La propuesta obliga a los bancos que se apropiaron de casas por impago de hipotecas a ceder el uso de la propiedad por tres años a las personas afectadas.
El opositor Partido Socialista (PSOE) presentó hoy una propuesta parlamentaria que pretende extender a toda España, un polémico decreto aprobado por el gobierno regional de Andalucía para evitar el desalojo de familias en circunstancias críticas.
El decreto andaluz, que ya entró en vigor, obliga a los bancos que se apropiaron de casas por impago de hipotecas a ceder el uso de la propiedad por tres años a las personas afectadas.
La medida fue presentada como una “expropiación de uso”, ya que se aplicará a las entidades bancarias que ya embargaron la casa de un deudor y, luego de una subasta, se adjudicaron ellos mismos la propiedad.
El sureño gobierno andaluz, que presiden los socialistas en coalición con Izquierda Unida (IU), pagará al año a las entidades el 2% del “precio justo” al que se hayan adjudicado la vivienda, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Expropiación.
Por su parte, los beneficiados por la medida tendrán que abonar a la administración un monto “no superior al 25% de los ingresos de la unidad familiar” en concepto de contribución al pago” de la tasación.
El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalca, defendió en una entrevista televisiva que la norma, presentada en el Congreso de los Diputados junto a otras enmiendas al proyecto de ley sobre protección de deudores hipotecarios, es “jurídicamente correcta y políticamente adecuada”.
El gobernante Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy, rechazó inicialmente el decreto del gobierno andaluz afirmando que vulneraba el derecho de propiedad.
El Ejecutivo central “está estudiando la constitucionalidad” de la norma regional, dijo hoy la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la conferencia de prensa posterior al habitual Consejo de Ministros de los viernes.
No obstante, la “número dos” del Ejecutivo minimizó la efectividad del decreto argumentando que el gobierno nacional ya aprobó una medida que paraliza por dos años los desalojos de personas en riesgo de exclusión.
Según señaló Sáenz de Santamaría, el proceso andaluz es “más complejo” y establece el mismo límite que la ley estatal a los ingresos de las familias que pueden beneficiarse de esta medida.
En el decreto andaluz indica que los ingresos familiares de las personas que pueden beneficiarse no deben superar los 1.597 euros, tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.
Asimismo, la vivienda tiene que ser la habitual y el potencial desalojo consecuencia del impago inmobiliario y provocar una situación de emergencia social o exclusión.
Por otro lado, las viviendas afectadas deben estar “en proceso de desahucio (desalojo) instado por entidades financieras o sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos”.
En la presentación de sus propuestas, los socialistas critican al PP por haber “alterado profundamente” la iniciativa presentada por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) para frenar los desalojos y deja en evidencia a Rajoy porque sólo aceptó debatir este tema cuando la Unión Europea lo obligó con una sentencia.
El Tribunal de Justicia de la UE declaró recientemente que la ley hipotecaria española es injusta ya que no da alternativas a las familias amenazada por los desalojos e instó al Ejecutivo español a modificarla.
Además de una moratoria urgente de los desalojos, la PAH exige lo que se conoce como “dación en pago”, es decir que con la entrega del inmueble quede cancelada la deuda contraída con el banco.
En tanto, continúa el debate en torno a los “escraches informativos” que realiza la PAH a los políticos del PP con la intención de explicar las consecuencias de no aprobar la dación en pago.
El gobierno madrileño anunció que sancionará con multas de hasta 1.500 euros –por falta grave (a los promotores u organizadores)- y entre 200 y 250 euros por falta leve a las 19 personas que fueron identificadas cuando participaron del escrache a Sáenz de Santamaría hace una semana en su vivienda y a otra diputada del PP.
La sanción, que será recurrida por la PAH, se debe a que las concentraciones no fueron comunicadas, indicó la delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes. “No hubo violencia ni intimidación ni coacción”, afirmó el abogado de la plataforma.
Por su parte, el diputado de IU Gaspar Llamazares, reclamó a través de su cuenta de Twitter que el ministro del Interior , Alerto Fernández Díaz, comparezca en el Congreso para explicar lo que considera un “criminalización” y un impedimento al derecho de manifestación.
“Mi casa es otro terreno, es el de mi vida personal y, sobretodo, el de mi familia”, sostuvo hoy Sáenz de Santamaría al condenar la protesta.
