Por Darío Aranda

Criminalización, cárcel, represión y despojos territoriales. Los pueblos indígenas de Argentina reciben el 12 de octubre con un clima de tensión y preocupación, pero también con la decisión de exigir el cumplimiento de sus derechos y en lucha contra las actividades extractivas que amenazan sus territorios (minería, petróleo, forestales, agronegocio). Por ello, fueron convocados marchas y actos en Jujuy, Tucumán y Buenos Aires

El 12 de octubre de 2009, en Tucumán, un empresario y dos policías retirados (Darío Amín, Humberto Gómez y José Valdivieso) llegaron hasta la comunidad diaguita Chuschagasta. Querían hacerse del territorio indígena. Asesinaron de un disparo al comunero y autoridad ancestral Javier Chocobar. El momento del homicidio está filmado. A ocho años del crimen, aún no hubo juicio y los acusados están en libertad.

“Justicia para Javier Chocobar y para todos los pueblos originarios. Estuvimos, estamos y vamos a seguir defendiendo nuestro territorio siempre”, advierte el comunicado de la comunidad Chuschagasta, que hoy moviliza junto a otras comunidades diaguitas en la capital tucumana.

Foto Andhes

Situación similar se da en Formosa, donde el 23 de noviembre de 2010 la policía provincial reprimió a la comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera), asesinó la abuelo qom Roberto López. Ningún funcionario del gobernador Gildo Insfrán fue investigado y el Poder Judicial sólo procesó a las víctimas de la represión (los qom). Ninguno de los policías que participaron de la represión está acusado. El asesinato sigue impune.

En la misma provincia, el wichí Agustín Santillán está preso desde hace seis meses. Organismos de derechos humanos denuncian que le armaron 28 veinte causas por organizar a las comunidades indígenas y exigir el cumplimiento de derechos. “Me meten preso por reclamar. Me meten preso porque quieren ocultar la pobreza”, señaló Santillán en un carta de abril pasado. Amnistía Internacional y el CELS viajaron a Formosa en septiembre, pero el juez Marcelo López Picabea impidió que lo vean. “Esta arbitraria denegación constituye un indicador más del proceso de hostigamiento y persecución que las autoridades de la provincia de Formosa vienen llevando adelante contra Agustín Santillán”, denunció Amnistía Internacional.

Agustín Santillán. Foto La Retaguardia

En los últimos meses hubo hechos de violencia contra indígenas en Misiones (comunidad Chapa’í, de San Ignacio), Salta (comunidad Sin Fronteras), Jujuy (comunidad Tilquiza), Corrientes (comunidad  guaraní Jahaveré), y Neuquén (Lof Campo Maripe y Fvta Xayen). En paralelo, la Cámara de Diputados demora la prórroga de la Ley 26160 (el oficialismo intentó frenarla en Senadores, pero finalmente tuvo media sanción).

El quite a las retenciones a la megaminería, la baja a los productos agropecuarios, el incumplimiento de la ley de bosques y glaciares, y la persecución al Pueblo Mapuche acentuaron el extractivismo y la avanzada sobre las comunidades.

“Hay una continuidad y agravamiento de la situación en nuestros territorios. Se ha fortalecido la injerencia de las empresas mineras, de turismo y otras extractivas. Los derrames de cianuro provocados por la Barrick Gold sigue sin resolverse. Se producen lingotes de oro para otros países y no comida para los sanjuaninos”, cuestionó Paz Argentina Quiroga, autoridad espiritual de comunidad warpe de San Juan. Afirmó que hace falta una “autocrítica” de los pueblos indígenas para evitar la cooptación de los gobiernos de turno. A pesar de las dificultades, afirmó: “Los pueblos indígenas seguiremos defendiendo la vida”.

En Jujuy, los pueblos originarios realizaron la “Segunda marcha del agua y la vida de nuestros territorios”. Se movilizaron desde distintas puntos de la provincia para confluir hoy en San Salvador. Repudian la política del gobernador Gerardo Morales, entre ellas su alianza con las multinacionales mineras (de oro, plata y litio, entre otras) y denuncian la Ley 5915, conocida como “de servidumbre” para el paso de electroductos y proyectos de generación de energía. Esa ley autoriza a empresas a ingresar y hacer uso del territorio indígena, sin respetar las normas que establecen la consulta y el consentimiento de los pueblos originarios.

Foto Pressenza

Ayer en Buenos Aires se congregaron organizaciones sociales y dirigentes indígenas frente al Congreso Nacional. “Unidad de los pueblos en defensa de la tierra”, fue la consigna. Además de explicitar la situación de los pueblos indígenas, exigieron la aparición con vida de Santiago Maldonado y reclamaron la renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La situación del Pueblo Mapuche se instaló en la agenda pública a fuerza de represiones, Benetton y la lucha por el territorio. La detención arbitraria de Facundo Jones Huala (del Lof en Resistencia de Cushamen) y la desaparición forzada de Santiago Maldonado provocaron una campaña mediática contra los mapuches. Las comunidades de tres provincias (Neuquén, Río Negro y Chubut) respondieron exigiendo el cumplimiento de sus derechos y afirmaron que no dejarán de defender el territorio (y enfrentar a mineras, petroleras y grandes terratenientes).

Marcos Pastrana, diaguita de Tafí del Valle, pionero luchador contra Minera Alumbrera, resumió el sentir indígena para con la clase dirigente: “No son políticos, no son gobernantes, no son funcionarios. Son gerentes ejecutores de las multinacionales y de los terratenientes. La política del estado argentino es desalojar y hacer desaparecer a los pueblos indígenas”.

Foto Negro Ramírez

Derechos que amparan las leyes

Los pueblos indígenas de Argentina tienen numerosas leyes en su favor. Silvina Ramírez, de la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), cuestionó el incumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Precisó la vigencia del Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional que reconoce expresamente la “posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan” las comunidades. “Los derechos territoriales deben ser garantizado por todas las instancias estatales pertinentes”, afirmó Ramírez, que resaltó la necesidad de la prórroga de la Ley 26160, que suspende desalojos y ordena relevar los territorios indígenas. “Es imprescindible la discusión de una ley de propiedad comunitaria indígena”, que logre la entrega de títulos comunitarios, añadió la abogada.