se analiza qué tipo de declaraciones y acciones realizar para manifestar el profundo rechazo a las decisiones antidemocráticas que toma el gobierno de Mauricio Macri a diario.
