Es una evaluación del dirigente neuquino Alberto Vivero, ex secretario de Economía Social de la Nación. La subsecretaria provincial Alicia Comelli pidió que el Consejo Nacional de Derechos Humanos trate el recorte de pensiones. En Diputados, el oficialismo se negó a tratar el tema en la Comisión de Discapacidad, que preside Alberto Ciampini.
El dirigente peronista neuquino Alberto “Beto” Vivero, quien fuera secretario de Economía Social de la Nación durante el gobierno kirchnerista, estimó que casi 6.000 personas podrían perder su pensión no contributiva -ya sea por discapacidad, o para madre de siete hijos, etc.- en la provincia de Neuquén, si se llevan a la práctica los criterios que el gobierno nacional resolvió aplicar como requisitos para otorgar el beneficio.
En tanto, la subsecretaria de Derechos Humanos provincial, Alicia Comelli, dijo que las decisiones del gobierno de la Nación en esa materia “golpean a quienes menos tienen y más lo necesitan”, e informó que había solicitado tratar el tema en la próxima sesión del Consejo Federal de Derechos Humanos
Tanto Vivero como Comelli fueron entrevistados al respecto en el programa radial “El Rompecabezas”, de Radio Cumbre, donde el ex funcionario nacional puntualizó que al asumir Néstor Kirchner en 2003 había 1.300 pensiones no contributivas otorgadas por el Estado nacional en Neuquén, mientras que al terminar el mandato de Cristina Kirchner en 2015, la cantidad ascendía a más de 17.000.
Precisó luego que un relevamiento realizado en base a información oficial de organismos como el SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) que depende de la Ansés (Administración Nacional de la Seguridad Social), como también con datos del Sistema Nacional Tributario y Social, se pudo establecer que “en este momento hay 1.400 que están suspendidas” en todo el territorio neuquino.
Eso implica “en primer lugar un fuerte impacto en la economía personal y familiar del titular del derecho”, dijo Vivero, y destacó que “la pensión lo asiste no solo desde el punto de vista económico sino además de las prestaciones de salud”.
Pero luego remarcó que también el dinero que el Estado nacional otorga en pensiones no contributivas significa “un fuerte impulso al consumo local en cada uno de los rincones de la provincia”, donde “se percibían alrededor de 500 millones de pesos por año por los programas de pensiones”, y “hoy eso se está poniendo en peligro”.
El dirigente, que lidera el partido Kolina en el ámbito provincial y es uno de los referentes nacionales de esa agrupación, puso como ejemplo la localidad neuquina de Mariano Moreno, que antes de la suspensión de beneficios dispuesta por el actual gobierno nacional “tenía alrededor de 160 pensionados, y representaba un impulso importante para el comercio local”.
“Todos los días perdemos nuevos derechos”, expresó el dirigente que como secretario de Economía Social, fuera un alto funcionario del ministerio de Desarrollo Social de la Nación cuando estaba a cargo de Alicia Kirhcner. Agregó que hoy trabaja en funciones administrativas en PAMI, y que allí “me toca ver todos los días cómo se restringen derechos”.
“Primero fueron los medicamentos, luego vinieron las demoras cada vez mayores para la entrega de insumos, o de prótesis, o sillas de rueda, etc., y todos los días se le quitan derechos a los adultos mayores, a las niñas y niños”, describió. “Y ahora lo hacen con las personas con discapacidad”.
“Esta reducción del acceso a derechos es parte de una estrategia económica de ajuste que viene planteando el gobierno nacional, y que se va a seguir profundizando si la ciudadanía en su conjunto no decide ponerle un freno”, alertó “Beto” Vivero.
La subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia, Alicia Comelli, dijo sobre el mismo tema que “es cierto, puede haber alguna pensión mal otorgada. Pero ante ellos se tomó una determinación inédita, que es volver a un viejo decreto del año 1997, del gobierno de Menem, que en realidad nunca fue aplicado, y por el cual se requieren un montón de condiciones para el otorgamiento de las pensiones por discapacidad”.
Explicó que “sin llevar adelante un relevamiento, (los beneficios) se dan de baja directamente. La gente se entera en el banco, cuando va a cobrar. Y así aparecen situaciones complicadas, como sacarle la pensión a un hombre que en un accidente, de chico, perdió un brazo y una pierna, y que tenía una asignación de 1.300 pesos. Es muy preocupante. Son decisiones que pegan donde más duele, en los que más necesitan de la protección del Estado”.
La funcionaria provincial y ex diputada nacional por el Movimiento Popular Neuquino (MPN), dijo que tratan de justificar la medida a través de “inconsistencias tales como decir que (la persona que cobra pensión no contributiva) ‘tiene un auto’”.
“Resulta que en algunos casos, el propio vehículo fue adquirido en función de programas (de política pública) precisamente para que personas con discapacidad puedan tener el vehículo que necesitan. Así que ya debieron acreditar su discapacidad para poder acceder a un medio de transporte que muchas veces, también, es necesario para ejercer alguna actividad laboral”, dijo Comelli.
“Una política de ampliación de derechos debe realmente ayudar a las personas con discapacidad para que puedan desarrollarse”, y en cambio “esto los deja en una situación de abandono”-
“Eso no se justifica, por más que existan algún tipo de casos que no encuadraban en la ley, que es con lo que pretenden justificar la medida. Si es así, que vayan al terreno real y concreto, y vean cada caso”, sostuvo la subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia de Neuquén.
