Las asociaciones convocantes son miembros de la Asamblea de Movimientos Sociales de Foro Social Mundial e insistieron en la importancia de la búsqueda y puesta en práctica de procesos, acciones y formas de vida alternativos. Entre las centenas de asistentes se manifestaron colectivos de Médicos del Mundo, el Movimiento Asambleario de Trabajadores/as de Sanidad¸ el Foro Social de la Sierra de Guadarrama, Izquierda Anticapitalista, Radio Vallecas y la Red por la Democratización Global, entre otras. Estas organizaciones vienen impulsando la plataforma “Hay que pararle los pies”, destinada a denunciar la pérdida de derechos sociales y las crecientes privatizaciones que se están produciendo a raíz de la actual crisis económica.
A este respecto, el Secretario del Partido Humanista, José L. Álvarez destacó que la reforma del sistema de pensiones «retrata a quienes la han perpetrado”. Para Álvarez, la escenificación del reciente pacto sobre las pensiones entre empresarios, sindicatos y Gobierno es “una foto de cómo están las cosas”. “La única verdad es que unos pocos se reparten toda la riqueza y dejan unas migajas (cada vez menos) para el resto. Nosotros seguiremos denunciando su desfachatez y, lo que es más importante, seguiremos trabajando para reconstruir el tejido social. Estamos seguros de que no queda tanto tiempo para que la imagen de este sistema se caiga por completo y ahí estaremos nosotros para dar referencia y ayudar en la construcción de la Nación Humana Universal», concluyó.
Testigos presenciales aseguran que al término de la lectura del manifiesto y cuando se daba ya por concuída la concentración, un grupo de personas ajenas a estas organizaciones, arremetieron contra sedes bancarias y varios contenedores, enfrentándose con los cuerpos de seguridad.
La Delegada del Gobierno, Amparo Valcárcel, condenó «unos hechos inaceptables e intolerables» que ha llevado a cabo «un grupo muy minoritario y muy radical»; también señaló que ha dado instrucciones «para que se abra expediente contra las personas que han vulnerado el derecho de manifestación y roto la convivencia». Estos expedientes suponen una multa de 6.000 euros a cada una de las tres personas detenidas por atentado contra la autoridad y lesiones .
