Por Roberto Pizarro
Los fundamentos esbozados por el PNUD que explican la desigualdad no hacen más que reiterar la necesidad de cambios profundos en el país: en lo económico, político y social.
Desiguales, Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile, se llama el reciente informe entregado por el PNUD, que se refiere a las brechas sociales existentes en nuestro país. En realidad, el discurso contra las desigualdades desde hace años ha estado presente en todos los programas de gobierno; pero, en la práctica, ha predominado la retórica por sobre una efectiva voluntad para reducir las desigualdades. Volver hablar sobre el tema puede ser majadero, pero que lo haga Naciones Unidas es muy positivo.
En primer lugar, el informe destaca la existencia de un contraste de ingresos muy grande en el país. Mientras los salarios medios son muy bajos, el 33% del ingreso generado por la economía chilena se lo lleva el 1% de la población. Y, si apretamos algo más: el 0,1% se mete al bolsillo el 19,5% de esos ingresos. Ello coloca a Chile entre los países más desiguales del mundo.
Los acumuladores de tanto dinero son los dueños de grandes empresas, propiedad de reducidos grupos económicos y controlados por familias, de nombres y apellidos conocidos. Esa elevada concentración del ingreso tiene su origen en un sistema impositivo de tasas reducidas y que ha facilitado la elusión por la vía del FUT (Fondo de Utilidades Tributables) a las empresas. Ello explica también la escandalera que se instaló en el país cuando el actual gobierno propuso la reforma tributaria.
En segundo lugar, la desigualdad tiene un fundamento material en lo que CEPAL denomina la heterogeneidad estructural. Esto significa que existe un pequeño grupo de empresas, localizado en algunos sectores modernos, de alta productividad, con trabajadores calificados, buenos salarios y empleos estables. Pero, el resto, la mayor parte de la economía, se caracteriza por una vasta gama de pequeñas empresas, con reducida productividad, bajos salarios y trabajadores poco calificados.
En tercer lugar, un Estado frágil, deliberadamente debilitado por el régimen de Pinochet, no ha ayudado a reducir las brechas. Con escasos recursos (y una inadecuada política social) el Estado realiza transferencias monetarias a los más pobres, mediante bonos y otros instrumentos redistributivos; pero, ello ha sido completamente insuficiente para reducir las desigualdades. Las transferencias monetarias que hace el Estado son sustancialmente más bajas que las de países de la OCDE e incluso menores que Argentina y Brasil. En suma, esa política redistributiva ha sido de escasa cobertura y, al focalizarse en los más pobres, no alcanza a los sectores medios, cuyas necesidades sociales son manifiestas.
En cuarto lugar, el informe del PNUD destaca el impacto de la concentración del poder político sobre las desigualdades. En efecto, la sobrerrepresentación de los grupos de alto estatus en el sistema político -clase alta y clase media alta- hace que los sectores acomodados aseguren sus puntos de vista en la agenda pública, por sobre los intereses de la mayoría. A ello, habría que agregar, especialmente en los últimos años, que los grupos económicos de poder han conseguido capturar al conjunto de la clase política, mediante el financiamiento legal e ilegal de la mayor parte de los partidos y sus parlamentarios. Así las cosas, las decisiones trascendentes en el ámbito legislativo se encuentran determinadas hoy día por los intereses de los grupos económicos, dejando al margen al conjunto de la ciudadanía.
En quinto lugar, el sistema educativo en Chile es altamente segmentado, lo que impide garantizar igualdad de oportunidades. Aunque la lucha estudiantil ha conseguido parcialmente la retirada del lucro de la educación universitaria, la mayoría de los jóvenes estudian en instituciones de muy baja calidad, lo que impide que gran parte de los técnicos y profesionales alcancen buenos salarios, con efectos negativos en el mejoramiento de la productividad que necesita la economía.
Los fundamentos esbozados por el PNUD que explican la desigualdad no hacen más que reiterar la necesidad de cambios profundos en el país: en lo económico, político y social.
Los cambios económicos deben apuntar a transformar una matriz productiva fundada en recursos naturales para favorecer una transformación productiva que agregue valor a los bienes y servicios. Así se logrará difundir el progreso técnico a nuevos sectores económicos y en todas las regiones del país. Ello es lo que permitirá reducir la heterogeneidad estructural y homogenizar la productividad; y, consecuentemente, disminuir las brechas salariales.
En segundo lugar, las políticas sociales deben universalizarse, terminando con la focalización. La educación, la salud y la previsión deben convertirse en derechos para todos los miembros de la sociedad, terminando con la humillante asignación de bonos y dádivas similares. Ello elevará la calidad técnico-profesional de los trabajadores, con efecto positivo en la actividad productiva; y, también, restituirá una vejez digna a todos los chilenos.
En tercer lugar, para reducir la brecha de ingresos se precisa del fortalecimiento del movimiento sindical. Un mayor nivel de sindicalización y una sólida instalación de la negociación colectiva en las empresas son requisitos indispensables para compensar el poderío patronal y elevar el nivel salarial de los trabajadores
En cuarto lugar, se precisa un régimen impositivo más efectivo. Por una parte, que redistribuya los ingresos desde las empresas y personas de más altos ingresos hacia los sectores de menores recursos; pero, también, que sea un instrumento que sirva para reorientar al empresariado desde la producción de recursos naturales hacia sectores productivos de transformación. Y, sobre todo, un sistema que cierre las puertas a todo tipo de elusión y evasión impositiva.
Finalmente, reducir las desigualdades obliga a una nueva Constitución, que apunte en dos direcciones. Por una parte, que la representación mayoritaria de la ciudadanía decida efectivamente sobre los asuntos del país, sin tribunales constitucionales u otros mecanismos tramposos. Y, por otra parte, que se termine con el denominado Estado subsidiario, que impide el despliegue de iniciativas públicas productivas y que dificulta su capacidad regulatoria sobre el sector privado.
