Por Gladys Martínez López para Diagonal
Hablamos con David Whyte y Steve Tombs, autores de ‘La empresa criminal. Por qué las corporaciones deben ser abolidas’.
En el año 2014, 218.827 adultos y 15.048 menores fueron condenados en firme por tribunales de lo penal en España por haber cometido algún tipo de delito. Así se desprende de los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Y cada país dispone de los suyos propios. ¿Pero cuántos delitos fueron cometidos por la acción de las corporaciones, y cuántos directivos fueron condenados por ello?
Vertidos de petróleo o aguas tóxicas, contaminación del aire por las industrias, intoxicaciones alimentarias, manipulación de precios y fraudes masivos, hipotecas abusivas, accidentes laborales por falta de seguridad… Los crímenes y delitos cometidos por las corporaciones son extensos. Casi tanto como la impunidad que se deriva de ellos. “La ley penal burguesa se organiza en torno a la figura del individuo y el concepto de mens rea, la intencionalidad. No es fácil hacer encajar esa concepción con el daño producido por una corporación”, dice a Diagonal Steve Tombs, que junto a David Whyte acaba de publicar el libro La empresa criminal.
“Si yo intento matarte y lo consigo, eso es intencional, hay delito y hay castigo. Al propietario de la mina que sabe que va a morir gente, que no tiene intención concreta de matar a un individuo determinado pero no le importa en absoluto lo que vaya a ocurrir, a lo sumo se le culpará por negligencia, nunca por homicidio”, añade Tombs. Desde enero de 2015, la Organización Internacional del Trabajo estima que 2,2 millones de personas han muerto en accidentes laborales. “Obviamente no puede decirse que se trate de dos millones de personas asesinadas por organizaciones criminales, pero sí puede decirse que un 75% de esas muertes resultan de violaciones de la ley penal”, añade.
Desastre causado por la ruptura de la represa de Samarco en Mariana, Minas Gerais, la peor tragedia ambiental de Brasil. Foto: Gustavo Ferreira/Jornalistas Livres
Lo mismo ocurre “en materia de criminalidad financiera, sabemos que las víctimas se cuentan por millones, como en el caso de los fraudes hipotecarios”. En Reino Unido, 2,5 millones de personas sufrieron esos fraudes en los 90, y muchos perdieron sus viviendas. Y en España, al menos 400.000 familias han perdido sus hogares desde 2008 después de firmar hipotecas abusivas. “Hablamos de estimaciones, pero lo que sí sabemos con total seguridad es que la cifra real de vidas afectadas es abrumadoramente superior a la de los llamados ‘delitos tradicionales’”, dice Tombs.
Entonces, ¿por qué rara vez se castiga estos delitos? Porque la corporación, indican los autores de este libro, “nació como mecanismo para asegurar la impunidad ante cualquiera de los daños humanos que produzca”. Su ‘madre’, la empresa colonial, cuyo mejor ejemplo sería la Compañía de las Indias Orientales, fue creada por un lado para “concentrar la riqueza y aumentar así la capacidad del Estado para expandir su imperio”, y por otro para “desplazar responsabilidades”, indica David Whyte. Con un ejército de 250.000 mercenarios, este “agente colonial del Gobierno británico” cometió innumerables atrocidades en sus dos siglos de vida. Así, el Gobierno se beneficiaba de la compañía, y la compañía, del Gobierno, en una relación casi simbiótica.
Cuando a mediados del XIX nació la corporación en su forma moderna, lo hizo con el mecanismo de la responsabilidad limitada de sus propietarios. “El principio de responsabilidad limitada, que se aplica a los inversores vinculando la responsabilidad a la inversión, se aplica también en el ámbito penal, en el de los derechos humanos, para asegurar la impunidad de directivos y gerentes, porque la forma legal otorgada a la corporación busca separar su identidad de las de sus directivos, gerentes e inversores”, continúa Whyte. De ahí que “la corporación represente una perfecta estructura para la impunidad de sus propietarios y también para que el Estado eluda sus responsabilidades”.
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