Por Martín Almada

En un ambiente tenso a nivel nacional el Tribunal de Sentencia de escasas luces (pero con bolsillos profundos), cumpliendo órdenes superiores declararon culpables a los inocentes campesinos. Con la sentencia nula del Tribunal se pretende legitimar los crímenes más vergonzosos y cobardes realizados en nombre del Estado por la policía, las FFAA y los políticos nostálgicos de la dictadura.

Se debe sancionar ejemplarmente a los jueces y fiscales encubridores de la Masacre de Curuguaty. Es la única manera que nuestros hijos y las futuras generaciones vivan con la tranquilidad de que en Paraguay NUNCA MAS se ejerzan por la rosca judicial los agravios que injustamente estamos viviendo.

Es preocupante el silencio sobrecogedor de la Asociación de Magistrados del Paraguay, (que en su mayoría son abogados con “espinazos flexibles), del Representante paraguayo ante el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, del Consejo de la Ética Judicial, de la Unión Industrial Paraguaya que tenía como conspicuo socio a Blas N. Riquelme que acumuló bienes mal habidos como el Campo Morombi. Gracias a su “arandu kaaty” nos imaginamos que tendría sus bienes distribuidos en S.A, empresas offshore y acciones al portador. En primer lugar para distribución entre los herederos, y para evitar gastos en honorarios de sucesión e impuestos. Las víctimas de la masacre de Curuguaty tienen legítimo derecho a participar en el juicio sucesorio.

Apoyamos una vez más la declaración pública de Amnistía Internacional (AI) del 05.07.16, INCIDENCIAS, al referirse al violento desalojo que desencadenó la muerte de 17 personas (11 campesinos y 6 policías) en el Distrito de Curuguaty, Departamento de Canindeyú. Con acierto AI reitera su preocupación por la falta de investigación exhaustiva, independiente e imparcial que garantice la verdad, justicia y reparación para todas las víctimas y sus familiares.

Los jueces y fiscales debieron escuchar a quienes el sistema político excluye o maltrata y su misión es brindarle un debido amparo. En este caso, como en tantos otros. Jueces y fiscales en Paraguay se convierten en verdugos de los mismos a quienes por mandato constitucional, deben resguardar, proteger, es decir, se convirtieron en víboras que solo muerden a los descalzos, es decir, a los pobres.

Nuestros jueces y fiscales bien remunerados con nuestros impuestos dejan solos a los campesinos y naciones originarias forzándolos a que se defiendan con las armas que no tienen y los recursos políticos y económicos de los que carecen. Obviamente esto ocurre es un rémora del pasado porque la Justicia durante la dictadura fue simplemente un apéndice de la policía política y ahora es apenas un resorte del Poder Legislativo.

La visita del Santo Padre Francisco en julio del 2015 fortaleció la fe de los paraguayos pero la paz no llegó de la mano de la justicia, porque sigue siendo la misma: injusta, vergonzosa porque fue convertida en una máquina burocrática de terror que estableció una pena de 35 años, una “joya” para el Museo de la Supuesta Justicia que funciona en la planta baja del Poder Judicial.

El juicio ya dictó sentencia. La masacre de Curuguaty, antes del hecho, durante y hasta ahora es una acción pensada, diseñada y ejecutada con muchas complicidades que es de conocimiento público.

Esa tierra pretendida por la familia Riquelme le corresponde al Estado. La tierra apropiada no es de quiénes hoy la han cubierto de soja contaminante que exportan sin pagar impuesto.…

Después de escuchar la Sentencia elaborada seguramente en un Estudio Jurídico del CAMPO MOROMBI se impone solicitar la nulidad del proceso y la necesidad de una investigación independiente e imparcial sobre todas las muertes y las denuncias de tortura que dejó muertos que hubo entre la policía y los campesinos el 15 de junio de 2012 .

Exigimos un castigo ejemplar a los fiscales y jueces corruptos intervinientes en el caso.

No hay justicia sin jueces probos.

Si callamos, las piedras hablaran. Lucas 19.37.

Porque tenemos memoria reclamamos justicia

– Martin Almada, Premio Nobel Alternativo y miembro del comité ejecutivo de la Asociación Americana de Juristas (AAJ)