El colapso del sistema financiero de la isla de Chipre, un paraíso fiscal dentro de la Unión Europea, deja al desnudo la continuidad y la profundidad de la crisis económica y bancaria del Viejo Continente.

El temor a que se produzca una corrida bancaria en Chipre llevó a su gobierno a establecer un «corralito» que, como mínimo, estará vigente hasta el próximo martes, y ha creado un estado de ansiedad respecto a la posibilidad de que los países del sur europeo terminen padeciendo un efecto «contagio».

A última hora de anoche, el Parlamento chipriota aprobó un plan anticrisis denominado «B», pues llega luego de que los legisladores votaran, el pasado martes, contra el establecimiento de un impuesto a los depósitos bancarios de entre el 6% y el 10%.

El fracasado plan, una imposición a Chipre de la «troika» formada por el Banco Central Europeo (BCE), el FMI y la UE, implicaba recaudar 5.800 millone sde euros, a cambio de una ayuda europea de 10.000 millones para salvar el sistema financiero de la isla.

La oposición y la furia expresada de diversas maneras por la población, llevó a la oposición a votar en contra y a los diputados del oficialismo a abstenerse, lo que determinó el naufragio del plan original impulsado por el Eurogrupo.

Anoche, el tema clave de la imposición a los depósitos no fue votado, algo que se espera que ocurra hoy en una nueva sesión parlamentaria.

El Plan «B», mientras tanto, se compone de una combinación de medidas que muchos consideran innecesarias, inseguras e incluso inviables.

Se trata de nueve leyes y enmiendas a otras leyes en vigor, por las cuales se crea un «Fondo Nacional de Solidaridad» que se espera conformar con el acumulado en el fondo de pensiones y en el seguro médico de los empleados públicos.

Asimismo, la Iglesia de Chipre podría, en el futuro, hipotecar sus propiedades, y también se echaría mano de las ganancias a futuro de la extracción de gas en la isla.

El Fondo se destinará a socorrer a los bancos en problemas y al Estado chipriota a través de la emisión de bonos u otro tipo de productos financieros.

Por otra parte, otras de las leyes aprobadas anoche autoriza al Gobierno y al Banco Central a determinar los límites de transferencia de capitales, esto es, instaura un control de capitales antes de la reapertura de los bancos, tal como lo exige la «troika».

La UE, el FMI y el BCE, capitaneados por la canciller de Alemania, Angela Merkel, no han dejado opciones al gobierno chipriota, al negarse a suministrarle liquidez a partir del próximo lunes si no aprueba un rescate interno que incluya la punción de los depósitos.

Lo ocurrido en la isla esta semana deja al descubierto que la crisis financiera internacional se traslada de un país a otro y, de esa manera, amenaza al conjunto de los integrantes de la cadena económica mundial.

Los que rechazan la posibilidad de que una corrida bancaria en Chipre, por ahora evitada con el «corralito», pueda contagiarse a España o Italia, argumentan que la isla representa apenas el 0,2% del PBI europeo y que su producción anual es de sólo 20.000 millones de euros.

A la hora de este análisis olvidan, sin embargo, que el carácter de paraíso fiscal de Chipre hace que los depósitos de sus bancos totalicen alrededor de 80.000 millones de euros, cuatro veces su PBI, y que sus principales titulares sean bancos y empresarios que usan a esas entidades bajo la sospecha de lavar dinero y/o evitar el pago de impuestos en sus países.

De esa manera, el «corralito» chipriota ahora y su inevitable salida del euro si fracasan los planes que se pergeñan en estas horas, provocarían serias pérdidas a bancos, fondos de inversión y grandes capitales individuales de otros países.

Se estima que alrededor de un 37%, un porcentaje que podría ser aún superior, de los titulares de los depósitos bancarios totales de los bancos de Chipre, son extranjeros, de los cuales una mayoría son rusos.

Pero ni siquiera así el gobierno de la isla ha conseguido comprometer al gobierno de Rusia para que lo auxilia en esta circunstancia, ni siquiera enfeudando sus reservas de gas como garantías de préstamos de Moscú.

Las inversiones realizadas por los bancos chipriotas con el dinero de los depósitos de extranjeros y nacionales incluyen títulos de la deuda de Grecia y de la deuda de la propia Chipre, en razón de los cual la quiebra de esas entidades es un hecho.

El rescate de la «troika» se quiere basamentar, en realidad, en un rescate de los bancos por parte de los depositantes, entre los que se incluye a la población de Chipre, ya que en el plan original del impuesto a los depósitos se incluía a los menores de 20.000 euros.

Ahora, las últimas informaciones señalan que el nuevo plan de imposición a los depósitos se aplicaría sólo a los que superen los 100.000 euros y que esa tasa podría llegar al 15%.

Los temores a un contagio de la corrida financiera en Chipre, contenida por el «corralito», se hicieron más fuertes desde que se supo que se quería aplicar el impuesto a los depósitos menores a los 100.000 euros, cuando la garantía a los depósitos dentro de la UE rige hasta los 100.000 euros.

En cualquier caso, la esperanza del gobierno chipriota de seguir conservando el carácter de paraíso fiscal de su sistema bancario y de su economía parecen condenados al fracaso.

Si el plan del Parlamento de Chipre recibe el visto bueno del Eurogrupo el próximo domingo en Bruselas, la gran incógnita que deberá ser despejada el martes es si se mantiene o no el «corralito».

Los analistas piensan que esto no ocurrirá ya que la corrida bancaria tras la apertura de las cajas se considera inevitable.