Repudio al decreto que da autonomía a las Fuerzas Armadas de la Tupac Amaru

Raúl Alfonsín determinó en 1984 mediante un decreto que toda decisión del ejército debía pasar por la órbita del presidente de la Nación y del ministerio de Defensa de la Nación en cuanto a designaciones, destino de personal, retiros, bajas y el ejercicio de facultades disciplinarias. El Presidente ejercía un control civil sobre las Fuerzas Armadas para evitar que, como había sucedido en reiteradas ocasiones en nuestro país, éstas pudieran realizar operaciones en contra de gobiernos democráticos.

La autonomía de las fuerzas armadas genera intranquilidad no sólo en nuestro país, sino también en las democracias del mundo. En Argentina, Alfonsín pudo lograr implementar esta política luego de la sangrienta experiencia de la última dictadura cívico-militar. Sin embargo, las resistencias que han debido superar los distintos gobiernos para la materialización de los decretos que intentaron instaurar el gobierno de las fuerzas armadas impidieron durante años su efectiva aplicación o la tornaron muy dificultosa.

Hoy, a partir del decreto firmado por Mauricio Macri la corporación militar vuelve a disponer, como ha advertido el Movimiento de Profesionales para los Pueblos, “autónomamente y sin control, su sistema de «premios y castigos», de formación académica con mayor o menor contenido en materia de derechos humanos, de traslados compulsivos a los «disidentes», de asignación de ascensos a los «leales», de cobertura a los agentes pasados a retiro por violar la Constitución Nacional mediante la asignación de un rol «docente», de asignación discrecional de presupuesto, de otorgamiento discrecional de roles estratégicos respecto de la función política que tienen que cumplir las fuerzas armadas en la sociedad, entre otras facultades . En definitiva, la decisión desde el Ejecutivo nacional es que las fuerzas armas no cuenten con ningún tipo de control civil y político”.

No se trata de un hecho aislado. Desde la asunción del nuevo gobierno el pasado 10 de diciembre tanto a nivel nacional y sobre todo en el provincial se ha vivido un gravísimo retroceso en términos de las garantías constitucionales y la vigencia del Estado de derecho. En Jujuy se ha montado el aparato estatal al sólo efecto de perseguir y reprimir al que piensa distinto. Desde el 16 de enero, la diputada del Parlasur Milagro Sala se encuentra privada ilegalmente de su libertad. Otros 8 compañeros de la Tupac Amaru se encuentran detenidos sólo porque alguien dijo algo en contra de ellos y sin más prueba que las declaraciones de alguna persona. Se han realizado allanamientos nocturnos, sin orden, con policías de civil, en los que destruían todas las pertenencias de trabajadores que se han esforzado en los últimos años en conseguir algo de lo poco que tenían. Dichas prácticas nos recuerdan a las épocas más oscuras de nuestra historia a las que el decreto publicado hoy en el Boletín Oficial nos retrotraen.

Desde nuestro espacio social y político reclamamos una vez más en este contexto la inmediata libertad de Milagro Sala y reiteramos que no se trata de estar de acuerdo o no con ella, sino de garantizar los procesos democráticos que están cada vez más en riesgo.