El Adli es despreciado por una parte de la población egipcia que pidió con insistencia, desde el inicio de la sublevación contra el régimen, el 25 de enero, su salida del gobierno.

La policía que dirigía en la época está acusada de la sangrienta represión que marcó el inicio de la revuelta, en la que murieron al menos 384 personas y más de 6.000 resultaron heridas, según el ministerio de Salud.

El Adli, con uniforme blanco de preso, se declaró no culpable de las acusaciones de blanqueo de dinero y el desvío de fondos públicos. *»Eso no se produjo»*, dijo en dos ocasiones sin perder la calma.

El juicio se aplazó hasta el 2 de abril, después de duros intercambios verbales entre dos representantes de la sociedad civil presentes en el tribunal y la defensa, que pidió más tiempo para preparar sus argumentos.

Fuera del tribunal, decenas de personas gritaron eslóganes como *»el pueblo pide la ejecución del criminal»* y enarbolaban pancartas que mostraban al ex ministro con una cuerda al cuello.

Varios ministros de Mubarak y hombres de negocios cercanos al antiguo régimen también han sido detenidos y sus haberes congelados en los últimos días.

La lucha contra la corrupción es una de las principales exigencias de los opositores que provocaron la salida de Mubarak, cuyos haberes, así como los de su familia, también han sido congelados.

Mubarak entregó el poder al ejército, que se comprometió a llevar a cabo un proceso de transición democrática antes de entregar el poder a un gobierno civil salido de las urnas.