Por Cecilia Balderas
Al cumplirse un año de la aprehensión y encarcelamiento de 25 de sus compañeros, cientos de simpatizantes del Frente Popular Revolucionario (FPR), marcharon por la ciudad de Oaxaca de Juárez para exigir la inmediata libertad de estos, tras argumentar que los delitos por los que se les acusa -terrorismo y portación de armas de uso exclusivo del Ejército- no han podido ser comprobados.
La marcha salió de la fuente de las 8 regiones con rumbo al Zócalo de la ciudad. La vanguardia, encabezada por familiares de los presos políticos -particularmente mujeres, niños y adultos mayores- avanzó poco a poco para dar oportunidad a que el resto de los contingentes tomaran su lugar sobre la avenida.
Varios menores, particularmente niñas, portaban pendones con el rostro de sus padres, tíos o hermanos a quienes ya no han vuelto a tener en su casa, luego de ser detenidos en 2015 tras haber participado en una marcha en repudio de la reforma educativa y en solidaridad con el movimiento magisterial de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Una vez en el Zócalo de Oaxaca, uno de los representantes del FPR leyó una carta que los presos dirigieron a sus compañeros en la que los exhortaban a seguir con la lucha -mientras un helicóptero de la Policía Federal sobrevolaba la zona- y subrayaban el ansia que ellos mismos tienen de reincorporarse “a la carga en colectividad”.
“Aun en prisión, nuestras alas son incontenibles”, afirmaron los 25 presos políticos en el texto.
Gabino, el represor
A medio día, familiares y representantes legales de los detenidos denunciaron -en conferencia de prensa, luego de visitarlos en el penal de Etla- que durante la administración de Gabino Cué Monteagudo, primer gobernador no priista en la entidad, prácticamente se duplicó el número de presos políticos.
Yolanda Barranco, del Comité Nacional de Presos Políticos, subrayó que ha pasado mucho tiempo en que el Estado ha violentado los derechos humanos de los 25 presos, pues “nadie les va a regresar el tiempo perdido con sus familias y con sus hijos”.
“El Estado mexicano se ha vuelto muy inhumano y nada más está tratando de socavar la lucha social. Exigimos la libertad de los presos, pero también el cese de la criminalización de la protesta y al terrorismo de Estado. En Oaxaca están cerrando la pinza. Tenemos 73 presos políticos. El gobierno de Gabino Cué, ha duplicado este número y además se atreve a decir que no hay”, declaró.
Juan Melchor, profesor de la Sección XVIII de Michoacán, de la CNTE, repudió el uso que el Estado mexicano hace al utilizar la fuerza pública y procesos judiciales amañados para acallar la protesta.
“Ante el agotamiento del Estado para poder asentar sus reformas estructurales, ha utilizado el encarcelamiento de luchadores sociales. Hay una represión selectiva. El violar los derechos humanos de los compañeros, al vejarlos, el torturarlos física y psicológicamente es para que, no sólo ellos, sino todos los manifestantes del país, desistamos de nuestras luchas”, subrayó el docente.
Sin embargo, el docente subrayó la fortaleza que mantienen los presos lo que afirmó “nos anima a seguir con la lucha”.
Melchor agregó que la CNTE ratificó la decisión de seguir en la lucha por la excarcelación de los presos políticos del país; pues argumentó que no es posible que haya presos políticos cuando sujetos vinculados con la delincuencia organizada salen a los pocos días de ingresar a los penales.
César Cravioto, coordinador de los diputados de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), exigió a Gabino Cué, que antes de entregar el poder, libere a todos los presos políticos de Oaxaca, pues consideró preocupante que la entidad del sureste sea la que mayor número de presos políticos tiene y demandó castigo para los funcionarios públicos responsables de los malos tratos y tortura cometida en contra de los simpatizantes del FPR.
Informó que una vez en la Ciudad de México impulsará -en coordinación con los diputados federales de Morena- una Ley de Amnistía, además que exigirán que la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Procuraduría General de la República (PRG), se desistan de las falsas acusaciones en contra de los detenidos y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), asumir una postura más clara en este tema.
El exdiputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, calificó de “canalla” la actitud del gobierno al fabricar delitos a los jóvenes para mantenerlos detenidos y agregó: “estamos sumando nuestra voz, nuestra indignación a la exigencia de libertad, a la exigencia que pare la represión en Oaxaca, aunque yo creo que se va a acentuar en todo el país porque es muy grande el número de presos políticos”.
El político declaró que los jóvenes adelantaron que apenas salgan del penal, se reincorporarán a la lucha pues hay que cambiar el sistema.
En entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO, Isaac Torres Carmona, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limedh) acusó al juez tercero de distrito de dilatar el proceso jurídico de los detenidos. ”En estricto cumplimiento al Estado de derecho, tendrían que ser puestos en inmediata libertad; sin embargo, hay todos los obstáculos tendidos por parte de la propia autoridad para mantenerlos injustificadamente en cautiverio” , explicó.
El abogado responsabilizó al gobierno de Cué y al de Peña Nieto de cualquier cosa que pudiera sucederle a los defensores de derechos humanos, a los familiares de los detenidos y a los representantes de las organizaciones que se han sumado a la demanda de libertad de los presos políticos.
Entre las organizaciones que participaron en la visita a los simpatizantes del FPR estuvieron: una representación de la Sección XVIII de la CNTE de Michoacán, de la Sección 22, del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, de la Sección 75, el Congreso Social, el Comité Nacional por la Libertad de los Presos Políticos, del Plantón por los 43 normalistas, la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, la Comisión Magisterial de los Derechos Humanos, del Sindicato Independiente de Trabajadores Profesional de la Salud, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos y el FPR.
