El diputado Helio Rebot, actualmente miembro de la Comisión de Seguridad de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, contempla la creación de un programa especial que les permita a las personas físicas y jurídicas entregar las armas de fuego en su poder, de guerra o de uso civil, a cambio de un beneficio que se establecerá en la reglamentación de la norma.
También se prevé la realización de una campaña pública para que la población tome conciencia sobre la conexión directa que existe entre las armas y la violencia. Según Rebot, “existen alrededor de 4,8 millones de armas de fuego en todo el país. Una por cada dos hogares. Y la estadística policial informa de la gran cantidad de muertes y lesiones gravísimas que se producen por el uso de armas de fuego legales, es decir, que están registradas por sus usuarios, pero que fueron utilizadas en arranques de ira o irresponsablemente. De modo que si se pretende mejorar la seguridad ciudadana es imprescindible realizar un programa urgente de desarme y promover la toma de conciencia sobre los peligros de la tenencia de armas”.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) sostiene un programa de desarme a nivel mundial que no está dirigido solamente a la eliminación de armas de guerra, nucleares, químicas y biológicas de gran porte, sino también a la de pequeñas y medianas que circulan legal o ilegalmente entre las poblaciones civiles. Agrega Rebot: “Las estadísticas de la ONU dicen que 500 mil personas mueren cada año en el mundo por causa de las armas pequeñas, razón por la cual se ha sostenido que son verdaderas armas de destrucción masiva que, aunque no pueden devastar ciudades o pueblos en pocos segundos, son, sin embargo, la causa de más de 1300 muertes cada día”.
Quienes accedan al programa voluntario que impulsa el proyecto, podrán hacerlo anónimamente y recibirán a cambio un incentivo que se les entregará en el momento de dejar sus armas. Para hacer efectivo tal beneficio se creará un Fondo Especial de Canje de Armas que recibirá recursos que podrán provenir de aportes económicos oficiales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de la Nación, de empresas privadas y de fundaciones y asociaciones nacionales o internacionales interesadas en la temática de la violencia y el desarme, entre otros.
