Un nuevo capítulo de la persecución política a la oposición en la Argentina se desató en la madrugada de hoy, cuando fueron detenidos el exsecretario Legal y Técnico del gobierno de Cristina Fernández, Carlos Zannini, el dirigente social, Luis D’Elía y se dictó la detención de la expresidenta y de su canciller, Héctor Timmerman.
El juez Claudio Bonadío consideró que las cinco desestimaciones previas de diferentes jueces no importan y determinó que el Memorándum que aprobó el Congreso argentino para negociar con Irán una serie de medidas tendientes a la investigación y juzgamiento del Atentado contra la Mutual Israelita y la DAIA en la Argentina, forman parte de un delito de “traición a la Patria”, un delito que figura en la Constitución Argentina solo contemplado para épocas de guerra o de estado de excepción.
El Memorándum de Entendimiento con la República Islámica de Irán buscaba permitir que el fiscal de la causa AMIA pudiera viajar al país asiático y tomar declaración a los inculpados del atentado, además de crear una comisión internacional para el esclarecimiento de la muerte de las más de 80 víctimas de la masacre acaecida en 1994.
Si bien el Congreso argentino lo aprobó, nunca entró en vigencia al no haber sido aprobado por el parlamento persa. Para poder encarcelar a Cristina Fernández sería necesario que dos tercios del Senado decidiera retirarle los fueros parlamentarios, algo que se vislumbra impensable.
Madres de Plaza de Mayo había convocado para este mediodía una nueva edición de la Marcha de la Resistencia en defensa del trabajo en la Argentina. Diferentes organizaciones políticas se plegarán a lo largo de las 24 horas que dura el evento convocados a la defensa del estado de derecho en el país, avasallado de manera intolerable en democracia.
