«En nuestros barrios y pueblos podemos observar claramente las consecuencias de las decisiones de nuestros gobernantes sobre la vida de las personas.
Sufrimos el miedo de ser expulsados del mercado de trabajo, de ver como se ponen en riesgo los servicios públicos, el mecanismo con que contamos para compensar la desigualdad brutal que genera nuestra sociedad.
Son las vecinas y vecinos de nuestros barrios y pueblos, la inmensa mayoría de las personas, las que ven mermada su calidad de vida y cada vez mas limitada su condición ciudadana, sometidos y sin derechos reales mientras unos pocos incrementan brutalmente sus privilegios a costa de los demás, empobrecidos y empujados a situaciones límite.
Frente a este proceso de degradación de derechos, abandono y empobrecimiento, exigimos la puesta en marcha de medidas inmediatas y concretas, que garanticen unas condiciones de vida dignas a los sectores sociales que se están viendo golpeados de manera más brutal por las políticas económicas del gobierno.
En el marco de este Plan de Rescate de la ciudadanía exigimos a las administraciones públicas:
1. Renta básica para toda persona en riesgo de exclusión social. El derecho a la vida no se negocia.
2. Vivienda accesible para todos/as, porque un techo es imprescindible para la dignidad, la formación de una familia y la vida en sociedad. ¡Stop desahucios! ¡stop desalojos!
3. Transporte público gratuito para desempleados y sus familias, porque la libertad para desplazarse es imprescindible en la vida social.
4. Material escolar subvencionado. Ningún niño/a sin libros para estudiar y formarse.
5. Becas de transporte y de comedor para estudiantes. La posibilidad de la formación no puede estar limitada por la capacidad económica.
6. Formación para la inserción laboral. Formación específica para desempleados/as, complementaria de la formación reglada.
7.Medicina gratuita y refuerzo de los Servicios Públicos de Salud Mental y atención a drogodependientes. La prevención es más rentable que las acciones curativas y paliativas.
8. Mantenimiento de los centros de salud de barrio o pueblos existentes. El Derecho Universal a la Salud prevalece sobre los presupuestos.
9. Dotación económica para afrontar situaciones de emergencia económica y social de los hogares. Los recursos públicos al servicio de la integración social y de la disminución de las desigualdades.
10. Oferta cultural gratuita en los centros sociocultares públicos. La cultura es un gran factor de promoción personal y de inclusión social.
11. Suministros de agua y energía garantizados para todos los hogares. Son elementos básicos para la vida, fuera del imperio de los mercados.
12. Suspensión del pago de impuestos municipales hasta que se supere la situación de precariedad.
13. Desbloqueo de la Ley de Dependencia y atención suficiente a las personas con grandes dependencias. Es simple justicia social.
14. Medidas de atención a la infancia y la adolescencia, como colectivos más vulnerables e indefensos ante la precariedad.
Estas medidas requieren de un eficiente control de los ciudadanos sobre la gestión pública, como garantía de eficacia y de que esta responda a los intereses de la mayoría, que evite el despilfarro, la sangría a las arcas públicas de los “puestos de libre disposición”, de los sueldos disparatados que los gobiernos municipales se autoconceden y de los contratos a empresas de confianza, que defraudad las normas de contratación pública».
