La aparición sin vida del cuerpo de Santiago Maldonado fue un golpe muy duro para buena parte de la sociedad argentina. Los mensajes que emanan de ese hecho fatídico hielan la sangre y perturban la percepción de los acontecimientos.

Todavía no hay certezas científicas y, lamentablemente, la Argentina ha perdido toda confianza en que podamos llegar a pruebas concluyentes en cualquier sentido, viendo cómo es posible forzar las interpretaciones de unas pericias para acomodar los resultados en favor de las versiones que más convengan a los poderes de turno.

Si el cuerpo fue plantado en el lugar donde apareció, el mensaje mafioso es siniestro y muestra que las fuerzas de seguridad están dispuestas a cometer actos criminales. La aberrante utilización política que realizó el gobierno del descubrimiento, de su identificación y de las sospechosamente apresuradas declaraciones del juez Lleral para confirmar que el cuerpo no contaba con lesiones visibles antes de las elecciones, marcaron el resultado.

La represión ilegal en Cushamen de la que derivó la muerte de Santiago Maldonado y su desaparición por casi 80 días, estremecen. Como estremece la detención arbitraria de Milagro Sala, ya pasaron 657 días en los que se la ha torturado y contrariado todo el código procesal argentino e internacional. Su vida sigue en peligro y las últimas decisiones del juez Pullen Llermanos, como filmarla las 24 horas del día, solo buscan socavar su dignidad y provocar un agravamiento de sus malestares físicos y psicológicos.

Los personajes demonizados durante años por las corporaciones mediáticas, por delitos infundados o simplemente por posicionamientos ideológicos, ahora se encuentran enfrentando procesos judiciales, de los que se espera condenas igual de severas que las recibidas en los platós de televisión. La culpabilidad tiene mucha audiencia.

Culpables son, aunque los juicios todavía no hayan comenzado y por eso están en prisión el empresario santacruceño Lázaro Báez, presentado como testaferro de la familia Kirchner, aunque su socio principal era el primo (y testaferro) del presidente Mauricio Macri; pero también el exsecretario de obras públicas, José López o el diputado y exministro Julio De Vido, para quien se dispuso una puesta en escena en el Congreso de los Diputados donde los legisladores pudieran vaciar sus cargadores de injurias y prejuicios en cadena nacional y el gobierno pudiera mostrarle a sus seguidores que se estaba “haciendo justicia”.

Justicia, ¡qué palabra! Porque el Poder Judicial es el que más se ha visto agredido durante el gobierno de Macri. Primero porque nombró dos jueces de la Corte Suprema por decreto, pero también por la presión ejercida sobre el presidente del máximo tribunal de parte de la agencia de inteligencia argentina y su principal operadora, la copresidenta, la diputada Elisa Carrió, quien arrasó en las urnas en octubre llevándose más del 50 % de los votos en su distrito.

El juez Luis Arias fue apartado de su cargo por ser considerado un juez díscolo, un juez independiente y que no acata las directivas emanadas desde el ministerio de justicia o la casa presidencial. Tampoco seguía esas directivas la Procuradora General de la Nacional, Alejandra Gils Carbó, quien desbordada por las amenazas de muerte permanentes que recibe su familia presentó su renuncia, sellando en ese acto el final del estado de derecho en la Argentina.

Situación propicia que fue aprovechada por el oficialismo para decidir detener al exvicepresidente Amado Boudou y de paso divulgar las fotos de su detención: descalzo, esposado y sospechado de poder entorpecer en la investigación, luego de cinco años de estar imputado y con casi dos años fuera de todo cargo político. Pero también el exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno fue condenado de por vida para no poder ejercer cargos públicos por haber sostenido que el diario Clarín de la Argentina, “Miente”…

La lista de futuros detenidos es fácil de elaborar, solo alcanza con revisar las tapas de los diarios y ver quiénes fueron declarados culpables, antes incluso de que se presentaran denuncias en su contra. Pero lo que nos deja intranquilos, es que también pueden ser detenidos ilegalmente aquellas personas que aparezcan, o no, en el futuro en las tapas de los diarios. Los que como Maldonado se sumen solidariamente a reclamos de justicia o a los que los policías infiltrados detengan por estar en el momento equivocado, en el lugar incorrecto.

Esa lista la podemos integrar cualquiera de nosotros. Esa es la democratización de la inconstitucionalidad. Todos vamos a ser avasallados por los derechos cercenados, por las afectaciones económicas, por el endeudamiento masivo y por los recortes en salud, educación, jubilaciones y servicios sociales. Sí se puede ir contra las leyes, las normas y el orden institucional. La alegría no es solo brasilera.