Los chilenos quieren un Estado presente, que garantice los servicios básicos a toda la población, con derechos sociales universales. Ello revela el cansancio con el modelo económico vigente y, especialmente, con las políticas sociales que han impuesto el lucro empresarial en la salud, la educación y la previsión. Y, también, la insatisfacción con un Estado que se limita a entrega atención social focalizada, con escasos recursos, a la población en extrema pobreza.
Los chilenos quieren el término de la focalización en salud y educación y un sistema estatal para la previsión, según una encuesta presencial, aplicada a 803 hombres y mujeres mayores de 18 años, en las ciudades de Santiago, Valparaíso y Concepción. La encuesta, realizada por la Universidad Alberto Hurtado y Emol, es el fundamento para el estudio de Chile Dice sobre la actual realidad de nuestro país.
Las conclusiones del estudio destacan que los chilenos “…abogan por un Estado universalista más que uno focalizado” y demandan que éste “funcione como un garante de algunos mínimos sociales”. Además, “se busca un Estado que ejerza mayor control efectivo –no sólo una fiscalización– sobre los principales problemas de la sociedad”.
Los chilenos quieren un Estado presente, que garantice los servicios básicos a toda la población, con derechos sociales universales. Ello revela el cansancio con el modelo económico vigente y, especialmente, con las políticas sociales que han impuesto el lucro empresarial en la salud, la educación y la previsión. Y, también, la insatisfacción con un Estado que se limita a entrega atención social focalizada, con escasos recursos, a la población en extrema pobreza.
La salud pública, con recursos fiscales, siempre insuficientes, para los sectores de extrema pobreza, nos muestra largas filas de enfermos, médicos mal pagados, y un AUGE de implementación confusa. Pero, al mismo tiempo, existe el negocio privado, de las Isapres, para las familias de altos ingresos, con clínicas tecnológicamente sofisticadas. Salud para ricos y para pobres. Una política de salud para ampliar las diferencias de clase en nuestra sociedad.
Por otra parte, en la educación, existe una segregación radical, según el origen de clase de las familias. Con escasos recursos fiscales para las escuelas públicas, la enseñanza es de mala calidad. Pero, paralelamente, existe una educación privada para las familias de altos ingresos y, también, se han multiplicado los establecimientos de enseñanza básica y media de carácter privado, pero con subvención estatal, para los sectores de clase media.
Así las cosas, los niños pobres tienen asegurada la pobreza, los de clase media viven un futuro incierto y los hijos de familias ricas tienen garantizadas las mejores universidades en Chile y en el extranjero. Se renuncia así al concepto de escuela, como el lugar donde se construyen vínculos sociales, donde se reconoce al diferente, donde nace el ejercicio de la democracia. A ello se agrega el hecho que las universidades chilenas, tanto públicas como privadas, son las más caras del mundo, con el agravante que son financiadas por las familias de los jóvenes universitarios, que los obliga en su gran mayoría a endeudarse.
Finalmente, sufrimos un sistema previsional extremadamente injusto, que obedece a una lógica empresarial antes que social, cuyo fundamento es la capitalización individual del trabajador, donde el empresario no efectúa aporte complementario alguno. El sistema de las AFP entrega altas ganancias a las administradoras, pero pensiones miserables para ancianos pobres y sectores de ingresos medios. El rechazo a este sistema ha crecido en el último tiempo, con un cuestionamiento radical a la capitalización individual y a la administración por las AFP.
El tratamiento distinto que se brinda a la población chilena en educación, salud y previsión, según diferencias de ingresos, es éticamente cuestionable, políticamente insostenible e impide fortalecer las capacidades formativas de todos los chilenos. Así las cosas, la política social se ha convertido en un jugoso negocio y, además, ha favorecido la ampliación de las desigualdades entre los chilenos.
Las movilizaciones estudiantiles, primero el 2006 y luego el 2011, instalaron el rechazo al lucro en la educación y el mejoramiento de su calidad. Reivindicaron la educación como un derecho y repudiaron la tesis que era un bien de consumo, transable en el mercado. Gracias a esas demandas, el gobierno de la Presidenta Bachelet ha impulsado una reforma educacional, la que, sin embargo, ha causado la indignación de la derecha y de todos aquellos empresarios que lucran con la enseñanza.
El término del lucro en la salud, la educación y la previsión, así como la erradicación del tratamiento focalizado a los más pobres es un desafío fundamental para construir una sociedad con mayores equilibrios sociales y, al mismo tiempo, para avanzar a etapas superiores del desarrollo económico de nuestro país.
En consecuencia, el estudio Chile Dice es bienvenido y no hace más que confirmar el rechazo de la ciudadanía a las políticas sociales que han caracterizado a nuestro país en los últimos cuarenta años. Al mismo tiempo, el estudio pone de manifiesto la demanda ciudadana por una sociedad más justa, que termine con el lucro en la salud, educación y previsión, exigiéndole al Estado que entregue derechos sociales universales a todos los chilenos.
