por Rubén Armendáriz
Tal como se preveía, Venezuela fue suspendida del Mercosur ante la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente votada por más de ocho millones de ciudadanos, anunciaron los cancilleres de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay reunidos de emergencia en la ciudad brasileña de Sao Paulo, donde decidieron aplicar la cláusula democrática del bloque previsto en el Protocolo de Ushuaia (1998), haciendo caso a las presiones de la Casa Blanca.
La medida servirá para que por un lado el secretario general de la Venezuela de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro pueda insistir en la expulsión del organismo panamericano regenteado por Washington –tras tres estruendosos fracasos consecutivos cuando apenas logró 14 votos- y también para darle mayores argumentos a Donald Trump para practicar alguna forma de intervención tras la permanente injerencia en los asuntos internos venezolanos.
«La suspensión de Venezuela fue aplicada en función de las acciones del gobierno de Nicolás Maduro y es un llamado para el inmediato inicio de un proceso de transición política y restauración de orden democrática», señalaron en un comunicado conjunto –por demás injerencista en los asuntos internos de otro país- los ministros de Relaciones Exteriores de la Argentina, Jorge Faurie, de Brasil, Aloysio Nunes Ferreira, de Paraguay, Eladio Loizaga, y de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, tras su encuentro de una hora y media en la sede de la Alcaldía de San Pablo.
El apoyo de Uruguay fue clave para esta decisión. Hasta el jueves, el gobierno de Tabaré Vázquez se mostraba reticente a tomar una postura más dura contra Venezuela, resistida por el gobernante Frente Amplio, como sí impulsaban sus colegas del bloque, el argentino Mauricio Macri, el golpista brasileño Michel Temer, y el paraguayo Horacio Cartes.
Ya Nin Novoa había dado a entender este cambio de posición, cuando en su calidad de Presidente del Consejo de Ministros de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), en un acto tan insólito como lamentable, procedió a consagrar la coronación del mexicano Alejandro de la Peña como Secretario General sin que siquiera se hubiera instalado el Consejo, ante un silencio estruendoso de las delegaciones.
El Consejo no podría haber sesionado por falta de quórum –sobraba tiempo para hacer una nueva convocatoria- y el mexicano contaba con amplia mayoría, pero no con el consenso. Era vox populi en la sede montevideana de ALADI que el embajador mexicano en Uruguay, Francisco Arroyo, amenazó directamente a Nin Novoa con el cupo de importación de leche uruguaya a México.
Venezuela estaba “administrativamente” suspendida del Mercosur desde diciembre del año pasado, luego que la triple alianza mercosureña adujo que el país no cumplió con los plazos para adoptar las normas burocráticas y económicas para la adhesión al bloque, al que se unió en 2012. Ahora, pasando por encima de lo jurídico, sus “socios” del Mercosur le impusieron una sanción “política”.
Es tan injerencista esta decisión que para ser revertida requerirá de un cambio de régimen, con elecciones supervisadas y consideradas democráticas por los cuatro países (el gobierno brasileño, por ejemplo, surge de un golpe parlamentario), así como indicadores de que las instituciones están realmente funcionando. Este es el castigo máximo que prevé el Protocolo de Ushuaia, ya que la expulsión no está contemplada como tal en el acuerdo.
El Protocolo de Ushuaia II sí establece medidas más severas, incluso sanciones como el cierre de fronteras, del tráfico aéreo y marítimo, así como el fin del abastecimiento de energía y la suspensión parcial o total del comercio, por ahora los países socios no se animaron a aumentar más la presión sobre Caracas, pese a las presiones hechas por la dirigencia opositora venezolana y varios altos funcionarios estadounidenses.
*Investigador y analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE). Experto en temas de integración regional
