Profesores y alumnos pararon contra los recortes en la educación pública. En Cataluña, miles de personas pidieron al gobierno de Rajoy que no apruebe la polémica reforma.
Profesores y alumnos protagonizaron hoy una multitudinaria manifestación en Barcelona en el marco de una huelga en las escuelas primarias, secundarias y universidades públicas de toda España contra el modelo neoliberal que impone la reforma educativa del gobierno de Mariano Rajoy.
Tras una pancarta con el lema «Per la cohesió social. Ni Lomce ni retallades». (Por la cohesión social. Ni Lomce –nombre de la nueva ley- ni recortes), miles de estudiantes, docentes y padres inundaron las calles céntricas de la capital catalana con una gran “marea amarilla”, color que identifica a este sector en Cataluña.
“Estamos sufriendo los recortes, la falta de personal docente para cubrir las bajas y esto repercute en la calidad de la enseñanza”, explicó a Télam Ana Gorrochategui, maestra de educación infantil con más de 20 años de experiencia.
“La nueva ley perpetúa la reducción de gasto en educación y amplia la financiación a centros privados por diferentes vías”, añadió la profesora catalana, en relación a la norma que impulsa el gobierno.
“En la universidad aumentaron las tasas que hay que pagar para inscribirse en las materias, y conseguir becas es casi imposible porque se han reducido al mínimo”, apuntó por su parte Alba Martínez, estudiante de psicología de la UB (Universidad de Barcelona).
La marcha de Barcelona fue la más numerosas, pero hubo también protestas en Valencia, Sevilla, Bilbao y Santiago, entre otras ciudades, mientras que está prevista una gran manifestación en Madrid de la ya famosa “Marea Verde” del sector educativo como corolario de la huelga de 24 horas.
El nuevo paro llega tras meses de movilizaciones y un día antes de que el Ejecutivo español apruebe la llamada “Ley Wert”, en referencia al polémico ministro de Educación español, José Ignacio Wert, aunque hoy se supo que la medida se podría retrasar una semana.
El ministro, responsable de frases como “hay que españolizar a los catalanes” o por considerar “adoctrinamiento” la materia Educación para la Ciudadanía que pretende eliminar, es uno de los miembros más cuestionados del gobierno, y su figura genera animadversión entre los estudiantes, que dirigieron fuertes mensajes críticos hacia él.
El paro, que abarca todos los niveles educativos, es un “éxito”, según los convocantes, con un seguimiento medio del 80% (72% entre los profesores y 90% entre los alumnos), y del 75% en la enseñanza obligatoria (primaria y secundaria) y de hasta un 95% en las universidades.
En cambio, el ministerio de Educación hizo una breve valoración y cifró en un 20% la participación en la jornada de huelga, a la que estaban llamados unos 800.000 profesores, diez millones de alumnos y a la que se sumaron también los padres de niños de educación infantil no llevando a sus hijos a los centros de enseñanza.
La Plataforma en Defensa de la Escuela Pública exige al ministro Wert que “retire la reforma o renuncie”.
Según denuncian los sindicatos del sector, la reforma del derechista Partido Popular (PP) es “ideológica, profundiza los recortes y amenaza la igualdad de oportunidades” y “no resuelve los problemas del sistema educativo”.
También piden al ministro que “abra un proceso de negociación con la comunidad educativa”.
Por su parte, el secretario del sindicato de Estudiantes, Tohil Delgado, advirtió que la ley Wert “solo busca desmantelar la escuela pública, discrimina a los alumnos por renta y contribuye a precarizar aún más la situación de los jóvenes en España”, entre los cuales el desempleo se encuentra por encima del 50%.
La LOMCE (nombre oficial de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa) consolida los recortes al reducir el gasto en Educación hasta un 3,9% del PIB en 2015 –más de 10.000 millones de euros-, en comparación al 5% de la media de los países de la Unión Europea (UE).
Entre algunos puntos de la reforma se destaca un adelanto a los 15 años de la separación entre los alumnos que optan por Formación Profesional o Bachillerato, lo que puede contribuir a una expulsión más temprana del sistema educativo de los estudiantes con más necesidades.
Asimismo, se elimina la materia obligatoria Educación para la Ciudadanía, introducida por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que aborda cuestiones relacionadas con la ética, valores democráticos y convivencia.
Por otro lado, se permite la financiación con fondos públicos de centros que segregan a niños y niñas, y se recupera la asignatura Religión como opcional, algo que responde a una exigencia de la Iglesia Católica.
