A 28 años del comienzo de la Guerra de Malvinas, persisten en la isla elementos bélicos letales. De acuerdo a los especialistas, en las Islas se encuentran enterradas más de 20.000 minas antipersonales –colocadas en su mayoría por las fuerzas argentinas- y varias áreas sufren las consecuencias del uso de bombas de racimo –utilizadas por el ejército inglés-.
En 1997, tanto Argentina como Inglaterra se comprometieron a desmantelar estos elementos con la firma del Tratado de Prohibición de Minas Antipersonales de 1997, también llamado Convención de Ottawa. A diez años del comienzo de su vigencia (en 1999), sin embargo, los gobiernos de ambos países solicitaron prórrogas para su desmantelamiento final.
Las zonas minadas eran conocidas por los argentinos, que realizaron mapas durante el sembrado de las mismas durante la Guerra. Esta información fue suministrada a las autoridades británicas, por lo que las áreas se encuentran marcadas, valladas y supervisadas. Esto permitió que no se registraran casos de víctimas civiles desde el final del conflicto, el 14 de junio de 1982.
Este es uno de los pocos casos en los que las autoridades de ambos países han trabajado de forma conjunta. En 2007, Argentina se apartó definitivamente de la Declaración Conjunta de Cooperación de 1995 sobre actividades costa afuera en el Atlántico Sudoccidental, referido al tema de la exploración de hidrocarburos. La reciente decisión unilateral en materia petrolera por parte de Inglaterra profundizó estas diferencias.
En una reciente columna de opinión publicada en el Diario Clarín de Buenos Aires, el especialista en Relaciones Internacionales Juan Gabriel Tokatlián, aseguró que el desminado de las Islas podría ser un buen emprendimiento conjunto entre ambas naciones. Se trata de “de recuperar gradualmente el sendero de confianza bilateral y de mejorar efectivamente la situación de los isleños -sin alterar el reclamo de soberanía del país-”, expresó.
Asimismo, explicó que el país posee una bien capacitada Unidad de Desminado Humanitario en el marco de las Fuerzas Armadas, con un presupuesto propio de 250 millones de pesos para desminar. “En esencia, se trata de mostrar y comprobar que la Argentina es un país que quiere resolver pacíficamente la controversia con el Reino Unido sobre las islas, contribuir a la prosperidad de los isleños y asegurar, a través de una diplomacia seria, sus justos títulos sobre Malvinas”, aseguró.
Un reciente informe de BBC Mundo mostró el trabajo de la empresa británica Bactec, que está llevando adelante desde febrero tareas de desminado. Los equipos cuentan expertos de Zimbawe y Líbano. Su tarea es detectar las minas antipersonales con detectores de metales, excavar a mano con herramientas similares a las de la jardinería y hacerlas estallar a su paso.
Los profesionales fueron contratados por la cancillería inglesa y el gobierno de Malvinas. El director ejecutivo de la empresa es Guy Lucas, un militar británico especializado en desminado y que acompañó al gobernador Rex Hunt de regreso a las islas tras la guerra de 1982. De acuerdo al informe de televisión, los artefactos detectados se han mantenido en “perfectas condiciones”.
El listado de las bombas descubiertas hasta ahora incluye 454 SB81 antivehículos italianas, 414 SB33 antipersonales italianas, 190 P4B antipersonales españolas, dos bombas racimo BL 755 (británicas) y varias granadas M67 (estadounidenses), entre otros, según informó el periódico cordobés La Voz del Interior.
Este tipo de armamento se caracteriza por su capacidad de producir muertes mucho tiempo después del fin de los conflictos armados: su carga permanece “latente” hasta que un humano o un animal las pise. Aquellos que logran sobrevivir al estallido suelen requerir largas permanencias en hospitales, amputaciones y largos periodos de rehabilitación.
De acuerdo al portal de Organizaciones No Gubernamentales latinoamericanas Choike.org, las minas terrestres son una amenaza para docenas de países, entre ellos Afganistán, Angola, Bosnia, Camboya, Chechenia, Croacia, Irak, Mozambique, Nicaragua y Somalia. En América Latina, persisten en los territorios tradicionales de los Pueblos Indígenas, ya que fueron colocadas allí durante los conflictos armados entre Chile, Perú y Bolivia..
La actual legislación internacional en la materia fue un logro de la “Campaña Internacional por la Prohibición de Minas”, que comenzó cuando varias organizaciones norteamericanas con intereses similares como Human Rights Watch, Handicap International, Physicians for Human Rights, Vietnam Veterans of America Foundation y Mines Advisory Group acordaron una cooperación mutua.
La activista estadounidense Jody Williams se convirtió en su principal vocera, lo que le valió el Premio Nóbel de la Paz en 1997, año en el que se realizó la Convención de Ottawa. En la actualidad, la Coalición agrupa unas 1.400 organizaciones con presencia en 90 países, que trabajan junto a agrupaciones civiles, religiosas y de veteranos de guerra por la supresión de las minas antipersonales.
