Se suceden las manifestaciones por el cambio de la Ley Hipotecaria, contra los recortes sociales, por la defensa de lo público… Son en todas las ciudades y con diferente formato pero son noticias que, prácticamente, en todos los grandes medios se ocultan  o manipulan. Estamos viviendo un silencio cómplice que afecta no sólo a los medios españoles sino también a los internacionales. Ha ocurrido con el caso de las hipotecas. Rajoy anunció a bombo y platillo, unos meses atrás, que modificaría la citada Ley y, fuera de este país, las poblaciones creen que esto se modificó con los decretos 6/2012 y 27/2012. Estos decretos benefician, en la práctica, a un porcentaje muy pequeño de los afectados.

La realidad es otra. De hecho, hace unos días fueron presentadas más de 1.400.000 firmas para que se modifique la Ley Hipotecaria, se paralicen los desahucios y se acepte la dación en pago; es decir, que una vez que alguien no puede pagar el préstamo hipotecario y el banco se queda con la casa, no siga teniendo la deuda que además crece a medida que crecen los intereses. Actualmente, esto es lo que ocurre en el España.

Aunque parezca increíble, como nos han manifestado muchos amigos de otros países, ésta es la realidad española, y ha sido esta semana cuando el Partido Popular, en el poder, ha aceptado por presión popular y de suicidios esta propuesta a trámite, lo que no supone que se modifique la Ley, únicamente es un compromiso para discutirla en el Congreso. Esperemos que esto cambie.

Pero hagamos historia y un resumen de lo que ha ocurrido con este tema, que ha puesto en la calle a cientos de miles de familias más aquéllas que están cercanas a esta situación.

En los años 90, comienzan a tener un papel fundamental en la economía española el llamado “negocio del ladrillo”. Se construyeron miles y miles de casas por todo el estado sin control, con la ayuda de los Ayuntamientos que liberaron suelo público en una voracidad loca. Algunos casos están ligados a causas judiciales por corrupción y otros delitos.

En este negocio del ladrillo están implicadas las grandes empresas que, previendo la caída posterior –cuando la burbuja, a base de ser inflada, explotara- comenzaron a abrirse camino en otros países (llámese Latinoamérica, antiguos países del Este, África) o bien hacia sectores siempre vitales como es la sanidad, por ejemplo. Son las mismas empresas que están detrás de la construcción y gestión de los hospitales públicos; en síntesis, los mismos grupos económicos que están detrás de la privatización de la sanidad pública en nuestro país.

 

Sobre la Ley Hipotecaria

Comenzaremos por explicar qué ha sucedido con las hipotecas. En la concesión de un préstamo hipotecario, intervienen tres partes: el banco, el solicitante del préstamo hipotecario y el tasador de la vivienda.

Existía un sistema de seguridad respecto a las hipotecas. La ley hipotecaria dice que la cantidad máxima a hipotecar sobre una vivienda es el 80% del valor de tasación de la misma. La costumbre había producido que este criterio se extendiera a todas las hipotecas. Hipotecando solamente el 80% del valor de la vivienda, se aseguran que el solicitante del préstamo tiene capacidad de pago ya que cuenta con cierta cantidad de dinero; el importe mensual es menor y se reduce el riesgo de impago ya que la casa podría cubrir el importe que se debe.

Por otro lado, la concesión de hipotecas que asciendan únicamente al 80% del valor de tasación real de la vivienda impide que, en caso de subasta o dación en pago posterior, el valor del inmueble no cubra el importe de la deuda pendiente y de los gastos jurídicos e intereses de demora posteriores.

 

La realidad ha sido otra

Ha pasado que las partes responsables de controlar todo esto no lo han hecho y han contribuido a incrementar lo que se ha dado en llamar «burbuja inmobiliaria», causa -según algunos- de la crisis económica y social que está azotando este país.

Uno de esos responsables de controlar son las empresas tasadoras. La Ley obliga a que una empresa independiente fije el precio de la vivienda y lo haga de modo objetivo, por tanto, también es responsable de la cantidad que el banco puede conceder a su cliente. Sin embargo, quien les da más trabajo a estas empresas tasadoras y, como consecuencia beneficios, son los bancos, que son quienes les encargan las tasaciones sin que los clientes puedan elegir a otras tasadoras.

Éste ha sido uno de los elementos, según algunos expertos, que ha ayudado a que se inflara el precio de las viviendas de cara a que fueran concedidos los préstamos sin respetar el 80%.

Si a esto unimos la codicia de la banca, buscando el beneficio a toda costa sin tener en cuenta el riesgo en las operaciones; los bajos tipos de interés;  una tasa de empleo aceptable –acrecentada de manera notable justamente por la construcción absolutamente descontrolada-, y medidas fiscales que favorecían la adquisición de vivienda, nos encontramos con un cuadro en el que aparecen los ingredientes para que esta barbaridad se hiciera realidad.

Las consecuencias de todo esto han sido que las viviendas se han sobre valorado, produciendo una inmensa burbuja inmobiliaria; la población se ha endeudado hasta la vejez en la mayoría de los casos, mermando su calidad de vida hasta la muerte; al reventar la burbuja inmobiliaria, millones de personas, sobre todo inmigrantes, se han quedado sin trabajo y sin casa al no poder pagar la hipoteca; al bajar el precio de las viviendas, tasadas en muchos casos por encima del 110% de su valor, la subasta de éstas no cubre el importe de los préstamos, y queda una deuda pendiente después de subastar la casa, y  los bancos se niegan a aceptar la dación en pago, por la pérdida de negocio que les supone el extenso parque de viviendas que se están viendo obligados a gestionar y las consecuencias contables que tiene para su balance el impago de las hipotecas.

Hablábamos de quienes tenían que controlar y no podemos olvidar del papel que el Banco de España ha cumplido en todo esto, mirando hacia otro lado cuando se estaba produciendo el desastre y permitiendo en la actualidad que sigan existiendo estas prácticas. Por cierto, uno de los bancos que más irregularidades cometió en toda esa historia fue Caja Madrid, hoy Bankia, quien ha tenido que ser rescatado con miles de millones de euros de dinero público, además de dejar sin sus ahorros a miles de pequeños ahorradores.

Todo esto llevó a que en diez años más o menos se multiplicara un 200% el precio de la vivienda y que haya caído en este momento prácticamente al precio de diez años atrás.  Así es que quien no puede pagar se encuentra con que, si quiere vender, su casa vale mucho menos de la mitad del precio por el cual la adquirió, lo que le lleva a quedarse –si es que la vendiera- con una deuda que no puede asumir porque ya no le era posible antes. Esto sin contar que la recesión económica está provocando una caída vertiginosa de las compraventas de viviendas.

Si a todo ello, sumamos que en la mayoría de los préstamos la letra pequeña no se lee o bien no se comprende los veinte folios de información en letra pequeña, información que no se explica hasta asegurarse que sea entendida ni por parte de los empleados bancarios ni por parte del notario de turno, nos encontramos con que muchos compradores viven con verdadera sorpresa las consecuencias negativas de lo que firmaron.

Hablando de notarios, podemos decir que aún cumpliendo la ley, es muy sorprendente que no se hayan enterado de todo lo que estaba ocurriendo; más bien, pareciera que han mirado también hacia otro lado, interesados tanto como bancos y tasadoras en este negocio.

 

Algunos otros abusos

 

Sobre intereses, es habitual encontrarse con muchas personas que desconocían, porque nadie les informó, que el interés del préstamo era fijo el primer año y a partir de ahí variable, pasando de pagar una mensualidad de 600 u 800 euros mensuales a 1.500, lo que se ha convertido en impagable. Muchos de estos préstamos eran canallescos, no sólo podían subir sin control, sino que tenían “suelo”, es decir, no podían bajar más de cierta cantidad aunque bajara el tipo de interés.

Respecto a la propiedad, es habitual encontrar, especialmente entre inmigrantes, que justo cuando estaban por firmar el préstamo hipotecario acompañados de avalistas (solían ser amigos o familiares) y recibir las llaves de su casa, el banco había puesto a dichos avalistas también como propietarios para asegurarse más ingresos. El momento de tensión, el no romper “la ilusión” de los nuevos propietarios o la falta de información clara… hizo que algunos no supieran que en realidad eran copropietarios con otras dos personas, o lo comprendieron pero no reaccionaran adecuadamente en el momento y no midieron las consecuencias. Y ahora es complicadísimo resolver la situación de cara a negociar con el banco cuando no es posible pagar. Algunas de estas personas no viven ya en España, han perdido el contacto entre sí, etc.

Para agravar el problema, en plena burbuja económica se dieron fenómenos como el “Círculo Hipotecario del Inmigrante”, una asociación en la que mediante avales cruzados se conseguían hipotecas en los bancos.  El funcionamiento de esta organización consistía en captar inmigrantes con contrato de trabajo y aspirantes a la compra de una vivienda y que necesitaban dos avales para solicitar el préstamo hipotecario. La asociación facilitaba a los asociados, dos avalistas, y a cambio las personas avaladas se comprometían a ser avalistas para otros dos futuros compradores, que presentaba la asociación sin que unos y otros se conocieran de nada ni volvieran a tener relación alguna.

No es creíble que todo esto no fuera conocido por notarios y bancos. Más bien, todo huele a que era tan rentable el negocio que resultaba difícil resistirse a la tentación.  Unos y otros y las ganas de conseguir una vivienda por parte de los compradores ha generado este desastre que ha llevado, como apuntábamos, a miles de familias a la calle y a un número indeterminado de suicidios, producto de la presión social y del banco, que sufren los afectados cuando se producen los desahucios.