Publicamos la exposición que Sergi Raventós, trabajador de una Fundación de salud mental, realizó en el VII Congreso Internacional de Bioética que tuvo lugar en la Facultad de Filosofía de la Universidad Barcelona los pasados 24 y 25 de noviembre, bajo el título «Garantizar una Renta Básica para la salud mental de nuestra sociedad».
Buenos días, agradezco poder tener unos minutos para poder hablar de la relación beneficiosa que considero que podría tener una Renta Básica para la salud mental de la población.
En primer lugar exploraré algunas razones para poder proponer una Renta Básica, una propuesta social que desde hace unos años ha emergido con una fuerza considerable y que podría suponer, sostengo, una mejora de la salud mental de nuestras poblaciones.
Desde la filosofía ha sido justificada desde diferentes teorías de la justicia distributiva y de la filosofía política: principalmente la libertariana, la liberal y la republicana. Hay partidarios de la Renta Básica de derechas y de izquierdas. Partidarios de reducir el estado de bienestar o de mejorarlo.
Como seguramente algunos sabéis, la popularidad de la Renta Básica se ha incrementado a lo largo de los últimos años. Aparecen artículos en los principales diarios de todo el mundo sobre esta medida. Autores reconocidos como Yanis Varoufakis, Owen Jones o Leonardo Boff e incluso fundadores de las empresas de Silicon Valley se han manifestado a favor de esta propuesta.
Actualmente hay diferentes proyectos de implantación de esta propuesta, como el caso de Finlandia, donde el 79% de la población estaría de acuerdo. También en la provincia de Ontario, la más poblada del Canadá o en ciudades holandesas como Utrech se quiere experimentar con esta propuesta para analizar diferentes comportamientos.
En Europa en abril del 2016 se realizó una encuesta a 10.000 ciudadanos de 28 países y un 64% se mostraba favorable a una Renta Básica. En Catalunya una encuesta del GESOP en el 2015 a 1.600 personas mostró que un 72% estaba de acuerdo con una Renta Básica y en el caso de cobrarla sólo un 3%, de los que disponían de un trabajo remunerado, expuso que dejaría de trabajar, hecho que desmiente la crítica recurrente que “la gente dejaría de trabajar” o “no haría nada”.
Recordar aquí una vez más que la Renta Básica universal de la que hablo es un ingreso pagado por el Estado a cada miembro de pleno derecho de la sociedad o residente, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre e independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta y sin importar con quien viva. No confundir pues con una Renta mínima de inserción para la extrema pobreza ni tampoco con una Renta Garantizada complementaria de ingresos como la del País Vasco que a pesar de lo generosa que es no ha conseguido evitar que siga habiendo un 27% de familias pobres. Ni finalmente tampoco con la “renda garantida ciutadana” que se está debatiendo intensamente ahora en el Parlament de Catalunya. Hablamos pues de una renta universal e incondicional. La recibe todo el mundo pero no todo el mundo gana, aunque sí una gran mayoría de más de un 80% como muestran algunos estudios de financiación.
Antes de entrar a analizar y justificar más a fondo la Renta Básica me gustaría apuntar algunos datos del contexto social y económico.
Algunos datos de pobreza y desigualdad social
La situación social y económica como es sabido a día de hoy es muy preocupante: el último informe de Eurostat ofrece datos que no pueden dejar a uno indiferente si tiene alguna empatía con el género humano. Por ejemplo, según el indicador AROPE, en el Reino de España, el 28,6% de la población, es decir, más de 13 millones de personas, vivía en 2015 en riesgo de pobreza y exclusión. Más de 4 millones de personas sin empleo y varios millones de trabajadores cobran un sueldo inferior al salario mínimo interprofesional. La tasa de trabajadores pobres (es decir, aquellas personas que poseen un empleo legal y que, pese a ello, se sitúan por debajo del umbral de la pobreza) ha pasado del 11,7% en 2013 al 14,8% en 2015. La mayoría de los contratos que se realizan (nueve de cada diez) son temporales. La tasa de temporalidad en el empleo es una de las más altas de Europa con más del 25%, superado sólo por Polonia.
Detrás de estos datos, como es bien sabido, hay muchas personas que padecen y sufren situaciones de pobreza y miseria tremendas. Pero tal vez lo que es bastante menos sabido es que en muchas ocasiones también presentan problemas de salud mental.
Los determinantes sociales de la salud (mental) nos ponen de manifiesto que los humanos somos vulnerables a la inseguridad económica y a la precariedad laboral. El formar parte de una clase social empobrecida o estar en una posición inferior en la jerarquía social habitualmente también conlleva tener peores indicadores de salud. Tampoco podemos olvidar que las privaciones en la infancia pueden tener también efectos persistentes y graves en la salud a lo largo de la vida. Recordar aquí que el Reino de España se encuentra en tercera posición europea en pobreza infantil, detrás de Rumania y Bulgaria. 1 de cada 3 niños se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social.
La inseguridad económica derivada de no disponer de una ocupación, de tener un trabajo precario, deudas o hipotecas repercute asimismo de forma muy considerable en la salud mental.
Los principales factores de riesgo de los trastornos del estado de ánimo como la depresión se relacionan con la situación laboral de la población. Las distintas situaciones de nuestra vida laboral afectan a nuestras emociones y a nuestra salud (mental): no es lo mismo disponer de un trabajo fijo que de uno eventual, estar bien o mal pagado, con o sin derechos laborales o que el empleo sea adecuado a nuestra formación o no.
El aumento de las desigualdades socioeconómicas y cómo éstas van acompañadas de un importante aumento de las patologías mentales en los últimos años ha sido corroborado por una considerable evidencia científica.
Unas desigualdades que muestran a la vez la extrema importancia que tienen las políticas de protección social y económica, fundamentales para dar una estabilidad y seguridad a la vida y a la salud de las personas.
Unas políticas de protección social que suponen aumentar el gasto social y asignar recursos a las acciones sobre los determinantes sociales de la salud, reducir las desigualdades de renta a través de la fiscalidad, incrementar el gasto público en servicios de salud, educación y servicios sociales, políticas de ocupación, mejorar pensiones, etc.
Por lo que sabemos de los efectos en la salud mental de la población de la gran crisis económica iniciada en 2008 han sido devastadores. El sufrimiento psíquico y los diversos problemas de salud mental son bastante considerables en cuanto a cuadros ansiosos depresivos de carácter reactivo, trastornos del sueño, graves sentimientos de culpa, conflictos familiares, violencia, problemas asociados al abuso del alcohol, más riesgos de padecer trastornos ansiosos depresivos y también un aumento de las muertes por suicidio.
Hay pocas dudas dentro de la comunidad académica y profesional que el sufrimiento psíquico y los síntomas de malestar mental han empeorado y aumentado con la crisis y las políticas de austeridad desarrolladas por muchos gobiernos.
Para hacer frente a la situación de grave recesión económica y de gran aumento de la pobreza de las poblaciones, los gobiernos español y catalán han hecho uso de las mismas recetas habituales en cuanto a prestaciones de desempleo y de pobreza que en una época cualquiera de crecimiento económico. Pero estas viejas fórmulas en esta larga crisis no han funcionado muy bien en lo referente a los elevados costes en salud y sufrimiento mental.
Ha quedado de manifiesto que las políticas de austeridad que actualmente se llevan a cabo responden a una defensa de los intereses de una ultra minoría a costa de la salud y la vida de la gran mayoría de la población. Hay que preguntarse quién ha ganado y quien ha perdido con la crisis. Según el último informe de Intermón-Oxfam se estima que 62 personas poseen la mitad de la riqueza mundial.
Hay que recordar aquí que hay una mayor incidencia de peor salud mental en los países con más desigualdades en la distribución de la riqueza y en los que tienen sistemas débiles de protección social. En este caso decir que el Reino de España es el tercer Estado con mayor desigualdad de la UE, después de Rumanía y Serbia. En efecto, el 10% más rico obtiene un equivalente a la cuarta parte de los ingresos del conjunto de la población.
La magnitud de la emergencia social y el aumento de las desigualdades sociales derivadas de la crisis y las medidas de austeridad en cuanto a pobreza, paro y otras problemáticas sociales han generado unos graves problemas de salud mental en los individuos y en las familias que ya están teniendo repercusiones y consecuencias para los empleadores y los gobiernos, como resultado de la disminución de la productividad en el trabajo, aumento de las incapacidades, disminución de la participación laboral, ingresos fiscales perdidos y aumento de los gastos de salud y bienestar.
Protección social a lo largo de la vida con una Renta Básica
Una medida de protección social y seguridad económica como la Renta Básica podría tener importantes efectos beneficiosos para la salud mental de toda la población. En primer lugar podría reducir la incertidumbre vital y el desgaste psíquico causado por el estrés que sufren millones de personas en paro, con trabajos precarios y mal pagados.
Reduciría también la dependencia material al disponer de una renta segura e incondicional; supondría vivir de forma menos angustiosa y estresante una pérdida de ocupación, un hecho demasiado habitual hoy en día.
Diversos experimentos internacionales de garantizar ingresos que se han hecho en zonas bien diferentes del planeta (India, Namibia, Manitoba, Carolina del Norte, Kenia, Alaska, etc.) han aportado también cierta evidencia empírica de algunas mejoras en varios terrenos de salud y especialmente en la salud mental, la reducción de las desigualdades sociales y la pobreza, mejoras en la educación, en las relaciones humanas, la economía, etc.
A destacar algunas de estas experiencias por la importancia que han tenido estos ingresos incondicionales para la salud mental de las personas y las familias en cuanto a reducción de problemas de ansiedad, la reducción de ingresos hospitalarios de enfermos mentales o notables mejorías psiquiátricas y menos diagnósticos psiquiátricos entre adolescentes y adultos.
También se puede predecir que se ganaría en autonomía y confianza por la tranquilidad psíquica que podría suponer una garantía incondicional de ingresos.
Es plausible suponer que facilitaría realizar cambios de empleos que, en muchos casos, al ser poco gratificantes e insatisfactorios contribuyen, como se ha demostrado en diversas investigaciones, también a enfermar. Nos lo recuerdan a diario colectivos como las camareras de pisos (organizadas como las Kellys).
No puedo olvidar tampoco a aquellas personas que padecen de algún tipo de trastorno mental y que podrían tener una mejor seguridad económica y psicológica con una Renta Básica, sabiendo que su subsistencia no dependerá de una alteración o variación en su estado de salud mental, hecho que le puede suponer perder un empleo a día de hoy. En estos tiempos de crisis y de desregulación desbordada del mercado de trabajo con leyes y contrarreformas laborales que facilitan el despido y la desprotección de los trabajadores esta situación de intranquilidad se ha agudizado considerablemente.
Para mucha gente sería una salida para abandonar trabajos sumergidos o informales que se realizan en condiciones no muy saludables pero se ven necesitados de ejercer para complementar su miserable subsidio o pensión.
También para aquellos que trabajamos en servicios de salud mental, las relaciones asistenciales no estarían tan mediatizadas por las condiciones materiales de existencia y podrían estar más orientadas a atajar determinados problemas familiares, psicológicos, laborales, adictivos, etc. y así ayudar mejor a las personas vulnerables a ser más autónomas y capaces con sus vidas.
Finalmente una reflexión filosófica sobre la libertad y la Renta Básica
Desde la concepción republicana de la libertad que subscribo, ya desde los tiempos de Aristóteles, pasando por Cicerón, Maquiavelo, Robespierre o Marx, ser libre significa no depender de otro particular para vivir, no ser arbitrariamente interferible por este particular. Quien depende de otro para vivir no es libre. Quien no tiene asegurado el “derecho a la existencia” por carecer de propiedad u otros medios, vive a merced de otros y no es capaz de cultivar ni ejercitar la virtud ciudadana. Y esto es así porque esta dependencia con respecto a otro particular lo convierte en un sujeto de derecho ajeno: un alieni iuris, un alienado.
Se preguntaba Robespierre en el año 1792:
“¿Cuál es el primer fin de la sociedad? Mantener los derechos imprescriptibles del hombre. ¿Cuál es el primero de esos derechos? El de existir. La primera ley social es, pues, la que asegura a todos los miembros de la sociedad los medios para existir; todas las demás se subordinan a ésta”.
La libertad entendida como no dominación que podría suponer tener una independencia material como la Renta Básica es la libertad de la persona desempleada y de la precaria que les brindaría una independencia económica frente al marido, como es el caso de una gran fracción de mujeres, o al patrón, como es el caso de una gran parte de la población.
La Renta Básica permitiría elegir autónomamente, mucho más que ahora, el trabajo remunerado o empleo a realizar. Daría libertad al desempleado porque lo libera del estigma y daría libertad al pobre que lo libera de la caridad. Los beneficios inducidos por la Renta Básica se derivan de este efecto de la libertad: dignidad y autorrealización son posibles desde la libertad.
Cuanto más dependiente materialmente sea una persona, más fácilmente se verá obligada a entrar en relaciones asimétricas de dominación. Un grupo de vulnerabilidad como el de las personas afectadas por problemas de salud mental es susceptible de ser interferido arbitrariamente en su existencia social por parte de otros.
Si queremos también favorecer la autonomía de nuestros pacientes o usuarios esto implica asegurar las condiciones necesarias para que las personas actúen con empoderamiento y capacidad para tomar decisiones respeto a su tratamiento y curso de vida. Un sujeto autónomo es un ser consciente, adulto, equilibrado… y en psiquiatría cuando el paciente aprende a cuidar de sí, deja de serlo. Es así como se daría también una relación más simétrica entre el médico (sabio y poderoso) y el paciente (ignorante e indefenso).
Una Renta Básica considero que podría favorecer el clásico principio de autonomía de la Bioética.
Nuestras sociedades están cada vez más enfermas, pero hay propuestas como la Renta Básica con la que se ganaría más control de nuestras vidas al garantizar materialmente la existencia. Seríamos más libres y autónomos y por ello muy probablemente también se contribuiría a lograr mejoras objetivas en la salud mental.
Gracias por vuestra atención.
