Por Silvia Martínez/Prensa Latina Roma, Itália
Adecuadas condiciones de vida y mayor protección para los migrantes menores de edad en Italia son exigidas de manera constante al gobierno por las asociaciones nacionales defensoras de sus derechos, reforzadas ahora por la Corte Europea de Derechos Humanos.
Ese tribunal internacional reclamó al estado italiano proporcionar información sobre la naturaleza del centro de recepción de Cona, en Venecia, al norte de esta capital, antiguo cuartel militar Silvestri, donde existen condiciones indignas de vida.
De igual modo pidió explicaciones sobre por qué los niños no fueron acogidos en lugares apropiadas tal como lo define la legislación nacional e internacional.
El hecho trascendió hasta esa instancia ante la apelación realizada por tres menores y un adulto, quejosos de cómo se malvive en ese lugar, lo que les valió fueran trasladados hacia otro sitio más apropiado.
Pero, tal como divulgó en un comunicado en su web la Asociación de Estudios Jurídicos sobre Inmigración (Asgi), otros niños y adultos todavía están en Cona, hacinados, en condiciones inhumanas, degradantes, insolubles; sin calefacción adecuada para un período de temperaturas tan frías y donde la distribución de los alimentos se hace en circunstancias indignas.
Por esas razones solicitaron una verificación inmediata en ese centro de recepción por las autoridades competentes sobre la presencia de otros niños y piden su cierre inmediato.
Pero desde antes Asgi y otras organizaciones pidieron la pronta aprobación de un proyecto de ley sobre los derechos de los migrantes menores de edad en Italia, hasta hoy insuficientes, en poder del Comité de Asuntos Constitucionales en el Senado.
El intitulado Disposiciones para la protección de los menores extranjeros no acompañados es una propuesta del Parlamento, ya aprobada por la Cámara, pero que desde octubre está varada en esa instancia definitiva de aprobación.
Foto ResoluteSupportMedia
Claman por la pronta salida del documento 27 organizaciones de defensa de los inmigrantes establecidas en el país, las que igualmente piden un tratamiento análogo para todos los menores, sean o no víctimas de trata.
La llegada a Italia por vía marítima de migrantes menores de edad, muchos de los cuales viajaban solos o perdieron a sus padres en la travesía, fue en 2016 de 25 mil 772, más del doble de los 12 mil 360 reportados el año precedente, según datos de la Organización de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Esa cifra representa -apunta ese ente- el 91 por ciento de todos los niños que arribaron a este país como migrantes o refugiados, la mayoría jóvenes entre 15 y 17 años, provenientes de Eritrea, Egipto, Gambia y Nigeria, aunque en los desembarcos recientes los hay de menos edad, entre ellos niñas expuestas a los riesgos de abuso y explotación sexual a manos de redes criminales.
Muchachas entrevistadas por operadores de Unicef llegadas a costas italianas procedentes de Libia, aseguraron que fueron obligadas a prostituirse en aquel país para pagar el costo del viaje a través del Mediterráneo, mientras muchos varones fueron forzados a realizar trabajos manuales.
Ya en el país, la mayor dificultad todavía hoy presente es lograr identificar la edad de los menores de 18 años, casi la totalidad sin documentos, como requisito para determinar si son tributarios de protección y asistencia.
El pasado 6 de enero entró en vigor el decreto 234/16 el cual define con precisión las prácticas para determinar la edad de los niños víctimas de la trata para lo cual intervienen un tribunal competente y especialistas de salud y de otras disciplinas.
A los pocos días de la salida de ese Decreto, Asgi, junto a otras agrupaciones, solicitó al presidente del Senado, Pietro Grasso, que las disposiciones del mismo sean aplicadas por analogía a todos los menores no acompañados que llegan a Italia, es decir que sea válida también a aquellos no clasificados como víctimas de la trata.
Argumentan al respecto que la identificación de la edad tiene un margen de error de dos años (basado en la medición de los huesos de la muñeca) y ocurre que algunos adolescentes no son aceptados en las instalaciones para menores y a menudo son dejados en la calle con el riesgo de ser víctimas de explotación sexual o de otro tipo, e incluso expulsados del país.
Por su condición tendrían derecho a la protección y asistencia especiales, pero se encuentran en un caos jurídico, en el que las reglas no están presentes o las existes no los protegen a todos y muchos terminan por error entre los adultos, argumentan.
Algo que a juicio de las organizaciones ocurren de manera cotidiana en los centros de acogida y en las estaciones de policías del país.
Para Elena Rozza, consejera y asesora legal de Asgi hay un vació en las regulaciones para aquellos que no son reconocidos como víctimas, al supuestamente no existir de manera comprobada un delito de tráfico, pero el solo hecho de haber llegado hasta aquí en un viaje de desesperación en la soledad debe considerársele como tal.
Foto Mehmet Bilgin
El creciente flujo migratorio a través de Mediterráneo, con sus repercusiones dentro y fuera del país, constituye hoy un foco de atención de la política italiana.
Según datos recopilados por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), hasta el 8 de diciembre de 2016 el número de migrantes que arribaron a Italia aumentó a 175 mil 244, superior al récord de 170 mil establecido para un período de 12 meses en 2014.
Para llegar hasta aquí los migrantes africanos deben recorrer un largo y tortuoso camino que puede tomar meses o años y a lo largo del cual son maltratados, vejados y explotados en diferentes formas.
La mayoría de ellos provienen de Siria, Afganistán e Iraq, los que desembarcaron en Italia proceden de Nigeria, Eritrea, Sudán, Gambia, Costa de Marfil, Guinea, Somalía, Mali y Senegal, fundamentalmente.
La recepción de los rescatados en el mar en las operaciones coordinadas por la Guardia Costera italiana con la participación de medios de otras instituciones y países, se concentró en Sicilia, 119 mil 507; Calabria, 30 mil 374; Apulia, 12 mil 225; Cerdeña, siete mil 985; y Campania, cuatro mil 871, regiones del sur de la península donde existen los mayores índices de pobreza.
Si bien para todos ellos llegar a tierra “segura” fue un acto de suerte, ante tantos que mueren en el intento por alcanzar las costas europeas, cuatro mil 742 el año pasado, o en una peligrosa travesía por tierra hasta llegar a Libia, los menores de edad que arriban también deberán probar suerte para recibir una adecuada atención en el centro que les da la “bienvenida”.
