La desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado y el asesinato por la espalda del joven Rafael Nahuel en un operativo de Prefectura, no son casos aislados. La violencia contra la protesta social se ha desatado en la Argentina y ha sido avalada e incentivada desde el Poder Ejecutivo.

La vicepresidenta de la nación, Gabriela Michetti, aseguró que son las fuerzas de seguridad las que deben contar con “el beneficio de la duda en su accionar” y el ministerio de Seguridad aprobó que las fuerzas puedan incumplir las órdenes de un juez y que la palabra de los uniformados representa para el ministerio “la verdad”.

En la provincia de Neuquén, ayer se manifestaron un millar de trabajadores estatales, enrolados en el sindicato ATE. Tras una orden proveniente del gobierno de la provincia, que encabeza Omar Gutiérrez (Movimiento Popular Neuquino), la policía de la provincia los reprimió con extrema violencia.

El reclamo ocurría a escasos 700 metros de la gobernación en el centro de la ciudad de Neuquén y 70 trabajadores resultaron heridos, varios de ellos teniendo que ser hospitalizados por los balazos recibidos.

Les dispararon a quemarropa, a algunos a menos de 50 centímetros y en muchos casos apuntando a lugares sensibles de la anatomía, incluyendo el rostro. Los trabajadores le recordaron a los medios de comunicación que el ministro de Seguridad de la gestión de Gutiérrez, Jorge Lara, responsable directo de la represión, ejercía el mismo cargo en abril de 2007, cuando la policía neuquina asesinó al docente Carlos Fuentealba con una granada de gas lacrimógeno lanzada desde menos de 2 metros.

Los trabajadores hospitalarios encontraron entre sus ropas casquillos de balas de plomo, no saben si como forma de amenaza o porque dispararon balas mortales durante la represión.

Las medidas de fuerza se vienen manteniendo desde hace 30 días, aunque la discusión sobre el convenio de trabajo del sector se sostiene desde hace 11 años, sin haber llegado a un acuerdo. Ahora sobre los trabajadores se cierne el fantasma de una propuesta de privatización del sistema de salud, lo que repercutiría de manera negativa en sus condiciones laborales y retrotraería todas las negociaciones emprendidas durante décadas.

Con información de Tiempo Argentino.