El informe, que está basado en testimonios de primera mano recogidos por un equipo de Amnistía Internacional en Bahréin, se publica en un momento en que una enorme violencia se apodera del país, después de que fuerzas de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos entraran en ese pequeño Estado del Golfo Pérsico hace tres días y el rey Bahrein declarara el estado de excepción en todo el territorio nacional.
*»Causa alarma ver cómo las autoridades bahreiníes recurren ahora de nuevo a las mismas tácticas que emplearon contra los manifestantes en febrero, pero con una intensidad mucho mayor”*, ha manifestado Malcolm Smart, director del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
*“Parece que el gobierno ha decidido que la forma de gestionar las protestas es a través de la represión violenta, una postura totalmente insostenible, y además una postura con la que se está dando un ejemplo infausto en una región donde otros gobiernos se enfrentan asimismo a una ciudadanía que exige cambios.»*
*»Las autoridades deben ejercer un control adecuado de las fuerzas de seguridad, y defender y proteger los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión, entre ellos el derecho a manifestarse de forma pacífica.»*
El Dr. Hani Mowafi, médico estadounidense que formaba parte del equipo de Amnistía Internacional, observó reiteradas heridas graves y mortales durante el período violento de febrero que revelaban que las fuerzas de seguridad habían utilizado munición real a corta distancia y apuntado, aparentemente, a la cabeza, el pecho y el abdomen de los manifestantes. También dispararon balas de medio calibre y gran calibre con fusiles muy potentes el 18 de febrero.
El episodio más violento anterior al día de hoy se produjo el 17 de febrero de madrugada, cuando murieron cinco personas. Algunos testigos contaron a Amnistía Internacional que, en escenas que se repetirían el 16 de marzo, los tanques habían bloqueado el acceso a la glorieta de la Perla mientras la policía utilizaba escopetas, además de gas lacrimógeno, porras y balas de goma, para dispersar a los manifestantes, muchos de los cuales estaban acampados allí.
Un testigo contó que el 17 de febrero la policía antidisturbios disparaba desde distintos ángulos, incluido un puente que se eleva sobre la glorieta, mientras al gente corría desesperada para ponerse a cubierto.
Entre los heridos había trabajadores médicos claramente identificables como tales, que fueron atacados por la policía mientas atendían a los heridos en la glorieta o cera de ella.
El 3 de marzo, el ministro de Desarrollo Social de Bahréin, de visita en Londres, dijo a Amnistía Internacional que su gobierno había abierto una investigación sobre los homicidios de la que se informaría directamente al rey y que dos miembros de las fuerzas de seguridad habían sido puestos bajo custodia. Amnistía Internacional pide que se abra una investigación independiente que garantice exhaustividad y transparencia.
Deben investigarse en su totalidad de forma independiente todas las actuaciones de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes desde el mes de febrero. Debe identificarse a las personas responsables de ordenar y desatar una fuerza letal contra manifestantes pacíficos y deben ser puestas a disposición judicial.
*»No puede haber impunidad por los homicidios ilegítimos, asaltos y otros abusos cometidos contra manifestantes y personal médico.»* Amnistía Internacional ha identificado algunos de los proyectiles encontrados tras el asalto del 17 de febrero a la plaza de la Perla.
Entre ellos hay botes de gas lacrimógeno de fabricación estadounidense, balas goma de 37 mm de fabricación estadounidense, granadas de gas lacrimógeno de fabricación francesa y granadas de «dispersión” de goma de fabricación francesa, que se parten en 18 trozos y producen un fuerte efecto sonoro.
Amnistía Internacional ha pedido a los gobiernos que suministran armas a Bahréin que suspendan de inmediato la transferencia de armas, munición y material conexo que puedan utilizarse para cometer nuevas violaciones de derechos humanos y revisen con urgencia todas las operaciones de suministro de armas y adiestramiento al ejército, las fuerzas de seguridad y la policía de Bahréin.
Tras el uso por parte de las fuerzas de seguridad bahreiníes de fuerza injustificada contra manifestantes, el gobierno británico ha anulado algunas licencias de exportación de armas a Bahréin, y las autoridades francesas han suspendido la exportación de equipo de seguridad al país.
