Por Liliana Giambelluca | ANRed
El referente qom y presidente del Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de la República Argentina (CCPPIRA), Félix Díaz, deberá someterse a juicio oral y público porque rechazó acogerse a los institutos de la suspensión de juicio a prueba (probation) o juicio abreviado en la causa iniciada por un criollo, donde lo acusa de usurpar su propio territorio ancestral junto a “otros ocupantes”. Integrantes de su comunidad Potae Napocna Navogoh comparten la decisión de su líder y se manifestaron en forma pacífica en la ruta 86. Además le reclamaron al gobierno formoseño sus tierras expropiadas, que respete sus derechos preexistentes y las leyes que los protegen.
La manifestación de los originarios qom de la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera) de Formosa fue este martes (6) en la ruta nacional 86, kilómetro 1341. El mismo lugar donde se manifestaron el 23 de noviembre de 2010 y fueron brutalmente reprimidos por la Gendarmería Nacional y la Policía provincial. Días antes, las fuerzas de seguridad les incendiaron las viviendas con el fin de apurar el desalojo y tomar el territorio ancestral, expropiado por el gobernador Gildo Insfrán mediante las resoluciones 1107/07 y 33/10. El enfrentamiento costó la vida del originario Roberto López y del oficial Heber Falcón, además de numerosos heridos. Más de 30 miembros de la comunidad se encuentran imputados por usurpación y por protestar ese día en la ruta, entre ellos, Félix Díaz.
Mediante los citados decretos de 2007 y 2010, Gildo Insfrán cedió 2042 hectáreas donde vivía la comunidad qom al criollo Cecilio Celías. A su vez, el criollo renunció a 600 hectáreas y las cedió a la Universidad Nacional de Formosa para la construcción del Instituto Universitario Agropecuario. Aunque se realizaron trabajos de desmonte y demarcación, la Alta Casa de Estudios devolvió el lote a la provincia, el que ahora es administrado por el Instituto Provincial de Formosa, no sin antes indemnizar al criollo Celías por las 600 hectáreas cedidas.
Acaso el hombre que hace 34 años forma parte del poder político de la provincia de Formosa pensó que desalojar a los qom también sería un trámite administrativo. Pero en 2007 ningún originario se movió de su territorio. Por el contrario, el Consejo de Ancianos nombró vocero a Félix Díaz para que defienda el derecho colectivo preexistente, y en 2008 la comunidad lo eligió qarashé (cacique).
Derecho consuetudinario indígena
Porque se basan en derechos preexistentes al Estado, los pueblos originarios no necesitan el título de propiedad del territorio que habitan. Consideran que la tierra no es de nadie, sino de todos, como el aire y el agua. La caza, la recolección de frutos de los árboles y la pesca que permiten su supervivencia, siempre será no más de lo necesario, y por tal acto, piden perdón a la Madre Tierra por alterar la armonía de la vida. Esa construcción de sentido que le ofrece su entorno, es la base de la cosmovisión indígena, donde encuentran su equilibrio y se sienten parte de la Madre Tierra, no sus propietarios.
Existe un orden jurídico nacional, provincial e internacional basado en el derecho consuetudinario indígena. El reconocimiento de la preexistencia a la formación del Estado argentino que menciona el Convenio 169 de la OIT está contemplado en el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”.
Sin embargo, la visión etnocéntrica de los grupos dominantes pasan por encima de la CN y del marco legal existente cuando ceden territorios ancestrales a criollos locales o extranjeros para que pongan en marcha proyectos de empresas agropecuarias, mineras o petroleras que, además, destruyen los recursos naturales. Los nuevos dueños, entonces, demandan ante la Justicia el reconocimiento de los territorios, con la certeza de que ésta es la prolongación del entramado del poder político.
Así fue que en 2010, el mismo año del incendio de las viviendas y la brutal represión a los qom en la ruta 86, el criollo Celías inicia la causa civil y penal caratulada “Celías, Cecilio y Otro c/ Díaz, Félix y/o cualquier otro ocupante s/ Ordinario (Desalojo)”.
A fines de mayo del corriente año, la jueza de la causa Mirta Graciela Oviedo consultó a Félix Díaz si “hará uso de los institutos de la suspensión de juicio a prueba (probation) o juicio abreviado”. Díaz no aceptó. Entonces, deberá someterse a juicio oral y público, tal lo pidió la fiscal del caso, Gloria Elena Rejala. De este tema y de la movilización de la comunidad, conversó ANRed con el líder qom.
“Enfrentamos a un poder político poderoso y a una Justicia que lo apoya”
–¿Por qué rechazó la facultad que le otorga la ley?
–Porque no somos usurpadores, somos originarios de esta tierra. Para nosotros los territorios no se negocian, ni se venden, sí se defienden. También porque es el mandato que me dio mi comunidad y lo sigo sosteniendo.
–El próximo paso es el juicio oral y público. ¿Cómo se prepara la comunidad?
–La denuncia de Celías está apoyada por el gobernador Insfrán y la comunidad sabe que estamos enfrentando a un poder político poderoso y a una Justicia que apoya a ese poder político, por eso lo vemos muy difícil.
–Cuando le llegó la cédula de notificación hubo una reunión en el Consejo Consultivo y usted dijo que no le importa un resultado adverso.
–Soy consciente de lo difícil que va a ser este juicio, pero tengo que asumir la responsabilidad. Si me condenan acataré la decisión de la Justicia, pero la comunidad va a seguir luchando por esta causa por la que se ha derramado mucha sangre y Roberto López dio su vida. Esta es otra razón por la que no se puede negociar ni ceder lo que a uno le corresponde. Y si no hay condena, será un logro de la lucha de la comunidad.
–El martes la comunidad se movilizó hasta la ruta 86 para manifestarle su apoyo. ¿Cuál es su reflexión?
–Cuando a uno le depositan la confianza es algo invalorable, para nosotros es sagrado, no es algo escrito, es un pensamiento indígena. Cuando me eligieron autoridad de la comunidad, me dieron un mandato y yo asumí un compromiso, entonces me di cuenta que el liderazgo, no debe ser un liderazgo patrón, sino un liderazgo servidor hacia mi pueblo. Por esa razón estoy muy atento a lo que está pasando y agradecido por esa confianza que sigue dando la comunidad hacia mi persona.
“El tesoro nuestro es la tierra”
Es en este contexto que integrantes de la comunidad Potae Napocna Navogoh regresaron el martes último a la ruta nacional 86, para manifestar de forma pacífica el apoyo al cumplimiento del mandato otorgado a su líder.
Rafael Justo, integrante del Consejo de Ancianos, tomó la palabra y lamentó que los reclamos por los territorios aún persisten porque “no hemos tenido respuesta alguna de las denuncias comunitarias que hemos presentado ante la Fiscalía de la ciudad de Clorinda y la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Justo dijo que el territorio ancestral que dejaron sus antepasados “es el único tesoro que tenemos en la comunidad. El tesoro nuestro es la tierra, porque la tierra nos da la vida”. Agregó que “no estamos para negociar con nadie. En cambio los gobiernos tratan de sacarnos la tierra para poder negociar, vender las maderas, contaminar el agua. Nosotros no estamos para eso”.
A las autoridades judiciales, Justo les solicitó que revean las causas donde está imputado Félix Díaz, a la vez que pidió “encarecidamente” que “le otorguen el sobreseimiento de todas las causas”, como asimismo al referente wichi Agustín Santillán, “detenido por una causa también infundada”.
Rafael Justo, además, se dirigió al gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Insfrán, para decirle que “no estamos en contra de él, ni somos opositores, somos originarios que queremos que nos devuelvan las tierras”. Si así el gobernador lo hace, “le vamos a dar las gracias, pero si no es así, vamos a seguir luchando por recuperar nuestras tierras”, aseguró.
El miembro del Consejo de Ancianos recordó las leyes que amparan los reclamos de los pueblos originarios y el apoyo que recibieron de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2011 y 2012, quien dictó medidas cautelares y solicitó al Estado argentino que se garantice la vida, la integridad física y las prácticas religiosas tradicionales, sin amenazas, agresiones u hostigamientos por parte de las policías o particulares cuando enfrentan constantes intentos de desalojos.
“Estamos en contra que se reduzcan nuestros derechos”
El referente qom Clemente Sanagachi también tomó la palabra y reforzó el mensaje que dejó Rafael Justo: “Nosotros no estamos en contra de ningún funcionario, ni de gobernante, ni presidente, ni concejales. Sí estamos en contra que se reduzca nuestra tierra y nuestros derechos establecidos en la Constitución Nacional”, afirmó.
“Nunca se da la posibilidad para que el indígena pueda administrar su propio territorio, su propia comunidad. A eso queremos llegar para que el ciudadano indígena asuma un compromiso y un diálogo con el gobierno para mejorar la comunidad”, finalizó Sanagachi.