Con este especial, la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil y la CLADE denuncian el desarrollo de planes de gobierno con miras a la privatización educativa en distintos Estados del país, iniciativas que se han desarrollado en base al cierre de escuelas públicas sin diálogo previo con las comunidades educativas y a la transferencia de la gestión de centros educativos estatales a organizaciones sociales y corporaciones militares

Procesos de cierre de escuelas públicas de enseñanza fundamental y media, así como de privatización y militarización de la gestión educativa forman parte del contexto educativo actual del país y responden a un modelo que se pretende imponer desde los gobiernos de distintos Estados, especialmente Goiás, São Paulo, Pará, Espírito Santo, Pernambuco y más recientemente el Estado de Piauí. De la mano de estos planes que favorecen la privatización surgen manifestaciones estudiantiles de resistencia, que han enfrentado como respuesta del gobierno la represión y la criminalización.

El movimiento estudiantil y la ocupación de las escuelas

Las acciones de ocupación de planteles en contra de la privatización y de la tercerización de la gestión de escuelas públicas en São Paulo y Goiás han sido consideradas como el resurgimiento de un movimiento estudiantil crítico y combativo, un símbolo de lucha por la educación pública y ejemplo de organización y movilización colectiva. Se ha expresado que los/as estudiantes hicieron un aprendizaje que va más allá de la defensa del espacio de la escuela: descubrieron la autogestión, la posibilidad de deliberación en un contexto de disputa de proyectos, comprobaron sus propias fuerzas y capacidades, se reconocieron, construyeron formas organizativas de democracia directa y encontraron formas de permear el cerco comunicacional y la articulación del gobierno con los grandes medios de prensa.

En el caso de São Paulo, las ocupaciones de las escuelas de enseñanza media y fundamental se dieron como expresión de resistencia a la reorganización escolar impuesta por el gobierno de Geraldo Alckmin que proponía el cierre de 94 escuelas (inicialmente el número ascendía a 477 centros educativos). Aunque el objetivo señalado expresase la necesidad de reducir la infraestructura ante la disminución del número de matrículas y la preparación para la municipalización de la enseñanza fundamental, en concreto la medida tomada sin debate público conlleva al hacinamiento de clases al mismo tiempo que debilita el sistema público y abre camino para la creación de centros de educación infantil e institutos de formación técnica y tecnológica en base a alianzas público-privadas.

Estudiantes, docentes, padres y madres reaccionaron enérgicamente en defensa de la escuela pública. Más de un mes de movilizaciones seguidas y la ocupación de cerca de 200 escuelas resultaron en la renuncia del Secretario de Educación del Estado de São Paulo y la suspensión del proceso de reorganización a comienzos del mes de diciembre de 2015. Después de ello, las ocupaciones mantuvieron cierta continuidad, creándose una instancia de coordinación denominada Comando das Escuelas Ocupadas.

A pesar de haberse oficialmente suspendido la reorganización, existe una preocupación extendida debido a la información parcial recogida por el Sindicato de Profesoras/es de Enseñanza Oficial del Estado de São Paulo (Apeoesp), en base a la cual se estima que este año el número de salas de aula cerradas en escuelas estaduales paulistas alcanzó a 1.160 al 18 de febrero, lo que ha sido calificado por el sindicato como “reorganización escolar silenciosa”.

En otros Estados, la resistencia estudiantil tiene en la mira la transferencia de la gestión de escuelas estaduales para Organizaciones de la Sociedad Civil (OSs) así como los procesos de militarización que se vienen implementando en algunos centros educativos.

En Goiás, a fines del año pasado, estudiantes de secundaria ocuparon cerca de 28 colegios en oposición a la política del gobierno de transferir la gestión de centros educativos públicos a OSs y a la lógica empresarial que supone este tipo de iniciativas. El gobierno primero intentó una acción de recuperación de la posesión de las escuelas ocupadas, la que no prosperó reconociendo la Justicia el derecho de ocupar y señalando que las tomas no retiran la propiedad de los colegios del Estado. Expresiones de represión y agresión policial no tardaron en darse en varios de los colegios ocupados y en espacios de protesta.

Por su parte, diversos cuestionamientos se han formulado en relación a las organizaciones de la sociedad civil que han resultado calificadas para los procesos de tercerización, pero principalmente respecto a la práctica de tercerización en sí misma, ya que reduce los derechos de las y los trabajadoras/es, profundiza la segmentación en los sistemas educativos y no resulta en mejoras en el aprendizaje.

Entre los cuestionamientos, se señala que cinco de las organizaciones calificadas se encuentran en funcionamiento hace menos de un año, cuentan con poca experiencia en materia educativa, particularmente en educación básica, y no hay información respecto a quienes integran sus equipos o cuerpo técnico.

La Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil ha condenado las tentativas de tercerización de la educación pública por medio de la contratación de organizaciones sociales, argumentando que, en todo el mundo, la tercerización y la privatización de las escuelas, bajo diversos modelos, fracasaron. Y que estos modelos reducen los derechos de las y los trabajadoras/es, profundizan la desigualdad en los sistemas educativos, no resultan en mejoras en el aprendizaje e invisibilizan la universalización de la educación como derecho.

Asimismo, actuaciones del Ministerio Público derivadas de una solicitud presentada por parte del Sindicato de los Trabajadores en Educación de Goiás (Sintego), fundamentada en la falta de transparencia en la selección de las OSs, señalan que se identificó un déficit democrático en el proceso de transferencia de la gestión de las escuelas a las OSs y que no se respetaron los principios de la gestión participativa de la educación pública previstos en los diversos marcos vigentes. Asimismo, que ninguna de las personas representantes de las OSs que participaron de la licitación cumple con los criterios exigidos por la ley.

Concretamente, de las entidades consideradas habilitadas por el gobierno, ninguna presenta las condiciones exigidas por la ley conforme han recomendado el Ministerio Público Federal, el Ministerio Público del Estado de Goiás y el Ministerio Público de Cuentas del Estado.

El gobierno de Goiás recientemente anunció que seguirá con el plan de terceirizar la gestión de escuelas públicas, y postergará el inicio del proyecto para el segundo semestre de este año. En respuesta, las y los estudiantes contrarias/os a la reforma dicen que seguirán movilizadas/os [sepa más].

Procesos de administración de escuelas públicas bajo la modalidad de asociaciones público privadas (PPPs) vienen operando también en los Estados de Pernambuco, Sergipe y Espírito Santo, con iniciativas que se inclinan por la flexibilización curricular y la reducción de los contenidos curriculares a conocimientos exigidos por el mercado laboral. Así por ejemplo, en Pernambuco, una sola institución privada ya gestiona 160 escuelas bajo esta modalidad.

Militarización de las escuelas estatales

La gestión de las escuelas públicas por parte de la Policía Militar se está llevando adelante en algunos Estados de Brasil, pudiéndose mencionar las experiencias que se vienen desarrollando principalmente en los Estados de Goiás, Sergipe, Río de Janeiro y Amazonas. Estas iniciativas suponen acuerdos de cooperación de índole técnico-pedagógico entre las Secretaría de Seguridad Pública y Educación, a través de los cuales se derivan a la órbita de la policía militar la administración de centros educativos, en los cuales se imponen criterios de jerarquía, autoridad y disciplina militar, un funcionamiento basado en la obediencia, con un fuerte énfasis disciplinario y sancionatorio; en algunos casos, también se impone el cobro de tasas en concepto de matrícula y de mensualidad. Uso de uniforme militar, saludo o reverencia, cabellos cortos o recogidos, prohibiciones de uso de esmalte de uñas y de lenguaje “informal” son algunas de las reglas.

En Goiás, a partir del año 2014, la Policía Militar ha asumido la gestión de varios centros escolares, siendo actualmente 26 el número de unidades militarizadas, transformándose en el estado con mayor cantidad de colegios militares del país, en el que además se prevé la militarización de 24 nuevas escuelas en el presente año. Se evidencian situaciones de análoga naturaleza también en Manaus, capital del Estado Amazonas.

De acuerdo con la información disponible, se preveía que al culminar el año 2015 el número de escuelas públicas bajo gestión militar en todo el país alcanzaría a un total de 109.

La Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil califica como vergonzoso constatar el aumento de escuelas públicas gestionadas por corporaciones militares, lo que contraviene el derecho a la educación en su concepción más plena, que es la de garantizar la apropiación de la cultura y valores democráticos con el objetivo de promover una ciudadanía en concordancia con lo expresado en la Constitución Federal. Señala que al cobrar aranceles, las escuelas militarizadas excluyen estudiantes y familias, agravando aún más lo que es ya una política equivocada [lea aquí el posicionamiento público de la coalición].

Rechazo a la represión y a las detenciones arbitrarias

En el contexto de estas protestas y expresiones de rechazo ocurridas en varios Estados de Brasil, muchas/os estudiantes y docentes fueron reprimidas/os con violencia y sufrieron detenciones arbitrarias. En muchos casos, los operativos de represión contaron con la intervención de la Policía Militar, mientras que en otros actuaron batallones de choque y hasta el grupo aéreo de la policía militar (Graer). Diversas organizaciones han expresado su repudio por los hechos ocurridos en el marco de las manifestaciones y ocupaciones estudiantiles.

Así por ejemplo, la Asociación de Docentes de la Universidad de Sao Paulo (Adusp) manifestó su disconformidad con las actuaciones del gobierno de Marconi Perillo (PSDB) de Goiás, en el marco de las cuales se ordenó la prisión de 30 estudiantes (muchos de ellas/os menores de edad) y de un profesor universitario, considerándolas agresiones a las libertades democráticas y civiles y graves afrontas a la democracia. En relación a los sucesos de São Paulo, la Asociación expresa que la Policía Militar del gobierno de Geraldo Alckmin (PSDB) persiguió “truculentamente” a quienes se opusieron a la reorganización escolar. Reprueba además, el encarcelamiento de personas por “delito de opinión” y de manifestación, las acusaciones de crimen organizado formuladas y el uso del aparato represivo de la Policía Militar.

Asimismo, el 7 de abril estudiantes de secundaria de São Paulo participaron en una audiencia en la CIDH, donde denunciaron ante este órgano la represión que sufrieron de la Policía Militar del Estado durante las protestas contra la reorganización escolar a fines de 2015.

Condena a los procesos de privatización y militarización

El pasado año, el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas expresó su preocupación y formuló recomendaciones al Estado de Brasil, incidiendo para ello el documento “Privatização da educação e violação de direitos no Brasil: apontamentos para o Comitê dos Direitos da Criança”, que fue elaborado y presentado al Comité por una comisión integrada por representantes de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación, Conectas, Acción Educativa y la Associação Nacional dos Centros de Defesa de Direitos da Criança e do Adolescente (ANCED).

Las recomendaciones relativas a la privatización apuntaron a: establecer un marco regulatorio según el cual todos los proveedores privados de educación sean obligados a comunicar sus operaciones financieras, incluyendo cuestiones como mensualidades escolares y salarios, así como declarar de forma transparente que no se encuentran involucrados en la educación con fines de lucro; priorizar la educación pública en la distribución de los recursos públicos; y que los Municipios pongan fin a la compra de sistemas de enseñanza y gestión estandarizados de empresas privadas. En cuanto a la militarización, el Comité recomienda certificar que todas las escuelas sean administradas por autoridades civiles y funcionen bajo reglas disciplinarias y métodos de enseñanza apropiados para niños/as, retirándose progresivamente las escuelas públicas de la gestión militar.